El juez Castro investigará a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda, al solicitar a la Agencia Tributaria nuevos datos que permitan determinar si la hija del rey Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50% de Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos. Así lo ha decidido mediante un extenso auto que ha dictado este viernes, por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco.

Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50% de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

La Sala incide asimismo en que, si bien la duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

El auto por el que el juez del caso Nóos acaba de pedir a Hacienda que investigue si la infanta Cristina pudo cometer un delito de blanqueo en la compra y/o posterior reforma del palacete de Pedralbes y requiere todas las cuentas bancarias donde es titular o autorizada contiene una sorpresa que da otra vuelta de tuerca a la instrucción.

El magistrado José Castro ha solicitado que las Cortes Valencianas certifiquen la condición de diputados de Francisco Camps y Rita Barberá, lo que indica que el juez observa en la actuación de ambos indicios de delito y planea inhibirse a favor del Tribunal Superior de esa comunidad para que investigue a ambos dirigentes por la adjudicación de convenios que reportaron al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin 3,5 millones de euros. Al ser diputados autonómicos, Camps y Barberá solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV).

A lo largo del último año, diversos testigos e imputados han declarado que la iniciativa de firmar con Instituto Nóos un acuerdo para la celebración de la primera Valencia Summit en 2004 partió de Francisco Camps pese a que su firma no figura en el convenio. El entonces presidente de la Generalitat, para quien el paso dado por el juez Castro reabre la puerta de la imputación tras ser absuelto en la rama menor del caso Gürtel, la de los trajes, participó supuestamente en enero de 2004 en una reunión en La Zarzuela junto con Rita Barberá y donde sus interlocutores fueron precisamente Urdangarin y su socio de aquella época, Diego Torres. Fue en ese encuentro donde comenzó a fraguarse el plan para celebrar las cumbres turístico-deportivas de la Valencia Summit, donde Instituto Nóos constaba como organizador pero con todos los gastos pagados por la Generalitat y una fundación ligada al Ayuntamiento de Valencia, ya en ese momento presidido por Rita Barberá.

El hecho de que Camps y Barberá no hayan sido llamados a declarar hasta la fecha por el juez ni por el fiscal Pedro Horrach ha suscitado durante meses las quejas del abogado del expresident balear Jaume Matas, convencido de que su cliente estaba recibiendo un trato peor que el de otros mandatarios autonómicos que, según su versión, hicieron exactamente lo mismo: tomar la decisión política de favorecer a Urdangarin.