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'Caso Bankia'

El juez del ‘caso Bankia’ acepta investigar la querella de UPyD por las preferentes

  • Fernando Andreu asegura que la investigación es una vía más para satisfacer los derechos de los afectados
  • El magistrado trata de saber "si en el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en delito"

Publicada el 10/06/2013 a las 12:02 Actualizada el 10/06/2013 a las 12:19
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Afectados por las preferentes protestan ante la Audiencia Nacional.

Afectados por las preferentes protestan ante la Audiencia Nacional.

CHEMA MOYA
El magistrado que la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la primera de las cuatro querellas pendientes por las participaciones preferentes que fue presentada por UPyD por delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal, y maquinación para alterar el precio de las cosas. Delitos que, según Andreu son competencia de la Audiencia Nacional.

En un auto, el juez recuerda que la investigación se encuentra en la fase inicial y que de verificarse durante la instrucción indicios racionales de que se han cometido los delitos que constan en la denuncia, "no puede descartarse su relevancia penal". El magistrado recuerda que la tutela judicial ampara a quien acude a los tribunales a fin de que se investigue "si en el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en delito".

De esta forma, el juez admite la querella contra todos los que figuran en el escrito de UPyD, excepto contra los exmáximos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España, Julio Segura y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, respectivamente. Desde un punto de vista formal, la querella se incorpora a la pieza principal como una pieza separada al caso Bankia, por el que ya está imputado el expresidente de la entidad financiera Rodrigo Rato.

Pese a haber admitido a trámite la denuncia, el juez, al igual que el fiscal, entiende que debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal, cuando se puede obtener respuesta más rápida y eficaz ante la vía civil y contenciosa. Pero este criterio basado únicamente en la eficacia y rapidez en obtener una respuesta de la Justicia lo es tan solo en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria, "y no es ni puede servir de excusa para crear espacios de impunidad, si es que se ha cometido algún ilícito penal".

En el auto, el juez recuerda que los perjudicados no tienen obligación de acudir a la vía penal, pues les queda también la vía civil e incluso las vías arbitrales. En la voluntad de los perjudicados se encuentra elegir qué tipo de reparación pretenden ejercer. En ese sentido, Andreu explica que por el hecho de incoarse un proceso penal no se limitan los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados sino que se les abre una vía más para la satisfacción de sus derechos, "sin cegarse aquellas que ya están en su mano". El auto de Andreu marca el camino para ir formando todas las piezas separadas que resulten necesarias para una ordenada instrucción de la causa, explican fuentes de la Audiencia Nacional.
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