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Privatización de la sanidad

El fiscal tilda de “causa general” el caso de la privatización sanitaria y pide al juez que le dé carpetazo

  • El ministerio público presentó en pleno agosto varios escritos en los que se adhiere a los recursos de los imputados en su intento por que el juez cierre la investigación
  • Arremete contra el magistrado y sostiene que sus pasos se encaminan no a comprobar hechos concretos sino a buscar cualquier "descuadre de datos" de apariencia delictiva

Alicia Gutiérrez / Elena Herrera
Publicada el 06/09/2013 a las 06:00 Actualizada el 06/09/2013 a las 00:50
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Manifestante en favor de la sanidad pública.

Manifestante en favor de la sanidad pública.

El fiscal asignado al caso donde el juez Marcelino Sexmero investiga si la cúpula de la sanidad pública madrileña delinquió en el proceso de privatización hospitalaria acaba de asestar un mazazo de consecuencias imprevisibles a  los querellantes, los médicos de la asociación AFEM.

El fiscal Salvador Ortolá sostiene que Sexmero ha emprendido una “causa general” y se ha adherido a los recursos de varios querellados que piden al juez el carpetazo de las diligencias. La apertura del caso, el pasado 20 de junio,  fue recibido con júbilo por AFEM, la asociación que en el último año ha liderado las movilizaciones de la llamada marea blanca, movimiento en defensa de la sanidad pública.

El fiscal ataca con dureza al juez, ridiculiza sin muchas veladuras su decisión de abrir el caso y se aproxima con sus reproches el campo minado de las acusaciones de prevaricación. “No se explicitan –dice en uno de los escritos presentados en agosto- ni en la querella ni en el auto que la admite y que se impugna los motivos que llevan a entender conexos los supuestos delitos”.

Y todo ello, concluye, “aboca de forma casi indefectible a la instrucción de una causa general (…), algo que resulta intolerable en nuestro derecho”. Según el fiscal, los pasos que ha dado ya el juez apuntan a que, “más que la comprobación de hechos concretos”, la instrucción judicial “parece encaminada a la búsqueda de algún descuadre de dato que pudiera indicar la existencia de algún hecho que pudiera aparecer como constitutivo de alguna infracción penal”

Los escritos del fiscal Ortolá llevan fecha de 7 de agosto y todos ellos cuestionan el proceder de Sexmero, quien el 20 de junio aceptó la querellade AFEM. Ya ese mismo día, el juez ordenó enviar una comisión rogatoria a Luxemburgo para penetrar en el complejo entramado empresarial de Capio, uno de los grandes beneficiarios del proceso de privatización investigado y cuyos propietarios últimos son empresas localizadas en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

La posición del fiscal, con quien anoche no logró contactar infoLibre, anuncia una batalla jurídica larga y agria. Fuentes conocedoras del caso anuncian que el juez Sexmero, titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid, seguirá adelante “salvo que la Audiencia Provincial se lo impida”.

Algunos de los nueve querellados han acudido con sus recursos de apelación bajo el brazo directamente a la Audiencia Provincial. “Sospechan que el juez quiere llegar al final y averiguar si hubo malversación, prevaricación y los otros delitos que figuran en la querella y, por tanto, piensan que es inútil presentar un recurso de reforma”, agregan las citadas fuentes. Un recurso de reforma es aquel que resuelve el mismo juez cuya decisión se impugna. El de apelación, en cambio, ha de ser dirimido por la instancia judicial superior.

El fiscal, que cree inconcreta y carente de base la querella de AFEM, se adhiere, por ejemplo, al recurso elevado por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, quien tras abandonar la política en 2011 saltó al cuadro directivo de una empresa, Unilabs, ligada accionarialmente a BR Salud, la beneficiaria de una concesión administrativa otorgada en 2009 y con la que, en la práctica, el Gobierno regional privatizó los laboratorios clínicos que dan servicio a 1,2 millones de madrileños. En el momento de la adjudicación, Unilabs no participaba en BR Salud.

Al adherirse al recurso de Güemes, el fiscal reclama no ya el sobreseimiento de la causa. Lo que demanda al juez Sexmero es “acordar no haber lugar a admitir la querella ni abrir causa” respecto del exconsejero. Ortolá ha secundado igualmente los recursos de Asisa y Unilabs, que pretenden lo mismo que Güemes: que el caso se cierre de forma que su reapertura resulte una misión casi imposible.
En varios escritos fechados el 7 de agosto y a los que ha tenido acceso este diario, el fiscal Salvador Ortolá se adhiere a los recursos planteados asimismo por Asisa y Unilabs, a cuyos representantes también investiga Sexmero.
El Gobierno conservador de Madrid, que interpreta la querella como una “maniobra política” del PSOE, lleva meses cruzando los dedos para que el caso vaya a la papelera y se despejen así los nubarrones que amenazan la segunda privatización en marcha, sobre cuya puesta en marcha han dictado resoluciones opuestas al menos dos jueces de lo contencioso. Esa segunda privatización costará a la Comunidad de Madrid más de 500 millones de euros al año por el canon que abonará a las empresas que ya han obtenido la gestión.

Laberinto judicial

El proceso de privatización de la sanidad pública madrileña tiene todavía varios recursos en su contra admitidos a trámite y pendientes de resolución en los tribunales. Y eso a pesar de que este jueves otro juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid se pronunció sobre este asunto en respuesta a otra demanda de Afem, la organización impulsora de la marea blanca y del recurso por el que ahora mismo está paralizado de forma cautelar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales. En esta ocasión, según avanzó el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, el juez denegó las medidas de suspensión cautelar solicitadas por los demandantes. 

No obstante, señalan fuentes jurídicas, esta resolución no invalida la decisión del juez Carlos Gómez Iglesias que, en su auto, ordenó la suspensión de este proceso al estimar, entre otras cuestiones, que el ahorro que presupone la Comunidad con la privatización "resulta una incógnita en el momento actual". También señalaba que no se entiende bien cómo los encargados de gestionar este servicio asumen "sin más" su "incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia". 

Entre los recursos pendientes de resolución se encuentra el presentado por el PSM, que ha vuelto a reclamar la paralización de la privatización después de que, tras detener la licitación durante 14 días, el TSJM se desdijera con el argumento de que los seis diputados socialistas que pidieron la detención del proceso no representaban un "interés legítimo". También está a la espera el Ayuntamiento de Parla, que presentó otro recurso contra este proceso alegando que el hospital construido en esa localidad, edificado sobre suelo cedido, no puede pasar a manos de una empresa privada. 

Otras de las organizaciones que han presentado recursos todavía sin respuesta son el sindicato médico AMYTS o la central del enfermeros Satse. Los primeros recurrieron los pliegos del concurso, el proceso de movilidad de personal consecuente de este proceso de privatización y el cambio de última hora en las condiciones que hizo Sanidad para reducir la garantía que debían presentar las empresas. El magistrado del juzgado Contencioso Administrativo número 32 de Madrid al que llegó esta demanda se ha inhibido en favor del órgano superior, así que los miembros de AMYTS se encuentran ahora mismo esperando la decisión de TSJM. Por su parte, Satse está a la espera de poder formalizar la demanda después de que fuera admitida a trámite en el Contencioso Administrativo número 27 de Madrid. 

Por último, también está pendiente de resolución el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos regionales de 2013, la norma que en sus artículos 62 y 63 abre la vía para la externalización de seis hospitales de gestión mixta y 27 centros de salud, presentado por el PSM.

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12 Comentarios
  • cm cm 06/11/14 15:38

    Dice el fiscal que "es causa general", pues claro están todos corruptos hasta las trancas y encima siguen con su privatización de la sanidad. Se saltan las leyes a la torera y dice el fiscal al juez que dé carpetazo!! es un escándalo de tres pares de narices. Pero por qué el juez se somete? Por qué no ejerce su independencia y sigue adelante? Es una vergüenza la justicia en este país, se dice que es el recurso de los ciudadanos para tener justicia. Pues a las pruebas y hemerotecas me remito. Sobre todo el fiscal jefe de Madrid debería dimitir ipso facto pues es el mejor abogado defensor de los corruptos.

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  • cm cm 06/11/14 15:30

    Y siguen los fiscales no aceptando querellas con razones infumables. Sigan ustedes tapando o truncando la investigación sobre la privatización de la sanidad madrileña. Es vergonzoso y estando como están las cosas, los jueces no deberían escuchar al fiscal cuando su actitud es obstrucionista.

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  • Hormiga Hormiga 05/11/14 01:43

    Los fiscales españoles están escribiendo una página inolvidable de la historia del Derecho. Esperemos que la Historia no les olvide a ellos.

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  • pattymurray pattymurray 08/09/13 12:26

    Los fiscales al servicio de... se han convertido en auténticos defensores de la corrupción.

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  • Uber die gegen Uber die gegen 07/09/13 08:32

    Es que no hay manera oiga , un pais pa echarse a llorar (o a correr)

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  • maviin1 maviin1 06/09/13 17:55

    Y Ud Sr.D. Salvador Ortolá ¿A que juega? ¿A lo que le marca el F.G.del E.? al que le impone el fiscal en servicios especiales, a la sazon Ministro de Justicia? Sus actuaciones y su lienea argumental resultan pateticas, usted no merece ser Fiscal, pida excencia y dediquese a defender a imputados, estaria mas en su papel.

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    • cm cm 06/11/14 15:31

      Bravo!!

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  • ateo ateo 06/09/13 11:55

    Si enferman en los próximos años y acaban muriendo mientras esperan una intervención quirúrgica que nunca llega debido a los brutales recortes en sanidad que están realizando nuestros gobernantes neoliberales, háganlo con espíritu olímpico imaginando la cantidad de medallas que se van a llevar nuestros deportistas patrios; ya que parece ser que España si puede dilapidar miles de millones de euros en fastos olímpicos mientras despide personal sanitario y cierra camas hospitalarias. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/08/sobre-sanidad-y-juegos-olimpicos.html

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  • cm cm 06/09/13 11:30

    La fiscalía prevaricando con total descaro y actuando como defensa. Lo que faltaba por oír. Espero que el juez sea fuerte y no sucumba ante estos corruptos. No podemos seguir con esta situación. Esto no es un estado de derecho, es una dictadura pura y dura de fascistas y ladrones con el poder judicial sometido a sus intereses. Qué asco y qué impotencia!! Ojalá paguen con creces sus delitos. Es que no hay un fiscal honesto en este país que imponga la ley en vez de someterse a los dictados del Fiscal General, que defiende a un partido y gobernantes, sabiendo que están prevaricando, que se están saltando la ley a la torera y que su trabajo es un paripé?

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  • P. González P. González 06/09/13 09:50

    Con la iglesia estamos topando. Al juez D. Marcelino Sexmero le pusieron en la mano (por reparto, supongo) un arma de destrucción masiva (de intereses, carreras políticas y negocietes) y, al igual que les ocurrió a D. Baltasar Garzón (Gürtel), D. Elpidio Silva (Blesa) o D. Javier Gómez Bermúdez (Bárcenas), han activado -sin pretenderlo- un resorte que puede causar graves destrozos a la gente que manda y sobre todo a la gente que manda sobre la gente que manda. Ya me parece oír el rumor de los cascos del "7ª de judicatura" acudiendo presuroso a apagar el incendio y castigar merecidamente a quien intentaba averiguar sus causas. Y, si no, al tiempo.

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    • Angustias Angustias 06/09/13 11:12

      ciertamente lo explicas muy bien estoy contigo

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  • menyina menyina 06/09/13 09:18

    Noticia de última hora: La Fiscalía acusadora ataca de nuevo!!!!!

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