Las adjudicatarias recortarán 20 millones al año en personal

Las compañías adjudicatarias de los seis hospitales cuya gestión pretende privatizar la Comunidad de Madrid planean ahorrarse alrededor de 20 millones de euros cada año en las retribuciones del personal. Así lo han reconocido a infoLibre fuentes de la Consejería de Sanidad participantes en el proceso de adjudicación del concurso, ahora paralizado de forma cautelar por un juzgado de la capital. 

Esta cifra supondría reducir alrededor de un 8,5% la cantidad de dinero dedicada al pago de las nóminas de los trabajadores de estos centros si se toma como referencia el gasto estimado a finales de 2012. Según el proyecto de Presupuestos de la Comunidad, el gasto previsto en personal a finales del año pasado ascendía a 234,46 millones de euros, incluyendo sueldos y salarios y pago de las cuotas de seguridad social de los asalariados que seguían siendo funcionarios o empleados públicos.

Conviene recordar que en estos seis centros, que hasta la fecha funcionan con un modelo mixto de iniciativa de financiación privada, la Administración cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza, alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.) y ésta le paga un canon para el funcionamiento y gestiona la parte sanitaria. Es decir, médicos, enfermeros y auxiliares seguían siendo funcionarios o empleados públicos y sus retribuciones aparecían por tanto reflejadas en la partida previamente citada. 

La cesión de la atención hospitalaria de 1.153.939 madrileños a las empresas Sanitas, HIMA San Pablo y la UTE formada por Ribera Salud y filiales de OHL y El Corte Inglés pretendía ahorrar, según datos de la Comunidad, un 20% de los presupuestos dedicados a este departamento. De conformidad con las ofertas presentadas, la Comunidad de Madrid pagará a estas compañías más de 500 millones de euros cada año en concepto de prestación por la atención de los madrileños que tienen adscrita su tarjeta sanitaria a los centros de San Sebastián de los Reyes, Parla, Aranjuez, Vallecas, Arganda y Coslada. 

Si la Justicia no paraliza de forma definitiva el proceso, advierten los sindicatos, la entrada de capital privado en la gestión de seis hospitales construidos con fondos públicos tendrá consecuencias negativas para el empleo. Así se deduce de los pliegos de condiciones de la privatización de la gestión de estos centros, de las bases del proceso de movilización abierto el pasado mes de agosto por la Consejería y de los planes que las adjudicatarias expresaron en torno a la mesa de adjudicación.

Consultadas por este diario, Sanitas y Ribera Salud aseguran que sus planes pasan por la no destrucción de empleo y que su compromiso es el de ofrecer contratos indefinidos sin período de prueba a los trabajadores interinos y eventuales –que suponen el 54% del total de trabajadores empleados hasta la fecha en estos seis hospitales–, y a los que las adjudicatarias no tienen la obligación de mantener sus condiciones laborales, aunque sí sus contratos. infoLibre intentó, sin éxito, recoger la versión de la puertorriqueña HIMA San Pablo, adjudicataria de tres hospitales. 

El personal con plaza fija podría elegir entre quedarse en el mismo hospital a cuenta del Servicio Madrileño de Salud –el importe del salario de estos trabajadores se descontaría a la concesionaria–, pedir una excedencia, integrarse en la plantilla de la adjudicataria pasando a depender de la empresa privada o solicitar un traslado a otro hospital 100% público de la Comunidad. Por su parte, el personal laboral de las empresas públicas, se integraría en la concesionaria, manteniendo las condiciones retributivas y laborales actuales.

Condiciones laborales 

No obstante, resulta lógico imaginar que vayan producirse cambios en las jornadas o las retribuciones de 2.800 de los 5.200 médicos, enfermeros o auxiliares de estos centros que tienen contratos temporales y que tendrán que aceptar las modificaciones si no quieren perder sus puestos. Las empresas no lo niegan. "La intención es ofrecer unas condiciones atractivas con el objetivo de que el personal sin plaza fija la acepte. Si bien eso no quiere decir que vaya a ser en las mismas condiciones que tenían hasta la fecha. Sanitas plantea un paquete laboral interesante, pero cada caso es cada caso y hay que estudiarlo", señala un portavoz de esta compañía.

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En la Consejería de Sanidad madrileña argumentan que las condiciones de trabajo son algo que cada profesional eventual o interino tendrá que "negociar" con las empresas gestoras, "entendiendo que habrá continuidad en cuanto a las condiciones". Sin embargo, Nacho Hernández, portavoz de Sanidad de UGT Madrid, recuerda que las condiciones laborales de los sanitarios sin plaza fija que trabajan en otros hospitales de gestión privada que funcionan en la región –Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles– son peores que las de los contratados en los públicos. "Las jornadas son de 40 horas semanales en lugar de 37,5 y los salarios son entre un 15 y un 20% más bajos", señala.

De hecho, según explican los miembros de la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública, una enfermero sin responsabilidad de supervisión ni antigüedad gana en estos hospitales unos 1.200 euros netos, mientras que otra de su misma categoría percibe en el sistema público unos 1.800 euros. La desigualdad aumenta en el caso de los titulados superiores. Y también las pagas por festivos, guardias o nocturnidad son inferiores en los centros privatizados.  

Ese pretendido ahorro de 20 millones de euros podría conseguirse, por tanto, con la asunción de este tipo de medidas. Además, desde Sanitas recuerdan que, de pasar a ser contratados por esta empresa, las condiciones laborales de los trabajadores del hospital que opta a gestionar, el de Coslada, pasarían a ser reguladas por el convenio de sanidad privada.