El PSOE sella su nuevo modelo territorial gracias al acuerdo entre catalanes y andaluces

Hablando con diversos dirigentes territoriales del PSOE, y con la cúpula federal, podría decirse que la reunión de este sábado en Granada del Consejo Territorial es casi de puro trámite. Todo el debate llega "muy encauzado, muy cerrado". Falta poner las últimas puntadas a la propuesta de nuevo modelo territorial, perfilar algunas líneas, pero el consenso está prácticamente hecho, según coinciden todas las fuentes consultadas. Y en ese pacto ha sido clave, además de las conversaciones pilotadas por Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano desde Ferraz, el impulso y el acuerdo del PSC y la federación andaluza, la de mayor peso de todas, la que lidera José Antonio Griñán, presidente del partido. El objetivo perseguido por el PSOE en todo momento es elevar una propuesta de "centralidad" y de entendimiento entre quienes presionan para salir de España y los que pujan por engordar el poder del Gobierno central. 

Cataluña prendió la mecha. Allí se originó el desafío soberanista en 2012 y de allí emergió la iniciativa de construcción de una España federal, que Rubalcaba asumió y aceptó debatir con el resto de los territorios socialistas. Andalucía fue, precisamente, la primera en rematar un documento y una de las que más activamente ha defendido la necesidad de reformar el corsé institucional del país, dotándole de estructuras federales y reconociendo la "diversidad y pluralidad" y también la "igualdad" de los ciudadanos. Griñán, como jefe de la Junta y como presidente del partido, y su vicesecretario general, Mario Jiménez, han protagonizado igualmente las negociaciones.

De hecho, los dos se reunieron con Pere Navarro, líder del PSC, el pasado 18 de junio en Sevilla para ir avanzando en la redacción del texto final. Fuentes del PSC y del PSOE andaluz señalaron a infoLibre que el diálogo de los socialistas de ambas comunidades ha sido "decisivo desde el principio". "Sobre las aportaciones de nosotros y del PSC han pivotado todas las discusiones de todo el mundo, excepto el derecho a decidir, que quedaba fuera", aseguraba anoche un alto cargo del PSOE andaluz. "Griñán coordina. Es normal", apuntalaba otra fuente.

Las 4 R de Navarro

En el PSC consideran que el pacto alcanzado, y que si no hay contratiempos se sancionará hoy en Granada, no es de mínimos. Supone la asunción por parte del PSOE, precisaban fuentes del partido, de las 4 R de las que tanto ha hablado Navarro y que figuraban en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones autonómicas de noviembre de 2012: recursos, representación (Senado federal), reconocimiento de la singularidad catalana y reglas claras (clarificación competencial). Así, el PSC logra del PSOE la inclusión del principio de ordinalidad (que implica que las comunidades más ricas no pierdan posiciones en renta per cápita tras aportar al fondo común), adelantada ayer por La Vanguardia. Eso sí, en los términos avalados por el Tribunal Constitucional. También que se camine hacia el Senado como una verdadera Cámara territorial, cuyos miembros sean elegidos por los gobiernos o los parlamentos autonómicos (fleco aún por cerrar anoche). Asimismo, se reconocen los hechos diferenciales y derechos históricos (lengua, educación, cultura) –que no conducen a "privilegios", advertían los responsables contactados– y una mejor delimitación competencial. 

Los socialistas catalanes, en cambio, no consiguen que se incorpore la idea de las "consultas territorializadas", que a ojos de Ferraz, la sede federal, no eran más que un eufemismo del derecho a decidir. Tampoco que se defina Cataluña como "nación". 

Andalucía y Cataluña también capitanearon, con Comunitat Valenciana y Aragón, la iniciativa de descentralizar la Justicia. A falta de conocer la redacción final, todas las fuentes consultadas avanzan que se planteará que los tribunales superiores de Justicia sean la "última instancia judicial" en la mayor parte de los casos, siempre sin "desnaturalizar" el poder de unificación de doctrina del Tribunal Supremo. 

El liderazgo de PSC y PSOE-A no habría servido "de nada", no obstante, sin el concurso obvio de la dirección federal y del resto de federaciones, cimentado a través de múltiples reuniones a varias bandas. "Si los otros 15 secretarios generales no están de acuerdo, no hay nada que hacer", advertían desde otro territorio voluminoso en militantes, Madrid. Navarro, de hecho, se ha ido entrevistando con diversos barones en las últimas semanas: no sólo Griñán, sino el madrileño Tomás Gómez o el extremeño Guillermo Fernández Vara, quien más claro ha apostado por la ruptura con el PSC. 

Blindaje, "pero con pasta"

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Valencia, federación dirigida por Ximo Puig, se siente por su parte orgullosa por una conquista nada menor, anunciada ayer viernes por Rubalcaba en rueda de prensa: la creación de un "fondo de garantía del Estado del bienestar". Funcionaría así: en épocas de bonanza, el Estado iría reservando dinero en una hucha que se usaría después, en épocas de crisis, para garantizar el sostenimiento de sanidad, educación y servicios sociales, para evitar así tener que acometer recortes como los que está aplicando el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El secretario general explicó que la reforma constitucional impulsada a toda prisa en 2011 por PSOE y PP, que preservaba la estabilidad presupuestaria, se quedó coja, y que hace falta incluir la pata de la "estabilidad social". 

El líder de los socialistas ya había expresado en innumerables ocasiones –y así lo han reflejado diversos documentos de renovación del proyecto ideológico– la necesidad de acorazar la educación, la sanidad y los servicios sociales en la Carta Magna. Pues bien, como subrayaba de manera informal un importante barón regional, con esta medida se procura "el blindaje, pero con pasta" el mantenimiento del Estado del bienestar. Ese fondo, semejante en su funcionamiento a la hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva de la Seguridad Social), se financiaría con impuestos. Una de las claves del nuevo sistema de financiación propuesto será la garantía de la "igualdad" de prestaciones entre ciudadanos de distintos territorios. Y eso lleva aparejada otra reflexión: la revisión del cupo, en la que también hay un consenso claro. No así del concierto económico vasco y el convenio navarro, que se prefiere no tocar. 

Todas estas cuestiones se concentrarán en un documento de, en principio, más de 20 folios, algo más ligero que la propuesta inicial del exministro Ramón Jáuregui, el coordinador de los trabajos. La reunión, que dará comienzo a las diez de la mañana, viene precedida de una cumbre informal previa de líderes: fue anoche, a partir de las 21.30, entre Rubalcaba y sus barones, en el mismo hotel de Granada donde hoy se celebrará el Consejo Territorial. "Nada, al final no habrá nada", bromeaba en el entorno de un secretario general. Y "nada", en el léxico socialista de los últimos tiempos, quiere decir que no se prevé lío interno, sino un consenso global sobre un texto de mínimos en el que todos se sientan cómodos.