El Gobierno propone la supresión de los defensores del pueblo autonómicos

Los plazos y la memoria económica se conocerán este viernes tras el Consejo de Ministros. Hasta entonces, el Gobierno está desgranando poco a poco los detalles sobre el informe de la reforma de las Administraciones Públicas.

Fuentes del Gobierno han avanzado en la tarde de este jueves que, entre las sugerencias a las comunidades autónomas, figura la de la supresión de los defensores del pueblo. Una función que asumiría el Defensor del Pueblo estatal, en manos de Soledad Becerril.

El Ejecutivo ha sido muy claro a la hora de sostener que no puede obligar a las comunidades a sumarse. Pero que la observancia de este documento de más de 200 puntos será tenido en cuenta a la hora de calcular los objetivos de déficit. Todo un órdago en un momento en el que se negocian la forma en la que a partir de ahora van a calcularse estos objetivos. El informe, que pasará este viernes por el Consejo de Ministros, será, de hecho, analizado también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio.

Junto a los defensores del pueblo, el informe, que se elabora desde el pasado octubre, sugiere, además, que las comunidades eliminen los tribunales de cuentas, las agencias de protección de datos, las juntas consultivas de contratación administrativa, los tribunales administrativos de recursos contractuales, las agencias de evaluación del ámbito universitario, las agencias autonómicas de la energía, las agencias de meteorología, los órganos de inspección de aeropuertos y los órganos de defensa de la competencia.

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Según el Gobierno, de las 218 medidas de este informe, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública, 118 tienden a eliminar duplicidades con las comunidades, 43 eliminan trabas, 38 mejoran la gestión de los servicios y 8 racionalizan la administración institucional tanto en el plano normativo como a través de la supresión e integración de 57 entidades públicas estatales.

Reducción del tamaño de las cámaras autonómicas

Junto a estos entes, el estudio entregado el jueves a la prensa se suma a aquellas comunidades "que han planteado la supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las Asambleas legislativas".