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Medio ambiente

Asturias, Canarias, Euskadi, Andalucía y Cataluña recurrirán la Ley de Costas ante el Constitucional

Domingo Berriel

INFOLIBRE

Las comunidades autónomas de Canarias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Asturias presentarán antes del 30 de agosto un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Modificación de la Ley de Costas de 1988 en el Tribunal Constitucional, al entender que vulnera varios principios constitucionales.

Domingo Berriel, consejero de obras públicas, transporte y política territorial de Canarias, ha explicado que la norma recientemente aprobada por el Parlamento viola el principio de igualdad ante la ley ya que excluye a 12 núcleos poblacionales en la Península, que dejan de ser dominio público, y no se tiene en cuenta otros enclaves. "No se sabe por qué estos y no otros", ha lamentado, al tiempo que ha reclamado que la ley no amnistíe municipios concretos sino un régimen jurídico que se aplique por igual al conjunto del territorio.

En cuanto a Canarias, considera que hay entre 60 y 80 municipios que necesitan un nuevo estudio. Además, ha subrayado que la Ley actual no tiene ningún precepto que mejore, facilite o ponga en valor aspectos históricos del litoral o la economía local.

Las autonomías presentarán el recurso por separado pero este lunes han mantenido una reunión en la que han concretado los aspectos comunes. Además, ha destacado que reunidas representan más de la mitad del litoral español y que están prácticamente de acuerdo en un 80 por ciento de sus argumentos. Berriel ha augurado que la Ley de Uso Sostenible y Protección del Litoral, en definitiva, no tendrá más futuro que su derogación.

Conflicto de competencias

Sobran razones para recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional

Berriel ha afirmado que la ley invade competencias autonómicas y municipales al reservarse la potestad de suspender una orden o permiso municipal cuando así lo considere. Se refiere a la conocida como cláusula anti-Algarrobico, cuyo objetivo inicial es evitar que construcciones en el dominio público marítimo terrestre, como el caso del hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería), declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

En opinión del consejero esta cláusula rescata "potestades de Gobernadores Civiles y jefes provinciales del Movimiento, cuando tenían la posibilidad de suspender cautelarmente, según su libre albedrío las resoluciones de los ayuntamientos". En este caso la capacidad de decisión se otorga a los delegados del Gobierno, lo que ha tachado de “barbaridad".

La nueva normativa también entraría en conflicto con las competencias de las comunidades autónomas respecto a la ordenación del territorio y del litoral. A juicio de Berriel la ley "hace un ablación casi completa" al exigir que haya dos años para que el Estado pueda decidir si un enclave debe ser urbano o no, una cuestión sobre la que Canarias ha preguntado especialmente.

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