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El poder autonómico y local pone a prueba al Gobierno

  • Los consejeros de Presidencia de las Comunidades Autónomas viajaron este miércoles a Madrid para asistir a la presentación del informe de la reforma de las Administraciones Públicas por parte de Rajoy. Abandonaron la reunión sin apenas pistas sobre la reforma
  • La reforma local, ya en manos del Consejo de Estado, tampoco convence a los regidores del PP

Publicada el 20/06/2013 a las 06:00 Actualizada el 19/06/2013 a las 23:43
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El presidente del Gobierno a su llegada al Congreso.

El presidente del Gobierno a su llegada al Congreso.

MONCLOA
En más de un ocasión, el presidente del Gobierno ha mantenido que su disposición al diálogo es máxima. Con la oposición, con los sindicatos, con la patronal, con los presidentes autonómicos. Y con los alcaldes. Pero también ha dejado claro que, como Ejecutivo, tiene la obligación de tomar decisiones y, llegado su momento, puede tomarlas sin contar con nadie.

La última de estas advertencias llegó hace poco más de un mes cuando, en pleno debate sobre los nuevos criterios para el cumplimiento de los objetivos de déficit, advirtió a sus barones de que es el Gobierno el que tiene la última palabra.

Pese a que sea el Gobierno el que tiene la última palabra, no pasa por alto que a Rajoy le preocupa que sus iniciativas se topen con el rechazo del poder local y autonómico, máxime si se trata de cuestiones que él ha concebido como clave para esta legislatura o promesas electorales. Es el caso de la reforma de las Administraciones Públicas –que este miércoles ha sido expuesta de forma telegráfica a los consejeros de las comunidades– o de la reforma local, ya en manos del Consejo de Estado.

En el primero de los casos, el Ejecutivo es muy consciente de que esta medida estrella no tendrá el impacto, los efectos y la repercusión que se pretende en Bruselas si las comunidades autónomas no van de la mano del Gobierno. Y es que, gran parte de las 217 recomendaciones incluidas en el informe de la Comisión para la Refoma de las Administraciones Públicas (CORA) no serán una realidad si las comunidades no deciden aplicarlas. En gran parte de los casos, el Ejecutivo tiene escaso margen para obligar a su cumplimiento. Son las regiones las que tienen que comprometerse a ello. A la espera de cómo puedan ir reaccionando estos territorios, Rajoy ya ha anunciado que en lo que a Moncloa respecta, las observaciones de los expertos empezarán a aplicarse desde este mismo viernes.

Los inicios para la puesta en marcha de esta reforma, demadanda por el ala dura del PP, no han estado exentos de polémica. El Gobierno ha querido darle solemnidad a la presentación del informe y ha optado por una puesta en escena que ha molestado a los barones autonómicos: a los conservadores y a los del resto de partidos. Este miércoles, Rajoy reunió en Moncloa a consejeros de gran parte de las comunidades autónomas. El jueves, lo presentarán la vicepresidenta y los titulares de Industria y Hacienda. Y, el viernes, Soraya Sáenz de Santamaría dará el calendario de aplicación y la cifra de impacto de la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El enfado de las comunidades estriba en que, según cuentan, no se les ha consultado previamente y tampoco se les facilitó información al respecto. Lo resumió la socialista Susana Díaz, que puso voz a este malestar. 

Sin respuesta

La consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía criticó que el Gobierno no haya permitido a las comunidades autónomas participar en la elaboración del documento. Díaz teme que Rajoy siga la misma "estrategia" que la reforma local y ahora se "pretenda limitar la autonomía" de las comunidades, "como se hizo con los ayuntamientos", informa Europa Press.

En declaraciones a los periodistas en el Palacio de La Moncloa, donde asistió a la presentación del documento, subrayó que una reforma "de este calado" debe nacer "fruto del consenso y del acuerdo" y, pese a que el Gobierno andaluz lleva ofreciéndose para ello desde el pasado mes de octubre, cuando se anunció la elaboración de este informe, no ha obtenido respuesta.

Ya preocupadas y enfrentandas por el déficit a la carta, las comunidades no quieren oír ni hablar de más recortes. Máxime si estos implican la reducción de empleo público. El PP ostenta la mayor parte del poder territorial y sus barones llevan meses preocupados por la posibilidad de que sean ellos los primeros en pagar en las urnas –las autonómicas son previas a las generales– el castigo por las políticas del Gobierno central.

Para intentar calmar estos temores y responder a voces como Aznar y Aguirre, que han reclamado una reforma radical de la administración, Rajoy pronunció una frase impensable cuando era líder de la oposición y criticaba con insistencia el sobredimensionamiento de la Administración Pública. "Antes de nada quisiera acabar hoy con un mito muy extendido a propósito del verdadero tamaño de la Administración Pública en España. Contra lo que muchos afirman, y con los datos de 2012 en la mano, podemos decir que España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del Producto Interior Bruto: 43 por 100, un 43,3 por 100 para ser exactos, frente al 49,7 por 100 de la media de la zona euro".

Reforma Local

Igual de complicado está el tema de la reforma local, que ya está en fase de consulta en el Consejo de Estado y que llegará al Consejo de Ministros, salvo cambios de última hora, las primeras semanas de julio. Los representantes de PSOE e IU en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se levantaron hace un mes de la última Asamblea tras la negativa del PP a convocar una Junta Extraordinaria a fin de debatir en ella el texto de la reforma local. Y en el PP, las cosas no están mucho mejor. La reforma no convence del todo a los alcaldes conservadores, que llegaron a amenazar a Hacienda con un plante si el texto no incluía lo que ellos consideraban las "luces rojas", entre las que figuraba la solución del tema de las competencias impropias.

A fin de evitar este malestar, los alcaldes del PP cuentan con el compromiso por parte del Gobierno de "enriquecer" la base de la ley en el trámite parlamentario.
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