La jueza ve indicios para imputar a Barcina por cohecho en el ‘caso de las dietas’

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, Mari Paz Benito, que investiga el 'caso Caja Navarra', ve indicios de que que la presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, participó en las "mismas reuniones" que los imputados en la causa y que dieron lugar al "abono de dietas cuya legitimidad se discute", por lo que cree que debe declarar como imputada.

La jueza ha manifestado en un auto, hecho público este martes, que en lo instruido hasta el momento "existen indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho". Y ha emplazado a las partes para que informen si debe elevar la causa referente al caso Caja Navarraal Tribunal Supremo. La magistrada explica en el auto, que puede ser recurrido, que dada la condición de aforada de la presidenta sería el Supremo el órgano al que corresponde, "si así lo estima conveniente", la investigación de los hechos a ella atribuidos y en su caso su enjuicimiento.

Para la jueza, "a la vista de la íntima relación que existe con los hechos atribuidos a las demás personas que ostentan la cualidad de imputadas en la causa" la investigación debería extenderse a "todos ellos" puesto que "en otro caso existe riesgo de que se rompa la continencia de causa". Como se sabe, se encuentran imputados en esta causa el expresidente del Gobierno foral Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero del Gobierno foral Álvaro Miranda, todos ellos integrantes de la Comisión Permanente de Caja Navarra. También está imputado el exdirector general de CAN Enrique Goñi.

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Expone la jueza en el auto que a partir del 31 de agosto de 2010 comenzaron a reunirse en las sesiones de reporte el expresidente Miguel Sanz, Yolanda Barcina como alcaldesa de Pamplona y Álvaro Miranda como consejero de Economía del Gobierno; y que a partir de la reunión del 30 de agosto de 2011 presidió las sesiones Yolanda Barcina al ser elegida presidenta del Ejecutivo y con Enrique Maya como alcalde y con Sanz a pesar de no ser ya el presidente navarro.

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Por dos reuniones que se celebraron siendo Barcina jefa del Ejecutivo se devengaron, recoge el auto, "2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros". "Estas cantidades no se identificaban como dietas por asistencia a las sesiones de reporte, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la Caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores", por lo que "quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización". En el auto, la jueza afirma que las sesiones de reporte (Permanente) se celebraron con "carencia absoluta" de soporte normativo que las justificara y que sus integrantes "fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra".

Continúa la jueza en su exposición que "no se dio ninguna publicidad ni se informó a nadie" de la existencia de dichas sesiones de reporte ni de sus integrantes. Según añade, "ni siquiera el hecho de que después se recogiera esta forma de trabajo en el Reglamento ha de suponer la legitimación del órgano" y expone que "ninguna previsión se hacía al respecto en los Estatutos". 

La jueza determina que la Permanente "no era sin más la Junta de Entidades Fundadoras" porque "su composición era más reducida, no aparece establecida en ninguna norma o acta, no es controlada ni conocida por nadie y no existe fundamento a su función puesto que todo su contenido se reproduce después en las sesiones de la Junta de Entidades Fundadoras". En concreto, sobre la Comisión Permanente dice que lo investigado hasta el momento "hace dudar seriamente de que esas sesiones tuvieran mayor contenido que la recepción de una información dándose por enterados" y que lo abordado en ellas se trataba "nuevamente" y de "forma íntegra" en la JEF.