Las seis leyes contra la corrupción que el presidente prometió hace cinco meses

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene este jueves una cita en el Senado. Las obras en el Congreso de los Diputados transforman la Cámara Alta en un improvisado hemiciclo al que el líder del Ejecutivo acude a comparecer, a petición propia, para rendir cuentas de la situación política y económica de España. Y, lo que tiene puesto sobre sí todos los focos, a explicar el caso Bárcenas. Un escándalo que tiene desde hace meses en el punto de mira a su partido y a él mismo como supuesto perceptor de sobresueldos, tal y como figura en la contabilidad B del partido.

Nadie ni en el PP, su partido, ni en el Gobierno duda de que Rajoy no entrará a desentrañar todos los detalles que rodean a la relación entre la formación y su extesorero.no entrará a desentrañar todos los detalles Las fuentes consultadas apuestan por que intentará, al igual que hizo en el debate sobre el estado de la nación, ponerse a la cabeza de la regeneración democrática y contra la corrupción anunciando una batería de medidas. El problema es que las medidas serán las mismas que puso sobre la mesa en esa cita, que tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero. Y que existe un agravante: poco se ha avanzado sobre ellas. Ninguna es, a día de hoy, una realidad.

La oferta de Rajoy al resto de partidos en materia de lucha contra la corrupción quedó plasmada en la primera de las resoluciones aprobadas con motivo del debate de política general en torno al estado de la nación. Este compromiso se selló el 26 de febrero. Días después, el 13 de marzo, el palacio de La Moncloa albergaba una reunión para echar a andar estas reformas. Tal y como informó infoLibre el pasado domingo, fuentes del Gobierno reconocen que los trabajos, aunque no se haya comunicado públicamente, han continuado. "Están en fase de técnica jurídica para hacer una propuesta homogénea. Lo del 13 de marzo fue un primer contacto", añadieron las mencionadas fuentes. La novedad de este jueves puede estar en que el presidente del Gobierno adelante un calendario aproximado de entrada en vigor o de aprobación en el Congreso.

¿Cuáles son estas leyes o reformas legislativas?

1. Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos

Según el Gobierno, esta norma implicará la reforma de la Ley Orgánica 6/2001 de Partidos Políticos y de la 8/2007 de Financiación de los Partidos Políticos. Afecta a las formaciones y al Tribunal de Cuentas. La filosofía del anteproyecto es la de vacunar a los partidos políticos de futuros casos Bárcenas. 

En este sentido, incluirá, entre otros asuntos, siempre según Moncloa, la obligación de depósito de cuentas en un registro público y la regulación de la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos. Es decir, de los tesoreros.

A ellos también se les reserva la obligación de comparecer anualmente ante la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas.

Según informó el Ejecutivo en la única reunión de este grupo de trabajo que se ha hecho pública, también se pretende establecer un procedimiento normalizado de contratación de los partidos políticos. Este punto es otra de las piedras angulares del caso Bárcenas. Hace poco más de una semana, en su primera declaración ante el juez Pablo Ruz desde que ingresó en prisión, el extesorero de Rajoy facilitó una lista de al menos 23 empresarios que supuestamente financiaron al partido. Ahora, una de las patas de la investigación es la de ver posibles nexos entre estas donaciones y adjudicaciones de contratos públicos a los donantes.

2. Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas

Cuando Rajoy hizo este anuncio en febrero la intención era la de dotar al Tribunal de Cuentas de más medios para ejercer sus funciones. Entre otros asuntos, se pretende que el organismo fiscalice todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos.

Además, el anteproyecto recogerá "la definición de fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y determinados organismos públicos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses", según una nota difundida el 13 de marzo por el Gobierno.

3. Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público

El objetivo fundamental de este cambio legislativo es el de blindar el acceso a contratos con el sector público a aquellas personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción.

4. Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas

"Se trataría de un verdadero estatuto del cargo público en el que deberán quedar tasadas, entre otras, las escalas de retribución, los sistemas de protección social o los casos en los que pueda haber derecho a compensación tras el cese, reforzando también la Oficina del conflicto de intereses". Así definió el presidente del Gobierno esta iniciativa legislativa que todavía hoy no es una realidad. "Una norma, en definitiva, que transmita seguridad y certeza a los ciudadanos y a los políticos para que todos los que ejercemos la política respondamos sin distingo a las mismas obligaciones de transparencia y tengamos claro las declaraciones tributarias de bienes y de actividades que tenemos que publicar y cómo tenemos que hacerlo, con unos estándares que todos debemos cumplir". dijo.

La intención del Gobierno es también, y así lo aseguró el presidente del Gobierno, que incluya también auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato.

5. Reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal

Al igual que el resto de iniciativas, todavía no es una realidad. El objetivo de la misma es el endurecimiento de las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción. 

Los delitos cuyas penas serán analizadas son los siguientes: prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales, delitos urbanísticos, omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos de sus cuentas y patrimonio social, financiación ilegal y enriquecimiento injustificado de los cargos públicos electivos. Se pretende también que aumenten los plazos de prescripción para esos delitos.

Rajoy prevé pasar de puntillas sobre el 'caso Bárcenas' y prometer las medidas anticorrupción que ya anunció en febrero

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6. Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

"Se busca clarificar las reglas de atribución de competencia a los Tribunales y la agilización de los procedimientos para la agilización de los procedimientos para la persecución de los delitos de corrupción para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia". Este es el objetivo del Gobierno.

En el PP y en el Gobierno se lamentan de que el caso Gürtel siga coleando todavía más de cuatro años después de que estallara.