Andalucía impondrá multas por mantener símbolos franquistas y exhumará fosas comunes de oficio

La Junta de Andalucía quiere dar un nuevo impulso a la recuperación de la memoria histórica y ultima un texto legal que, a nivel autonómico, ampliará las medidas que estableció la ley aprobada en 2007 por el primer Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. De salir adelante el borrador en sus términos actuales, se concretarán por primera vez las sanciones para aquellos ayuntamientos o diputaciones que no retiren simbología franquista. De igual modo, la Junta se convertirá en autoridad competente para actuar de oficio en la exhumación de fosas comunes.

El director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo, subraya, en declaraciones a infoLibre, que el objetivo es "otorgar al Estado un papel más relevante y establecer el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad". Para ello, la apuesta pasa por "articular y reforzar el discurso basado en la verdad científica" de lo ocurrido, por la creación del Consejo Andaluz de Memoria Democrática y del Instituto Andaluz de Memoria Democrática, y por potenciar la colaboración con foros y asociaciones relacionadas con la causa, tanto a la hora de conformar el texto definitivo como para desarrollar los posteriores trabajos.

En lo referente a exhumaciones de fosas comunes de represaliados durante la dictadura, Naranjo afirma que "la Junta estará presente en todas las exhumaciones, las apoyará, impulsará la investigación y efectuará de oficio alguna de estas operaciones". El titular de la Dirección General de Memoria asegura la existencia de fosas se comunicará a la autoridad judicial "porque son consecuencia de crímenes que no han prescrito" y que las subvenciones, que reconoce "muy bajas", se multiplicarán. Actualmente, Andalucía es, junto a Euskadi y Asturias, una de las pocas comunidades autónomas que aún dedica una partida presupuestaria a la memoria histórica.

A pesar de estimar escasa la cuantía, Naranjo insiste en que en Andalucía "se siguen haciendo cosas", y menciona otra de las estregias del Gobierno autonómico –de PSOE e IU– para estirar al máximo los fondos disponibles: emplar recursos ya existentes en la Administración pública. Así, detalla Naranjo, el banco de ADN de la Consejería de Salud y profesionales como médicos, arqueólogos o historiadores colaborarán en estas tareas. La nueva Ley de Memoria Democrática andaluza impulsará este tipo de sinergias.

Símbolos de la dictadura

Además de las exhumaciones de oficio, la eliminación de la simbología franquista es otro punto fundamental de la norma. Naranjo explica que "se establecerá, en primer lugar, un marco temporal claro y bien acotado para la retirada de símbolos, cosa que la ley de 2007 no hacía". Si las administraciones no cumplen la norma de forma voluntaria, añade, la Dirección General de Memoria –que depende del vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, de IU– tratará de encauzar el proceso a través del "diálogo y la negociación". En última instancia, se retirarán subvenciones a quienes mantengan símbolos propios de la dictadura o impondrán sanciones económicas que podrían oscilar entre los 300 y los 30.000 euros, según avanzó el diputado socialista Javier Aragón el pasado lunes.

Preguntado por el número de símbolos que perviven en Andalucía, Naranjo ha precisado que es complicado contabilizarlos y que actualmente se está elaborando un censo. En cualquier caso, reitera, "son demasiados" los elementos que denotan "una anomalía democrática". Por ejemplo, el homenaje a Primo de Rivera en Granada. En paralelo a su eliminación, el Gobierno regional elaborará un listado de hasta 60 puntos en los que la dictadura franquista ejerció una especial represión para su conservación y defensa como "lugares de la memoria".

Por último, Naranjo destaca que la nueva norma no hará referencia únicamente a la dictadura y a la Guerra Civil –como la ley de 2007–, sino que ampliará el marco temporal al que se refiere hasta abarcar, igualmente, la II República, el golpe de Estado y la Transición que, en palabras del director andaluz de Memoria, "no fue el cuento de hadas que nos han contado a todos".

"Un cambio muy importante"

Entre las asociaciones que trabajan para recuperar la memoria de los represaliados por el franquismo, existe la esperanza de que sirva para agilizar las tareas que hasta ahora se han venido desarrollando. Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, destaca que la Junta denunciará ante un juez el hallazgo de las fosas: "Nosotros no buscamos únicamente la exhumación de los cuerpos, sino que creemos que se trata de crímenes de lesa humanidad ante los que la justicia debe actuar". En cuanto a la retirada de la simbología, se felicita por la introducción de sanciones: "Ahora estamos hartos de pedir que los quiten y no nos hacen ni caso".

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Por su parte, María del Mar Téllez, presidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, asegura que la ley podrá "mejorar y rectificar todo aquello que la ley española dejó regulado de forma extremadamente vaga". Téllez incide en el catálogo de lugares de memoria histórica y subraya: "Cualquier Gobierno democrático debería seguir la línea de Andalucía, que es pionera en temas de memoria histórica: hay que dar respuesta a estos asuntos, que son de justicia y de Derechos Humanos".

Pero no todo han sido buenas palabras para el proyecto de la Junta. Desde las filas del Partido Popular, la diputada autonómica Marifrán Carazo ha asegurado que la ley es "inoportuna, innecesaria y contraproducente" y ha acusado al Ejecutivo bipartito de situarse en la "radicalidad más absoluta" al "crear un nuevo chiringuito en el que colocarán a algunos estómagos agradecidos". Carazo también se ha preguntado "por qué hay dinero para subvencionar estos temas mientras se eliminan subvenciones a las empresas" y, en la misma línea, insistió el pasado martes y reclamó que se explique "por qué la Junta se va a gastar dinero en confrontar utilizando el dolor de muchos andaluces".

Ante estas acusaciones, Naranjo responde: "El PP debería mirar a Europa y al resto del mundo. No se pueden negar los Derechos Humanos y no se puede construir un Estado democrático con miles de personas aún en fosas comunes". A partir de ahora, detalla, el diálogo entre asociaciones, expertos y Junta continuará para trabajar sobre el borrador hasta llegar al texto final. El proceso desembocará en la presentación en el Parlamento autonómico de una proyecto de ley que debería aprobarse con el apoyo de PSOE e IU.