Comunidades autónomas

Hacienda se prepara para instaurar el ‘déficit a la carta’ que divide a PP

Montoro gana la partida a Soria

Este miércoles, el ministerio de Hacienda reúne a las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con un orden del día polémico: la fijación de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para 2013. Se trata de una cifra que globalmente no podrá sobrepasar el 1,3% del PIB, pero que el departamento que dirige Cristóbal Montoro intentará cuadrar de forma individualizada con cada una de las regiones. Es lo que comunmente se conoce como "déficit a la carta" o "asimétrico".

Hasta la fecha, todas las comunidades tenían que cumplir una misma cifra. Una cantidad que en 2012 fue del 1,5% del PIB y que, según los últimos datos del ministerio, cumplieron las comunidades de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. Ahora, el Gobierno ha cambiado de opinión y opta que los criterios sean diferenciados.

La cita de este miércoles viene precedida de grandes tensiones de las comunidades con Hacienda, por una parte, y de las comunidades entre sí. Una batalla que, principalmente, ha tenido lugar en el seno del Partido Popular, la formación que gobierna. No en vano, los conservadores ostentan gran parte del poder autonómico. 

Las comunidades del PP que más se han opuesto al denominado déficit a la carta son Extremadura y Madrid. Mientras que el bando contrario lo lideran los presidentes de la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

Fuentes del departamento que preside Cristóbal Montoro aseguran que desde que hace tres meses el tema entró en ebullición, representantes del ministerio se han reunido con miembros de las diferentes comunidades autónomas. Reconocen que se han acercado posturas. Pero no ocultan que se trata de un asunto "muy delicado" y que va a ser imposible contentar a todos los barones. "De lo que sí partimos es de la garantía de que las comunidades cumplidoras no van a ser castigadas y de que el objetivo de déficit marcado no va a poder ser superior a la cifra del año anterior, es decir a la de 2012".

El principal problema estriba en los enfrentamientos entre las comunidades cumplidoras, que se oponen como norma general a objetivos de déficit individualizados, y las comunidades que más se desvían de esas cifras, que se quejan de haber salido peor paradas en materia de financiación autonómica y de ahí el desfase de cifras. Este es uno de los principales argumentos de Fabra y Valcárcel.

Los presidentes autonómicos han empezado ya a calentar la cita poniendo sobre la mesa las cifras que, a su juicio, deberían ser las establecidas por Hacienda para sus regiones en 2013. Es el caso, por ejemplo, de Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña. Este mismo lunes advirtió de que vería "insuficiente" que el déficit de Cataluña para el año en curso se situara entre el 1,5 y el 1,7%. advirtió de que vería "insuficiente" que el déficit de CataluñaAl respecto, mantuvo que lo idóneo sería que se situara en torno al 2% o incluso por encima, según informa Europa Press.

Esta petición sería irrealizable de cumplirse el precepto de Hacienda según el cual ninguna comunidad podrá superar la cifra de déficit del año anterior, que en el caso de la comunidad que preside Mas fue del 1,96% del PIB. Consciente de ello, Mas lanzó un órdago a Montoro. Según dijo, si el objetivo que se le marca desde Madrid no es el "razonable" el Govern mantendrá la prórroga presupuestaria durante todo el año.

Precisamente, los barones del PP contrarios a los objetivos de déficit diferenciados, una rebelión que en su día encabezó el extremeño José Antonio Monago, consideran que este nuevo sistema es una cesión del Gobierno a Cataluña a cambio de que la comunidad ceda en sus pretensiones soberanistas.

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Premiar a quienes más recorten

Hace un mes, el Gobierno presentó el informe para la reforma de las administraciones públicas. En este informe, Hacienda hace una serie de recomendaciones a las comunidades autónomas para que supriman organismos y que las funciones las asuma el Gobierno central. Es el caso de los defensores del pueblo o los tribunales de cuentas autonómicos.

El departamento que preside Montoro es consciente de que las competencias autonómicas hacen que el informe de la Comisión para la Reforma de la Administración Autonómica (CORA) se convierta en meras recomendaciones o consejos. Pero ya ha avanzado que pretende premiar en lo que a cumplimientos de objetivo de déficit se refiere a las regiones que se sumen a estas medidas.

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