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Caso ERE

La juez Alaya amplía la imputación contra los hermanos de Báñez por los suelos de Mercasevilla

  • Junto a ellos, otros cinco empresarios han sido señalados por las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla
  • La magistrada les acusa de supuestos delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, además del inicial delito de maquinación para alterar el precio de las cosas

infolibre Publicada 03/09/2013 a las 18:38 Actualizada 03/09/2013 a las 18:39    
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La juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla ha ampliado la imputación contra siete empresarios que pujaron por dichos suelos, entre los que se encuentran dos hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

En un auto dictado el pasado 31 de julio y notificado ahora a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, atribuye a estos siete empresarios, además del inicial delito de maquinación para alterar el precio de las cosas, los presuntos delitos de prevaricación y fraude y exacciones ilegales. Estos empresarios son Eduardo Báñez García, como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y Juan Nicolás Báñez García, consejero delegado solidario de esta empresa, así como Ignacio Bayón Marine, presidente del consejo de Administración de Realia Bussiness, y José Romero González, presidente del consejo de Administración de Prasa.

Alaya también amplía la imputación contra Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, presidenta y consejera delegada del consejo de Administración de Sociedad Azucarera Larios; Martín Eugenio Sánchez-Ramade Moreno, presidente de Edamar –empresa que quedó disuelta y extinguida por haber sido absorbida por Noriega el 26 de junio de 2007–, y Antonio Vicente Sánchez-Ramade Carrascosa, hijo del anterior y que firmó la oferta presentada por Edamar como apoderado solidario.

La juez argumenta que a todos ellos "debe hacérseles extensiva la misma calificación, provisional, hasta ahora efectuada a anteriores imputados" en la causa, ya que "todos ellos ocupan la misma posición en el 'iter delictual' que los representantes de Sanma en su relación con Mercasevilla, quien convocó el concurso público que se investiga". Hay que recordar que el grupo promotor Sanma Desarrollos Urbanísticos, filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.

En este sentido, la magistrada acuerda pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue "los posibles beneficios que hubiera podido obtener la entidad Noga, ya bien por alguna otra adjudicación importante, por incidencias relativas a avales de licencias, o por cualquier otra circunstancias que pudieran haber abocado a que la referida entidad no impugnara el resultado del concurso público, a pesar de ser la empresa que presentó la mejor oferta económica". 

Alaya, igualmente, relata que se han recibido por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo los informes exigidos tras la declaración como imputado de Alfredo Delmo Suárez, arquitecto técnico del área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense. "De la documentación recibida parece desprenderse que antes de la concesión de la licencia de primera ocupación, tendrían que haber sido tres los servicios que deberían haber informado", asegura, como son los servicios de Coordinación y Conservación de la Vía Pública, y de Proyectos y Obras, y la Oficina de Ejecución del PGOU.

Por todo ello, la juez libra un nuevo oficio a la Gerencia de Urbanismo "para que informe si llegó a realizarse visita de inspección por el servicio de Proyectos y Obras, y en este caso, técnico que realizó la visita e informe emitido por el mismo", y reclama que, "por quien corresponda, se informe si la licencia de primera ocupación se otorgó sin la existencia de este informe". Por último, la magistrada pide a la UCO "que informe del paradero" de Juan López Cohard, cuya declaración como imputado fue solicitada hace varios meses por la Fiscalía Anticorrupción, "así como las relaciones que pudiera tener el mismo con el resto de implicados beneficiarios". Asimismo, y en relación a la entidad Edamar, reclama a la Guardia Civil que localice a José Sánchez Pamplona y Jesús García García, director y subdirector de Promoción de la entidad, respectivamente.


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