Los cargos públicos conservarán sus privilegios judiciales

Los cargos públicos seguirán gozando de privilegios judiciales. La iniciativa presentada por UPyD, modificada parcialmente a través de una enmienda de Izquierda Plural, no consiguió el respaldo de los grupos mayoritarios y tampoco el de buena parte de las minorías. Sólo mereció el apoyo de Compromís, Geroa Bai, Coalición Canaria y ERC. El PP votó en contra, junto a CiU, PNV, Foro Asturias y UPN. El BNG se abstuvo, igual que el PSOE. El socialista vasco Donón Elorza fue la excepción: votó a favor de la iniciativa.

Durante el debate previo, PP y el PSOE junto a los grupos nacionalistas han rechazado que la condición de aforado de diputados, senadores y otros cargos públicos sea un "privilegio" y han acusado a la formación liderada por Rosa Díez de lanzar una propuesta "demagógica y populista" que aboga por eliminar esta circunstancia a la "casta política".

Así se han expresado los diferentes portavoces durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja después de que la representante de la formación magenta defendiera una moción que emplazaba al Gobierno a acometer las reformas legales que sean necesarias para eliminar una prerrogativa de la que disfrutan unas 10.000 personas, según sus cálculos.

UPyD y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pedían, en una enmienda transaccional a la iniciativa planteada por la formación magenta, que el Congreso de los Diputados instase al Ejecutivo a abordar, "en el proceso de reforma constitucional y de la normativa vigente", la revisión de todos y cada uno de los supuestos de aforamiento que se han reconocido a través de distintas leyes.

En el caso de pervivir algún supuesto de aforamiento, pedían que se limitase a aquellos hechos relacionados con el ejercicio de las funciones propias del cargo.

En su intervención, el diputado del PP Agustín Conde ha conminado a Díez a "no confundir la diferencia con el privilegio" porque da muestra del "discurso demagógico que tiene por costumbre" utilizar habida cuenta de que "lleva 30 años disfrutando de la política sin renunciar a esos privilegios".

Sobre esta cuestión ha tomado la palabra la aludida para trasladarle que, "como docto jurista", debe saber que "nadie puede renunciar personalmente" a la condición de aforado y que sería imprescindible cambiar la ley para poder hacerlo.

Para el parlamentario conservador, el partido proponente ha llevado a la Cámara un "conjunto de inexactitudes, cuando no de puras y simples falsedades demagógicas y populistas" ya que el Tribunal Constitucional ha dictaminado en múltiples ocasiones que no se trata de un privilegio del parlamentario, sino de una garantía en beneficio de la institución que representa y de una democracia "más pura y más limpia".

El PSOE propuso de abrir una reflexión

El PSOE se abstuvo en la votación aunque mostró su disposición a "examinar y reflexionar" sobre el asunto. Eso sí, ha rechazado hacerlo sobre la base de un "discurso de supuestos privilegios de la casta política" y "dejarse llevar por la última moda intelectual". El grupo retiró una enmienda en la que abogaba por "abordar, revisar y, en su caso, actualizar y modificar" el régimen de garantías de los cargos públicos y sus límites".

Desde el PSOE, el diputado Nacho Sánchez Amor ha visto en la enmienda transaccional una mejora con respecto a la moción original y ha advertido de que el "problema" está en que el planteamiento parte de un "impulso agresivo" que "alimenta un estado de opinión crítico con los supuestos privilegios de la casta política".

"Las soluciones más populares, las más facilonas no son siempre las más adecuadas", ha aseverado el socialista, para añadir que la reflexión debería abrirse sobre un marco coordinado y coherente de reformas y no sobre un "parche coyuntural y arbitrista". "En la introducción —de la moción— aparece seis veces la palabra privilegio, es un desenfoque absoluto porque es una garantía de eficacia de la Justicia que trata de eliminar un uso espurio de los tribunales", ha explicado.

Propuesta desmesurada y facilona

El diputado del PNV Emilio Olabarria ha justificado la oposición de su grupo en que la propuesta "raya en el arbitrismo" y pide "algo desmesurado" que obliga a reformar una multitud de leyes del ordenamiento jurídico como la Constitución, los Estatutos autonómicos, la reguladora de las Fuerzas de Seguridad, del Poder Judicial o la Ley de Bases del Régimen Local, entre otras.

Desde CiU, el parlamentario Jordi Xuclà ha visto "muy discutible" que con la condición de aforado "se ganen derechos" ya que, por ejemplo, se pierde el derecho a contar con una doble instancia o a interponer un recurso. "No podemos dar soluciones facilonas a situaciones extraordinariamente complejas. Vuelven a la antipolítica", ha remachado.

El diputado de los grupos de la Izquierda Plural Ricardo Sixto ha expresado que su grupo no compartía el tono de la "exposición de motivos" ya que cuestiona "hasta qué punto son o no privilegios". "El gran privilegiado es el jefe del Estado que es irresponsable legalmente hablando porque así lo consagra la Constitución", ha apostillado, para apoyar una progresiva desaparición del aforamiento.

Pese al resultado de la votación, la portavoz de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha augurado que ganará "el debate en la calle". "Es un anacronismo impropio del siglo XXI, de un país de la Unión Europea y de una democracia avanzada", ha remachado.

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Esta moción era consecuencia de la interpelación que la líder de UPyD, Rosa Díez, dirigió el pasado miércoles al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un debate en el que ambos discreparon incluso del número de personas sujetas a procedimientos judiciales especiales en razón de su cargo, lo que se conoce como aforamiento.

Según los cálculos de UPyD, en España hay 10.000 aforados, pero el ministro precisó que 7.000 son jueces y fiscales, y de los 3.000 restantes se necesitaría cambiar la Constitución para modificar su estatus (entre ellos los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno). Es decir, Justicia asegura que sólo tendría potestad para eliminar el aforamiento a 57 cargos (miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Consejo de estado y de la Oficina del Defensor del Pueblo).

----------------------Esta noticia ha sido actualizada con el resultado de la votación.