La Ley de Igualdad no se aplica en el Tribunal Constitucional

Cualquier visitante atento que entre por primera vez en la sede del Tribunal Constitucional (TC), en el barrio madrileño de Moncloa, se sorprenderá al ver la galería de retratos fotográficos de todos los magistrados que han formado parte de la institución. Apenas cinco mujeres, de un total de 54 miembros, se han sentado en el órgano que debe interpretar la Constitución española desde 1981. Así pues, en algo más de tres décadas de democracia la proporción entre los géneros sigue siendo aplastantemente favorable a los hombres.

De hecho, ninguna mujer figura entre los posibles candidatos a renovar las cuatro vacantes que se producirán el próximo 8 de junio, incluido el presidente, Pascual Sala. Un colectivo de mujeres juristas ha elaborado un demoledor informe, titulado Mujeres y Judicatura,Mujeres y Judicatura sobre la enorme desproporción entre hombres y mujeres en la carrera judicial, incluido el TC, que “ignora por completo no sólo los principios constitucionales, sino también la Ley de Igualdad de Género aprobada en marzo de 2007”.

Este colectivo de mujeres juristas, vinculadas a importantes órganos jurisdiccionales y que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, propone en el documento citado que una composición equilibrada del TC exigiría, al menos, que uno de los cuatro nuevos miembros fuera una mujer. Esta propuesta sería de mínimos porque lo deseable sería que “se propusiera al menos el nombramiento de tres mujeres lo que llevaría a una proporción de 7-5 en el TC teniendo en cuenta que en la actualidad solo hay dos mujeres (Encarna Roca y Adela Asua)” sobre un total de 12 magistrados. “De este modo”, añade el citado informe, “la elección seguiría el ejemplo del Consejo Constitucional francés en su última renovación y serviría para paliar el desequilibro histórico en esta institución”.

No parece que ni el Gobierno del PP ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estén muy interesados en seguir los pasos de nuestros vecinos franceses. Más bien se declaran seguidores del conde de Romanones, político liberal de la Restauración y primer ministro en 1916, cuando dijo aquello de “hagan ustedes la ley que yo haré el reglamento”. En esta línea, el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace caso omiso del artículo 54 de la Ley de Igualdad que afirma rotundamente que “la Administración General del Estado designará a sus representantes en órganos colegiados de acuerdo con el principio de representación equilibrada de hombres y mujeres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas”. Este precepto vincula claramente al Gobierno a la hora de hacer su propuesta para cubrir dos vacantes del TC. Da toda la impresión de que no va a ser el caso.

Más grave, si cabe, resulta la actitud del CGPJ que, el pasado mes de febrero, aprobaba un Plan de Igualdad de la Carrera Judicial que incluye como uno de sus principales objetivos “promover la remoción del déficit de presencia equilibrada de mujeres en los cargos de nombramiento discrecional realizados por el Consejo”. Está claro que una cosa es predicar y otra dar trigo porque los candidatos que baraja el Consejo para el TC tienen nombres masculinos como los conservadores José López García de la Serrana y Roberto Enríquez o los progresistas Juan Antonio Xiol o Cándido Conde-Pumpido. “Solo se barajan candidatos hombres”, señala una fuente del Consejo en vísperas de las reuniones destinadas a cubrir las vacantes del TC que se producirán el 8 de junio. Es más, la actual composición del Consejo está formada por 15 varones (incluidos el presidente y el vicepresidente) y tan solo seis mujeres.

Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que agrupa a unas 500 abogadas, juezas, fiscales y secretarias judiciales, califica de “patética” la escasa presencia femenina en los máximos órganos jurisdiccionales. “Me desalienta profundamente”, comenta, “que no haya mujeres, pero también la instrumentalización política por parte de los partidos. Salta a la vista que en el ámbito de la Justicia las mujeres hemos entrado en las capas bajas. Pero, según se estrecha la pirámide de poder, el predominio masculino es casi absoluto. En esta línea, resulta claro que la composición del Tribunal Constitucional ignora la Ley de Igualdad de Género. Es más, un enfoque de género está prácticamente ausente en las sentencias del TC e incluso algunas magistradas han avalado sentencias contrarias a los derechos de las mujeres”.

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La indignación de las mujeres juristas –tanto las de Themis como las del colectivo autor del informe– está más que justificada con los datos. Así pues, el porcentaje de mujeres se limita al 11% en el Tribunal Supremo, al 34% en la Audiencia Nacional o al 24% en la Junta de Fiscales de Sala. Son estadísticas más que reveladoras que llevan a las autoras del informe sobre Mujeres y Judicatura a subrayar que “el ámbito jurídico es el más machista de toda la Administración española”. “La perspectiva de género está ausente de las sentencias del TC”, afirman las autoras del informe, “de forma que la visión del mundo de la mitad de la población no aparece apenas en las sentencias. Por no hablar de los magistrados varones que califican el embarazo de razón de fuerza mayor, como si se tratara de un huracán o unas inundaciones. El TC es un órgano constitucional, un poder del Estado y sus decisiones tienen gran relevancia porque es el máximo intérprete de la Constitución. Por tanto, que haya paridad no sólo es una anomalía o una discriminación contra las mujeres, sino un ataque al sistema democrático”.

Soledad Cazorla, actual fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer y una pionera en ocupar puestos de poder en el ámbito de los fiscales, apunta varias razones para explicar la discriminación femenina en la Justicia. “En primer lugar”, señala, “los hombres suelen elegir a otros hombres. Se trata de una tendencia clara. Además se requieren 20 años de carrera para acceder a determinados puestos y la incorporación masiva de la mujer a la Administración de Justicia es un fenómeno relativamente reciente. Además, hemos de considerar que las mujeres valoramos mucho la conciliación familiar, algo que por lo general no preocupa a los hombres. Por último, conviene resaltar que desgraciadamente no existe una gran presión social e institucional para fomentar la presencia de mujeres en los altos organismos judiciales”.

Todas las juristas consultadas coinciden en que en cuestión de técnica jurídica, hombres y mujeres pueden alcanzar por supuesto el máximo nivel. Pero en general, ellas demuestran una mayor capacidad de pragmatismo y una visión más pegada a la realidad. ¿Alguna receta para mejorar esta discriminación? Las juristas responden que no hay fórmulas mágicas más allá de la constancia en las reivindicaciones y la demostración de la valía de la mujer. “Se trata de una lucha larga y difícil”, manifiesta Soledad Cazorla. “No hay más que recordar”, concluye, “que la primera mujer que intentó estudiar Derecho en España, Concepción Arenal, tuvo que disfrazarse de hombre para asistir a clase”.