El Congreso debate este martes si mantiene los privilegios judiciales de los políticos

El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes si el aforamiento –la práctica que permite a diputados, senadores y miembros del Gobierno ser juzgados en el Tribunal Supremo, fuera de los órganos judiciales que operan para el resto de los ciudadanos– es un privilegio y si ha de suprimirse, tal y como plantea el grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en una moción que someterá a votación, y en la que también aboga por revisar otras prerrogativas parlamentarias.

Esta moción, recogida por Europa Press, es consecuencia de la interpelación que la líder de UPyD, Rosa Díez, dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un debate en el que ambos discreparon incluso del número de personas sujetas a procedimientos judiciales especiales en razón de su cargo.

Según los cálculos de UPyD, en España hay 10.000 aforados, pero el ministro precisó que 7.000 son jueces y fiscales, y de los 3.000 restantes se necesitaría cambiar la Constitución para modificar su estatus (entre ellos los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno). Es decir, Justicia asegura que sólo tendría potestad para eliminar el aforamiento a 57 cargos (miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de estado y de la Oficina del Defensor del Pueblo).

De ahí que en el texto subsiguiente a ese duelo parlamentario, la formación magenta inste al Ejecutivo a que aproveche el próximo proceso de reforma de la Carta Magna para eliminar la supuestos de aforamientos previstos en la Constitución, sometiendo a examen en su conjunto todas las prerrogativas parlamentarias.

Además, el partido aboga por que, en el marco de ese proceso de revisión constitucional y en el plazo máximo de seis meses, se impulsen las reformas legales necesarias para eliminar, en el ámbito de sus competencias, todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que han proliferado en distinta leyes.

"No tienen cabida"

Aunque el ministro recalcó que el aforamiento supone una limitación de derechos y no es un privilegio, UPyD sostiene en la exposición de motivos de su moción que en un Estado de Derecho "no tienen cabida" esta figura jurídica, que insiste en considerar privilegiada.

A su juicio, el aforamiento incide "negativamente" en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, "obstaculiza" la lucha contra la corrupción política, "retrasa" el procedimiento, provoca "disfunciones" y una sensación entre la ciudadanía de que la Justicia "no es igual para todos".

La formación magenta no duda de que la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria, al igual que el aforamiento, pudieron tener sentido en el pasado, pero hoy en día suponen "un verdadero anacronismo" y, además, pueden ser visualizadas como "privilegios personal" de diputados y senadores, como ha venido insistiendo el Tribunal Constitucional.

Rosa Díez rechaza que se intente justificar esas prerrogativas para evitar "las venganzas políticas", sobre todo porque en los Estados actuales ha desaparecido el antiguo conflicto de legitimidades entre Corona y Parlamento o entre el Ejecutivo y el Parlamento, al tiempo que defiende que "la mejor garantía" para impedir la "instrumentación política" del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales.

Expansión "sin precedentes" 

En concreto, la líder de UPyD denuncia que, "lejos de restringirse, la institución del aforamiento haya sufrido una "extraordinaria" expansión "sin precedentes", "al calor del desarrollo del Estado de las Autonomía y de la colonización de los partidos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la Justicia".

Y es que en España, según enumera UPyD, no sólo están aforados los parlamentarios y senadores nacionales y los miembros del Gobierno, sino que también han hecho lo propio con los autonómicos y a los miembros del Gobierno regional, así como con otras instituciones del Estado, como el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los generales del Ejército, los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, entre muchos otros.

Una realidad que Rosa Díez ha comparado con la de los países que nuestro entorno, como Portugal o Italia, en los que no existe más aforado que el presidente de la República; Francia, en el cual existe en torno a 10 aforados (el presidente, el primer ministro y sus ministros), y Alemania o Reino Unido, en la que no hay ni un solo aforado.