Los abogados se movilizan para paralizar los desahucios “abusivos”

Los 83 colegios de abogados de toda España que conforman el Consejo General de la Abogacía han iniciado una campaña informativa para que las familias que están inmersas en estos momentos en procesos de desahucios tengan la oportunidad de paralizarlos alegando ante los jueces que sus hipotecas contienen cláusulas abusivas. "Miles de afectados por hipotecas pueden quedar indefensos", asegura la campaña del Consejo, difundida en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La interrupción de lo que la normativa denomina también "lanzamientos" es posible después de que el Gobierno aprobara la Ley 1/2013 que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil, en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, que consideraba injusta la legislación española.

Esta medida podría favorecer a miles de personas que en estos momentos están inmersas en desahucios. Según el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, la cifra de ejecuciones hipotecarias pendientes a finales del año pasado era de 198.076.198.076

Un plazo de un mes

La nueva norma aprobada por el gobierno aborda las "medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social", y da un exiguo plazo de un mes para que los afectados comuniquen la existencia de claúsulas abusivas a los jueces.

"Y esta modificación podría beneficiar a mucha gente teniendo en cuenta que se ha podido demostrar que una gran parte de las cláusulas de cualquier hipoteca son abusivas. Y pongo solo el ejemplo de los intereses de demora, que no pueden superar el 12%, pero que la mayoría de las hipotecas superan ampliamente ese porcentaje, llegando incluso al 32%", explica Miquel Sàmper, decano del Colegio de Abogados de Terrassa y presidente adjunto del Consejo General de la Abogacía a nivel estatal.

Pero la nueva ley también prevé la posibilidad de que el juez decida no paralizar el desahucio, aunque eliminando las cláusulas consideradas lesivas, por lo que los afectados perderían sus viviendas, pero sin sufrir deudas eternas.

"El 15 de junio se acaba el plazo"

Este es el motivo por el que el Consejo de la Abogacía ha lanzado la campaña informativa en la que indican a las personas que están inmersas en un lanzamiento que deberían consultar de forma "urgente" con su abogado, o con el colegio que le corresponda. "El 15 de junio se acabará el plazo de alegaciones, y mucha gente no se va a enterar, por lo que es una situación muy grave que va a provocar indefensión, pues muchas personas no leen el BOE o los periódicos", se lamenta Sàmper, que encabeza el colegio de abogados de Terrassa, que es pionero en la creación de la oficina de intermediación hipotecaria.

"Hemos desarrollado estas oficinas en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento de Terrassa, que son los que detectan el problema y nos informan. Y de forma gratuita para las personas sin medios, los abogados del colegio se encargan de realizar un análisis de solvencia de los desahuciados y después se ponen en contacto con la entidad financiera con la que tratan de encontrar una solución", reseña este abogado, que indica que en su municipio han logrado que más del 60% de los casos estudiados acaben de forma satisfactoria, con una dación en pago o alquiler social.

El éxito de la iniciativa del colegio de abogados de Terrassa, que el año pasado atendió a más de un millar de afectados, ha atraído a otros colegios de otras partes de España.

Y estas oficinas superan ya ampliamente la treintena, relata Sàmper, que sostiene que el presidente del Consejo, Carlos Carnicer, le ha encomendado que esta iniciativa se extienda todo lo posible, pese a la poca colaboración del Gobierno: "La administración estatal no nos escucha y los ayuntamientos sí, pero no tienen dinero para pagar a los abogados voluntarios. Los únicos que colaboran son los gobiernos autonómicos de Cataluña, País Vasco y Andalucía".

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"Veto" de El País y de La Razón

Por otra parte, el abogado Jesús María Ruiz Arriaga denunció en el programa El Intermedio (La Sexta) que dos diarios nacionales habían "vetado" publicidad sobre las preferentes porque se citaba a una entidad bancaria. En declaraciones a infoLibre, precisó que los diarios eran "El Pais y La Razón" y que en el publirreportaje se aseguraba que la vía judicial "es la mejor forma de recuperar el dinero de las preferentes". El letrado añade que las mencionadas publicidades incluían sentencias ganadas por afectados de las participaciones preferentes y que "se citaba a Bankia".

Fuentes de El País negaron que su rechazo a publicar la publicidad esté relacionada con cualquier tipo de censuraEl País y explicaron que se debía a la intención del abogado de incluir el anuncio con un formato informativo. Por su parte, un portavoz de La Razón alegó criterios "estrictamente comerciales" para retirar un anuncio que sí se publicó "varios domingos durante meses".