El PP defiende ahora las escuchas de Sitel

El caso Snowden ha vuelto a poner sobre la mesa la legalidad de las intervenciones de las comunicaciones. Precisamente, sobre las garantías de estos procesos fue preguntada este viernes la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría, máxima responsable también del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue tajante a la hora de reconocer que en España todas las intervenciones de las comunicaciones se hacen con autorización judicial. Es más, hizo hincapié en que "España ha sido pionera" en este campo y que "en los últimos años han venido a interesarse varios Estados por el sistema de intervención de comunicaciones con autorización judicial".

Estas declaraciones habrían sido impensables en los últimos años de oposición del PP, cuando los conservadores cargaron duramente contra el Sistema Integral de Interceptación legal de Telecomunicaciones (Sitel). En 2009, en plena ebullición del caso Gürtel, el partido presidido por Mariano Rajoy –incluida la vicepresidenta, que era portavoz en el Congreso– desarrollaron una intensa campaña en contra de esta herramienta que llegaron a calificar de "inconstitucional e ilegal".

La principal queja estribaba, según la cúpula del partido por entonces, en que no existía una ley que permitiera su uso. La escenificó el entonces portavoz del PP, Esteban González Pons, el 4 de noviembre en una rueda de prensa en la que presentaba una proposición no de ley encaminada a que Sitel fuese competencia de los jueces y no del Ministerio del Interior. Por aquellas fechas, el PP denunciaba la existencia de una trama contra la formación que tenía su origen en el ministerio que ocupaba Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora líder de los socialistas. No faltaron acusaciones de espionaje a destacados cargos del PP como Francisco Camps, Federico Trillo o María Dolores de Cospedal.

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y no fue hasta este viernes cuando Sáenz de Santamaría anunció, preguntada por la prensa, que "la regulación del Sitel es uno de los puntos que forman parte de la discusión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Será en este texto, según mantuvo "donde se abordarán cuestiones como la regulación de estos mecanismos".

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Pese a que a tenor de las críticas que dirigentes conservadores vertieron contra Sitel en 2009 podían llevar a más de uno a concluir que se trataba de un invento socialista, esta herramienta llegó a España de la mano del PP de José María Aznar en 2001. Por aquellas fechas, el Ejecutivo del actual presidente de FAES pagó 11,3 millones de euros para la implantación del sistema. Y, años después, en 2005, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero invertía tres millones más para optimizar su funcionamiento.

Desde 2001 a 2009, es decir, durante ocho años, los conservadores no pusieron ninguna pega a este sistema de escuchas ni llevaron al Congreso ninguna iniciativa para el Sitel encajase con la Constitución. Ni en el Gobierno, ni en la oposición.