Reformas

Las siete trampas de la ‘ley estrella’ de Rajoy sobre la Administración Pública

Las siete trampas de la 'ley estrella' de Rajoy sobre la administración pública

"Gigantesco", "titánico", "inédito". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no ahorró este viernes en adjetivos a la hora de alabar el informe de la Comisión sobre la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros. Un trabajo de siete meses al que le queda mucho camino por recorrer. ¿El principal? Que se sumen las comunidades autónomas. Un detalle clave si Mariano Rajoy quiere que le cuadren las cifras y que uno de sus 'proyectos estrella' no se quede a medio camino.

A última hora de la tarde del viernes, el Ejecutivo puso a disposición de los ciudadanos las 253 páginas que detallan este trabajo. Pero quedan aún documentos por conocerse que se irán desvelando en los próximos días. A tenor de lo que ya es público surgen dudas y quedan lagunas por aclarar. A continuación destacamos algunos de estos puntos.

1. Las cifras

El Gobierno quiere vender un ahorro de 37.700 millones de euros entre los años 2012 y 2015. Pero esta cifra no atañe sólo a la que puede resultar de la observancia de la recomendaciones de la CORA. Estos 37.700 millones resultan de sumar los efectos que tendría la reforma de las administraciones públicas, la reforma local –que no ha llegado todavía al Consejo de Ministros– y las medidas tomadas por el Gobierno de Mariano Rajoy relativas a la reducción del sector público desde que llegó a la Moncloa en noviembre de 2011.

Además estos números sólo serán posibles si las comunidades autónomas se suman y ejecutan las recomendaciones de la CORA, entre las que figuran la supresión de entes como los tribunales de cuentas, las agencias meteorológicas, los defensores del pueblo o la reducción de los escaños de los parlamentos regionales.

La reforma de las administraciones públicas, que es la que lleva vendiendo el Gobierno en los últimos tres días supondrá un ahorro de 6.500 millones en tres años, es decir, algo más de 2.100 euros por año.

2. ¿OBLIGA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS?

"Las CCAA (comunidades autónomas) pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de autoorganización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos. Así lo hemos visto en los últimos tiempos, en los que algunas CCAA (y así se recomienda en el informe) han planteado la supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las Asambleas Legislativas o los Defensores del Pueblo". Este es uno de los párrafos de este informe plagado de recomendaciones para las comunidades.

Se trata de recetas a aplicar, sí. Pero el Gobierno se reserva la posibilidad de emplear el cumplimiento de estos "consejos" como herramienta para negociar, entre otros asuntos, el cumplimiento de los objetivos de déficit. El Ejecutivo, además, está facultado para publicitar qué comunidades se niegan a cumplir estos estándares de austeridad y reducción de gasto público. "Serán después los ciudadanos los que decidirán premiar o no a sus gobernantes en los procesos electorales", avisan desde Moncloa.

3. ¿Qué pasa si una comunidad no cumple?

Hasta la fecha, Montoro ha asegurado que la eliminación de duplicidades por parte de las Comunidades Autónomas será tenida en cuenta a la hora de negociar los objetivos de déficit.

Las comunidades autónomas han reaccionado con preocupación a este documento de la CORA, hasta el punto de que Hacienda se ha visto obligada a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la semana que viene. En esta cita se dará más datos a los diferentes territorios.

Lo que sí recoge el texto son algunas pinceladas sobre el futuro anteproyecto de ley orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público. Éste establecerá un mecanismo mediante el que Hacienda retendrá a las comunidades de sus sistemas de financiación la cantidad correspondiente a la deuda que acumulen con sus proveedores, cuando éstas hayan incumplido durante más de cuatro meses consecutivos en más de 30 días el plazo máximo fijado para abonar sus facturas. Este plazo es de un mes.

4. ¿Y con los funcionarios?

El texto hecho público en la tarde del viernes refleja que es a las comunidades autónomas a quienes se responsabiliza del mayor ahorro en gastos de personal del total previsto por el Gobierno hasta el año 2014. El ahorro total desde 2012 hasta 2014 asciende a 12.966 millones de euros. Pues bien, 8.542 millones afectan a las autonomías.

La cantidad, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014, es fruto de los recortes de empleo público de 2012, entre otros, el de la tasa de reposición cero; la reducción de los días por asuntos propios o el incremento de la jornada laboral a 37 horas y media.

5. ¿Garantiza el Gobierno que no habrá más despidos de funcionarios?

A la vicepresidenta y al ministro de Hacienda les costó aclarar si la aplicación de este informe va a suponer el despido de funcionarios. Tras varias preguntas en la rueda posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría admitió que sí supondrá el despido de personal eventual.

Gran parte de este peso ha sido trasladado a las comunidades autónomas, que tienen que ser ellas las que decidan si aplican lo que el Gobierno ha denominado "sugerencias". En lugar de despidos, el Gobierno prefirió hablar de movilidad de los funcionarios, de ascensos y de programas de formación para ocupar otros destinos. Datos concretos sobre este tema, pocos.

6. ¿Y el mantenimiento de los servicios públicos básicos?

La liquidación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas

Tanto la vicepresidenta del Gobierno como el presidente han insistido en los dos últimos días que el objetivo de este informe no es el de tocar los servicios básicos, sino todo lo contrario. Una vez que transcurran las conversaciones con las comunidades autónomas, estas deberán valorar si el hecho de ceder a órganos estatales la prestación de determinados servicios a los ciudadanos se realiza de la misma forma y manteniendo los mismos estándares. Es decir, si la centralización no supone una merma en la prestación de la calidad del servicio.

7. ¿Contiene este plan un calendario de ejecución?

El Gobierno mantiene que desde este viernes el Gobierno ya aplicará todas las medidas que puede en cuanto Administración General del Estado. El resto, quedan a merced de las comunidades autónomas. Cada tres meses un órgano evaluador analizará el grado de cumplimiento de las recomendaciones.

Más sobre este tema
stats