Educación

Cuando la Hacienda pública favorece a la escuela privada

Manifestación contra los recortes en Educación en Madrid, en 2012.

Los padres que llevan a sus hijos a colegios privados o a centros en los que el uniforme escolar es obligatorio en la Comunidad de Madrid –prácticamente inexistentes en el ámbito de la educación pública– lo tienen más fácil para que la declaración de la renta les salga a devolver gracias a deducciones fiscales que pueden alcanzar los 900 euros por hijo y ejercicio. Aunque la medida no es nueva –se puso en marcha en 2010, justo cuando comenzaron los recortes en Educación– sí pone de manifiesto el especial mimo con el que la Comunidad de Madrid trata a la enseñanza privada a pesar de las restricciones presupuestarias.

La compra de libros de texto o las cuotas por comedor o transporte no tienen beneficio fiscal alguno en Madrid en ninguno de los sistema de enseñanza. Tampoco en otras 15 autonomías. Según la Guía de la Declaración de Renta 2012, la única comunidad que tiene algún tipo de desgravación para la compra de material es Extremadura. Se trata de una rebaja de 15 euros por hijo a la que pueden acceder familias con rentas bastantes modestas –un máximo de 19.000 euros en tributación individual o 24.000 euros en tributación conjunta–. 

A pesar de que para este curso 2012/2013 el Ejecutivo madrileño eliminó las ayudas para la compra de libros de texto –inició un sistema de préstamo– y redujo las becas de comedor de media más de un 39%, sí ha mantenido las deducciones fiscales del 15% en el caso de los gastos de escolarización en la etapa obligatoria fuera de la red pública o concertada y del 5% en el caso del "vestuario de uso exclusivo escolar". Es la única autonomía que ofrece rebajas tributarias por estos conceptos. De máximo, las familias pueden acceder a una rebaja de hasta 900 euros por cada uno de los hijos que genere el derecho. 

Además, en 2012, al tiempo que los recortes se consolidaban en las aulas, la Consejería de Educación elevó el nivel de renta con el que se puede acceder a estas desgravaciones fiscales. Hasta entonces, sólo podían acogerse a estos beneficios las familias cuya renta no superara los 10.000 euros por miembro, incluidos los hijos. Esa cantidad se incrementó hasta los 30.000 euros por cada miembro de la familia. De esta forma, parejas con un hijo y con ingresos de hasta 90.000 euros o con dos e ingresos de hasta 120.000 pueden acceder a la deducción.

Según datos de CCOO de Madrid, las arcas públicas madrileñas dejan de ingresar cada año hasta 100 millones de euros por las deducciones en gastos de escolaridad en centros privados, de enseñanza en idiomas y de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar.

Isabel Galvín, secretaria general de Educación de CCOO de Madrid, asegura que esta medida favorece "una redistribución a la inversa porque tiene impacto en el sector de la sociedad al que le afecta menos la crisis". De hecho, observando los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013 se observa cómo se ha recortado partidas dedicadas a alumnos más desfavorecidos. En 2012, 8.188 alumnos tuvieron acceso al uso gratuito del comedor. Esa cantidad se redujo a 6.130 en este año. Es decir, un recorte del 25,14%. Las becas parciales también disminuyeron un 54,55%. Pasaron de 110.000 en 2012 a 50.000 en  2013. 

Una medida "discriminatoria"

Una asignatura pendiente del sistema educativo: sólo el 13% de alumnos extranjeros van a la concertada

Asociaciones de padres y de alumnos de la escuela pública creen que las deducciones por uniformes y por asistir a colegios privados atentan contra la igualdad de oportunidades. Según un estudio elaborado por la OCU en 2012, la compra de uniformes es "testimonial" en los colegios públicos. Y es obligatorio en el 87% de los concertados, por lo que toman sentido las críticas de estos colectivos que, aseguran, se trata de una disposición "discriminatoria". 

Desde la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA), su portavoz, José Luis Pazos, va más allá y asegura que estos beneficios vulneran el artículo 40 de la Coonstitución Española. Este precepto indica que los poderes públicos "promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa". A su juicio, esta deducción de hasta 900 euros por hijo va a parar a las familias que más dinero tienen porque son las que pueden costearse este tipo de educación.

Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes (SE), que también engloba a enseñanzas medias, cree que esta es "una más" de las "muchas" estrategias que utiliza la Comunidad de Madrid para favorecer a la educación privada. Esta medida, concluye García, pone sobre la mesa la "hipocresía" del PP. "[los conservadores] no dudan en relajar los requisitos económicos para acceder a estas deducciones mientras para conseguir una beca universitaria hay que tener una renta bajísima". 

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