Oposición, sindicatos y padres llevan al Congreso su rechazo a la 'ley Wert'

La reforma educativa del Gobierno, que ya ha iniciado su trámite en Las Cortes, ha puesto de acuerdo en su contra a la oposición parlamentaria, sindicatos y padres. Y este jueves este rechazo ha vuelto a escenificarse de nuevo precisamente en la sede de la soberanía nacional. En el Congreso de los Diputados, representantes de PSOE, CIU, PNV, Izquierda Plural y Grupo Mixto, de los sindicatos CCOO, UGT y STES y de la  organización de madres y padres de alumnos CEAPA han exigido, a través de un texto y una presentación pública, la retirada del proyecto y la apertura de un proceso de negociación y "diálogo real" con el ministerio. 

Aseguran que la reforma carece de una memoría económica "creíble", socava la igualdad de oportunidades y lesiona la equidad. En el documento, titulado "10 razones para rechazar la 'ley Wert'" asegura que la legislación que quiere poner en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy "instrumentaliza las legítimas aspiraciones de mejora del sistema educativo para imponer una contrarreforma segregadora e intervencionista que resulta inútil para resolver los problemas reales de la educación". 

Asimismo, consideran que "devalúa" el sistema de Formación Profesional y organiza una clasificación de asignaturas "arbitraria" mientras deja fuera del currículo "importantes" áreas formativas como Educación para la Ciudadanía. El documento también critica las reválidas que contempla el proyecto al considerar que estas pruebas externas alientan la "desconfianza" hacia el profesorado y "limitan" la formación integral del alumnado. 

Por otro lado, oposición, sindicatos y padres también critican que la futura ley "niega la diversidad lingüística" de las autonomías con lengua propia y "atenta" contra el modelo de inmersión ligüística en Cataluña y que impone la "descentralización educativa" al otorgar al Gobierno central una mayor capacidad para determinar el currículo. 

Por último, censuran que la 'ley Wert' limita la participación de la comunidad educativa al "vaciar" de competencias los consejos escolares y al postular una autonomía de los centros "intervencionista".