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Participaciones preferentes

El 15-M aporta al juez un documento de Caja Madrid según el cual los bancos no compraron preferentes

  • El escrito, "obtenido de forma anónima", apunta que el producto sólo fue colocado a familias y pequeñas empresas

Infolibre
Publicada el 12/09/2013 a las 13:52 Actualizada el 12/09/2013 a las 14:02
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La asociación 15-MpaRato, que ejerce la acusación popular en la pieza separada del 'caso Bankia' en la que se investiga la comercialización de participaciones preferentes, ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu un escrito de Caja Madrid "obtenido de forma anónima" que demostraría que ningún banco adquirió este producto, que fue vendido íntegramente a familias y pequeñas empresas no financieras.

Así consta en un escrito remitido por esta acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se adjunta un documento denominado 'Cuadros de Difusión' que, según el colectivo, "parece haber sido elaborado" el 7 de julio de 2009, día de cierre de colocación del producto 'Participaciones Preferentes Perpetuas serie II de Caja Madrid'.

Este documento, que la entidad financiera habría enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reflejaría, según la acusación, que Caja Madrid habría vendido en "el mercado español" un total de 28.859.019 participaciones preferentes serie II a 78.090 personas, empresas o instituciones. El resto, poco más de 140.000 euros, fueron colocados en el "mercado extranjero" o a "no residentes".

De las preferentes vendidas en España, según este documento, 28.175.329 fueron adquiridas por un total de 77.197 familias, mientras que 1.583.190 se las quedaron pequeñas y medianas empresas.

Según el colectivo, la documentación aportada al juez instructor revelaría también que "ninguna institución financiera" adquirió preferentes ni tampoco el Banco de España. "En cuanto a bancos, cero bancos han adquirido preferentes. Lo cual es curioso porque los bancos suelen tener acciones de otros bancos. Y las preferentes eran como acciones", señala el escrito.

No obstante, tal y como consta en el plan de reestructuración de Bankia aprobado por la Comisión Europea, la entidad tiene un total de 1.849 millones de euros en participaciones preferentes colocados entre clientes institucionales, entre los que figuran también entidades financieras.

En cualquier caso, Bankia como tal no emitió participaciones preferentes, sino que fueron las cajas que dieron origen al grupo (Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja), dado que ni Bankia ni BFA habían sido constituidas siquiera cuando tuvieron lugar las operaciones de diseño, planificación y emisión de las participaciones preferentes.

El documento interno de Caja Madrid apunta que la entidad no colocó este producto a cooperativas de crédito, fondos de garantía o de inversión, SICAV, entidades gestoras o agencias de valores o aseguradoras, fondos de pensiones o de previsión social. "O no consiguieron vendérselas o directamente ni se atrevieron", dicen.

La conclusión de esta parte es que ningún inversor profesional adquirió preferentes y que casi dos centenares de miles de pequeños consumidores habituales, "confiados o forzados", se hicieron con preferentes y obligaciones subordinadas.

A su juicio, los indicios acumulados en la causa demostrarían que "un grupo de personas, de forma organizada y utilizando la reputación de una empresa", decidieron "salvar su mala situación económica" utilizando "todo tipo de artificios contables" para que la empresa que utilizaran como imagen y garantía apareciera "ante los ojos de terceros no expertos como una empresa sólida y con ganancias".

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite cuatro querellas contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, seis exconsejeros de la entidad y otros ocho altos cargos de este banco y de Bancaja, a los que aún no ha imputado formalmente.

En sus autos, que han sido recurridos por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal, el juez inicia la investigación por los delitos de estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denunciar delito.

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