Reducción de diputados autonómicos: ¿ahorro o recorte de la democracia?

El Gobierno de Mariano Rajoy recomienda la receta Cospedal para toda Españareceta Cospedal. O la receta Feijóo o la receta González. Es decir, aconseja a todas las comunidades que reduzcan el tamaño de sus parlamentos autonómicos, como ya han propuesto los presidentes de Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Una medida que el PP identifica con el "ahorro" y la "austeridad" y la oposición, directamente, con el "recorte de democracia", con un ardid de los conservadores para mantenerse en el poder. 

La mención es sucinta en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), aprobado ayer viernes, 21 de junio, por el Consejo de Ministros. Apenas cinco líneas emboscadas en un texto de 252 páginas: "Las comunidades autónomas pueden ganar en eficiencia ejerciendo sus facultades de auto organización, que les permiten tomar decisiones de reducción o eliminación de dependencias y órganos administrativos. Así lo hemos visto en los últimos tiempos, en los que algunas CCAA [...] han planteado la supresión de entidades o la reducción del tamaño de algunas, incluso de especial relevancia institucional, como las asambleas legislativas o los defensores del pueblo". Sin embargo, ningún representante del Gobierno ha citado siquiera esta medida en los tres días consecutivos de esta semana en los que ha vendido a bombo y platillo su remodelación de la Administración. 

El Ejecutivo presta así cobertura –aunque discreta– a un polémico recorte en las tres autonomías en las que el PP más ha avanzado en sus planes de encoger sus Cámaras regionales, todos ellos contestados de forma frontal por la oposición. En dos de ellas, Galicia y Castilla-La Mancha, los conservadores pueden sacar adelante la rebaja de diputados sólo con sus votos. En Madrid, la abrumadora mayoría absoluta no sirve a Ignacio González, ya que para poder reducir el número de parlamentarios a la mitad necesitaría cambiar el Estatuto de Autonomía de Madrid, y para ello necesita dos tercios de la Cámara. Y el PP, aun sumando a UPyD, no los tiene. Cantabria, también gobernada por el PP, ya contrajo el volumen de su Parlamento en 2012: de 39 a 35 escaños para los siguientes comicios, en 2015. En Extremadura, el presidente, José Antonio Monago, planteó bajar de 65 a 45 el número de actas, pero se encontró con el rechazo tajante de PSOE e IU. Y allí el jefe del Gobierno sí que no disfruta de mayoría absoluta. En Baleares, su presidente, José Ramón Bauzá (PP), también amagó en 2012 con disminuir el tamaño del Parlament. 

¿Y si se suprimen las diputaciones

Alberto Núñez Feijóo y María Dolores de Cospedal, por tanto, tienen el camino más llano. Pero no desprovisto de obstáculos. Sobre todo la presidenta manchega, que para poder sacar su propuesta de que las Cortes regionales pasen de 49 a un máximo de 35 diputados debe cambiar no sólo la Ley Electoral, sino incluso el Estatuto de Autonomía y que este a su vez pase por el filtro del Congreso y del Senado. En todos los pasos el PP dispone de una cómoda mayoría absoluta, pero el coste de sacar su medida sin consenso en Toledo y en Madrid será mucho mayor. 

El "pucherazo" en Castilla-La Mancha –tal y como lo definió el líder regional del PSOE, Emiliano García-Page– es para los socialistas de tal calibre que lo ponen como ejemplo en la dirección federal del Rubicón que no están dispuestos a pasar. "Estamos dispuestos a estudiar el planteamiento que hace el Gobierno, pero de ningún modo vamos a aceptar que se extrapole el modelo que quiere Cospedal para Castilla-La Mancha, que causa un grave perjuicio a la democracia. Por tanto, cautela, sí, pero de ningún modo transigiremos con fórmulas que mermen la representación de los ciudadanos", aseguraban ayer fuentes oficiales de Ferraz. 

La cúpula federal de IU puso menos prevenciones. "Dentro de la multitud de medidas puestas encima de la mesa por el Ejecutivo, entre las cuales ha seleccionado las más positivas, se esconden otras que aparecen entre la letra pequeña, como apoyar la vieja aspiración del PP de reducir la representatividad de los parlamentos autonómicos con la falsa coartada del ahorro", advirtió José Luis Centella, primer portavoz adjunto del grupo Izquierda Plural. El lugarteniente de Cayo Lara señaló a este diario que, si el Ejecutivo estuviera "preocupado" por el gasto, directamente "suprimiría las diputaciones", que encima no son instituciones democráticas, elegidas por los ciudadanos. Además, para IU las cifras son "más que optimistas". 

Rajoy, siguió, ha tomado "buena nota del batacazo que le augutan las encuestas en todos los ámbitos, desde el europeo al autonómico o municipal" y quiere aprovechar la reestructuración de la Administración para "colar una batería de reformas electorales encubiertas con la que mitigar su previsible hundimiento".

Segundo cambio unilateral en Galicia en 20 años

El recorrido detallado por comunidades pinta escenas semejantes. En Galicia, Feijóo ya intentó en las postrimerías de la pasada legislatura (2009-2012) cambiar la Ley Electoral reducir de 75 a 61 diputados la Cámara autonómica. No pudo hacerlo. Convocó elecciones anticipadas pero, a cambio, incluyó la propuesta en su programa. Argumento que el presidente de la Xunta ha vuelto a esgrimir para resucitar su medida. Antes y ahora, con idéntica oposición del PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) –suma de IU, Anova, Equo y Espazo Ecosocialista– y BNG. El PP dice que su idea de reducir parlamentarios es "irrenunciable", aunque se abre a "modularla" para evitar la sobrerrepresentación de las provincias menos pobladas, Lugo y Ourense.

Los tres grupos de izquierda creen que la reforma es una "cortina de humo" para tapar los problemas de los conservadores en el Ejecutivo y no ahorran calificativos gruesos. Estrategia de "doma y castración", ha dicho Abel Losada, portavoz parlamentario de los socialistas. "Inaceptable" que el PP quiera aprobar un cambio de tanto calado sólo con sus votos, ha defendido Xosé Manuel Beiras, coportavoz de AGE. Un "recorte en la democracia" y una "involución" en el vigente sistema proporcional, ha secundado Ana Pontón, viceportavoz del BNG. 

Si Feijóo se sale con la suya, no será la primera vez que el PP modifica las reglas del juego sólo con sus votos. Ya en 1992, en la primera legislatura de Manuel Fraga como jefe de la Xunta, procedió a subir la barrera electoral del 3% (fijada en 1985) al 5%, para poner más caro el escaño a las pequeñas formaciones. No le hace falta tocar el Estatuto de Autonomía, ya que este fija en su artículo 11. 5 que el Parlamento tendrá "entre 60 y 80" diputados. Feijóo apura el límite inferior. 

Castilla-La Mancha: cambio de opinión en 12 meses

En Castilla-La Mancha, Cospedal ha pasado de defender (y aprobar en solitario) una subida del número de parlamentarios a reivindicar, tan sólo un año después, el tajo de la Cámara. 

La secuencia es como sigue: el 17 de mayo de 2012, las Cortes manchegas sancionaron, sólo con el sí del PP, el aumento de 49 a 53 diputados. La presidenta y secretaria general del PP devolvía el golpe a los socialistas, que en la legislatura anterior cambiaron la Ley Electoral para agrandar la Cámara de 47 a 49 actas sin contar con los conservadores. Estos recurrieron ante el Tribunal Constitucional y perdieron el envite. 

Cospedal enmendó con celeridad su propio discurso. En septiembre, en el debate del estado de la región, anunció la supresión de sueldos de los diputados... y las Cortes lo aprobaron el pasado diciembre. Medida drástica que el PSOE recurrió en el Tribunal Constitucional. En ese mismo debate avisó de que quería reducir a la mitad el número de parlamentarios. Promesa que se materializó el pasado 23 de mayo, cuando el Grupo Popular presentó la proposición de ley de rebaja del volumen de actas a un mínimo de 25 y un máximo de 35. Con ello, arguyó, se podían ahorrar unos 15 millones por legislatura. Pero para poder operar ese cambio, la presidenta necesita modificar antes el Estatuto de Autonomía, que dice que la Cámara tendrá entre 47 y 59 diputados. Lo puede hacer sin contar con el PSOE, porque para reformar el texto se requiere mayoría absoluta (no una reforzada) y Cospedal la tiene, aunque justa. Una vez modificado el Estatuto en Toledo y en Madrid, en el Congreso y en el Senado, el PP deberá corregir la Ley Electoral. La Junta cuenta con tener el proceso listo en el plazo de un año, justo antes de las autonómicas de 2015. 

Los socialistas se han referido a la reforma como "el caso más bochornoso de pucherazo democrático en Europa", han hablado de comportamiento "bananero". Y han buscado una explicación: el interés de Cospedal de hacerse "una ley a la medida cuando las cosas le vienen mal" y las encuestas sitúan al PSOE hasta "nueve o diez puntos por delante del PP". Pero sin duda los más perjudicados son IU y UPyD. A los primeros sondeos del PSOE incluso aventuraban la vuelta a las Cortes. El coordinador regional de IU ha definido el hachazo de la número dos de Rajoy de "golpe bajo a la democracia", perpetrado para que el PP pueda "seguir en el poder". 

Madrid: las intentonas del PP no decaen

En Madrid, la idea de cambiar la Ley Electoral es vieja. Esperanza Aguirre ya lo planteó en su primera legislatura (2003-2007), y fracasó por la oposición de PSM e IU. Y todas las siguientes que han venido después (incluida la propuesta actual) van por el mismo camino. El PP, a diferencia de lo que ocurre en Castilla-La Mancha, necesita el apoyo de dos tercios de la Asamblea para modificar el Estatuto de Autonomía.

Los conservadores perdieron la votación del pasado 6 de junio. Su intención era reducir a la mitad el número de diputados. De 129 a 65 escaños. Aunque le respaldó UPyD, no fue suficiente. PSM e IU tumbaron la iniciativa. Pero ahora ya está en marcha otro intento: ayer viernes, se constituyó en la Asamblea la comisión de estudio de reforma de la Ley Electoral. Con ella el PP quiere defender una propuesta heredada de Aguirre: acercar el sistema al modelo alemán, de forma que los ciudadanos puedan elegir directamente, en distritos uninominales, a un tercio de los diputados autonómicos. La pretensión, según reiteró el portavoz del PP en la Cámara, Íñigo Henríquez de Luna es que los parlamentarios “estén más cerca” de los madrileños.

Feijóo impulsa una reforma electoral para blindar su mayoría absoluta

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Maru Menéndez, secretaria de Organización del PSM y portavoz en la comisión, subrayó que su partido acude a los trabajos con “ánimo de aprender y escuchar a los expertos”, pero recelaba de los propósitos del PP. “La mayor proporcionalidad la dan los distritos grandes. Al PP no le salen las cuentas, así que lo que quieren es forzar las reglas. Nosotros lo que queremos es profundizar en democracia, cambiar el Reglamento de la Cámara para que se facilite la labor de la oposición, que haya primarias a la hora de elegir candidatos, que los partidos cumplan sus programas, que haya una democracia más deliberativa…”.

Eddy Sánchez, coordinador regional de IU, también percibe intenciones aviesas por parte del PP: “Su obsesión es la Ley Electoral, no luchar contra el paro o dinamizar la economía. Entienden que es su única oportunidad para no perder la mayoría absoluta. Quieren perpetuarse en el poder. Es una opción a la desesperada de un Gobierno en declive”. IU siente que el PSM está de su lado, aunque también teme que caiga en la “tentación bipartidista” y mantenga una posición “ambigua”. La federación cree que la reforma del PP reduce la proporcionalidad y beneficia a los dos grandes. Sí aplaudiría la rebaja de la barrera electoral del 5% al 3%, demandada por UPyD.

Precisamente la formación magenta coincide parcialmente con el PP. Fue la primera fuerza en reclamar la reducción de diputados, de los 129 actuales a “unos 70”. “No afectaría a la proporcionalidad para nada, porque seguiría siendo una circunscripción grande. No hace falta un Parlamento tan grande. PP y PSOE tienen diputados ahora mismo que no hacen nada, o que son a la vez alcaldes, concejales, viceconsejeros, consejeros… Un ejemplo, California, el estado más poblado de EEUU [tiene 38 millones de habitantes] cuenta con una Cámara de 80 miembros”, explicaba ayer el portavoz adjunto de UPyD en la Cámara, Ramón Marcos. La formación apuesta por rebaja de escaños, rebaja de la barrera electoral, listas desbloqueadas y abiertas y nada de distritos uninominales, porque favorece el “clientelismo y el localismo”. Para Marcos, con todo, la bestia negra es la receta Cospedal. "No hay voluntad de ahorro –concluyó–. Lo que quiere la presidenta es un régimen de partido único".