Privatización de la sanidad

Madrid ha pagado a Capio 2,27 millones de euros por un hospital que sigue cerrado

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, acudió en mayo a 2012 a visitar las obras.

2.271.000 euros. Es la cantidad que la Comunidad de Madrid ha pagado durante 2013 a la empresa IDC Salud –antigua Capio Sanidad– por un centro sanitario que no presta servicio. Se trata del Hospital de Collado Villalba, uno de los cuatro hospitales con gestión puramente privada levantados en la región con dinero público bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Aunque la construcción acabó en 2012, la Consejería de Sanidad decidió retrasar su puesta en marcha hasta "finales de 2013". Fuentes del departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty señalan que el hospital permanece cerrado "como consecuencia de una situación extraordinaria derivada de un sistema de financiación que deja a Madrid para 2013 con 1.000 millones menos de los que le corresponde" y que no se abrirá hasta final de año.

Asimismo, aseguran que la comunidad se limita a pagar la parte correspondiente a la amortización de la inversión y el mantenimiento en buenas condiciones de la infraestructura. Es decir, siempre según la versión oficial, el pago de los gastos de mantenimiento, limpieza, seguridad y pago de impuestos y seguros. En virtud del acuerdo con Capio, que ganó el concurso de la concesión en 2010, la Consejería tiene que abonar cada mes la cantidad establecida en el contrato de concesión que asciende a 757.000 más un 10% de IVA. Según fuentes de este departamento, los pagos, que se hacen a mes vencido, comenzaron a abonarse el pasado abril. De ahí sale la cifra de 2,27 millones de euros que Capio ya ha recibido hasta la fecha. Sin embargo, el desembolso para las arcas públicas es mayor –2.498.100 euros en total– si se tiene en cuenta el pago de impuestos por esa transacción.

Fuentes de la compañía confirman haber recibido esa cantidad e insisten en que ellos son “los primeros interesados en que el hospital comience a funcionar lo antes posible”. En este sentido, aseguran que esperan retomar la oferta de empleo tras el verano después de que se paralizara el proceso anterior tras la decisión del departamento de Javier Fernández Lasquetty.

En la Consejería de Sanidad señalan que este retraso en la apertura "no implica que se realice compensación alguna a la concesionaria". Se trata, insisten, en el inicio del pago de la inversión realizada por la concesionaria, en cumplimiento de la Ley de Contratos, y de gastos para asegurar que la infraestructura "se mantiene adecuadamente hasta su entrada en funcionamiento".

Sin embargo, esta decisión de la consejería no convence a las personas que simpatizan con la marea blanca. El pasado febrero, cientos de personas se concentraron frente al hospital para protestar por la asignación económica que recibe cada mes IDC Salud por esta concesión a pesar de que el centro no está funcionando.

Demandas cruzadas

Entre el Ayuntamiento de Collado Villalba e IDC Salud se viene produciendo un tira y afloja en los tribunales en los últimos meses. En febrero de 2013, Capio realizó una demanda judicial de cantidades al Ayuntamiento de Collado Villalba, al que se resiste a pagar la liquidación de 2,16 millones de euros que el consistorio le reclama en concepto de impuesto de construcción, instalaciones y obras (ICIO), y otros 650.123 euros en concepto de tasa urbanística. Al considerar “no procedentes” estos importes los recurrió ante los juzgados contencioso-administrativo números 1 y 22 de Madrid. No obstante, presentó un aval bancario por los importes indicados que, según fuentes de la compañía, “garantiza plenamente los pagos en el caso de que los recursos no prosperen”.

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Paralelamente, la antigua Capio reclama al consistorio que se haga cargo del precio de las obras de la adecuación de los terrenos en los que se construyó el hospital y que ascienden a más de tres millones de euros. IDC Salud asegura que se hizo cargo de estas obras para “cumplir en tiempo y forma con las condiciones del concurso público y de su contrato con la Comunidad de Madrid para la construcción del hospital”. El proceso judicial sigue en su curso y el ayuntamiento actual, gobernado por el PP, culpa al antiguo equipo de Gobierno, del PSOE, de no haber abonado esa cantidad a pesar de que se especificada en un convenio firmado entre empresa y consistorio.

Un hospital más del 'modelo Alzira'

El modelo bajo el que se ideó este centro es el llamado Partenariado Público-Privado o Alzira. Se trata de un sistema en el que la Administración, que oferta las concesiones, cede a una Unión Temporal de Empresas (UTE) la financiación, construcción y gestión del hospital. Aunque la titularidad sigue siendo pública, estas compañías se encargan de todo y contratan incluso al personal sanitario. A cambio la Adminsitración les paga una cantidad por paciente al año y el excedente queda en manos de estas concesionarias.

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