El PP enarbola la bandera de la transparencia... pero no la pone en práctica

El Congreso dio luz verde este jueves a la Ley de Transparencia. El texto se le ha atragantado al Gobierno desde el principio. En primer lugar, porque fue incapaz de aprobarlo en los primeros 100 días de Rajoy en la Moncloa, como prometió en campaña. Y después, porque la reacción del PP ante el caso Bárcenas ha deslucido una iniciativa que quería venderse como un gran acuerdo con la mayoría de grupos. Las contradicciones entre la filosofía de la ley y la actuación del partido de Gobierno son evidentes, motivo principal del descuelgue de parte del arco parlamentario.

A continuación, se recogen una serie de ejemplos de prácticas del Gobierno o del PP de los últimos meses que chocan con la filosofía de la ley. 

El misterio de las declaraciones 

El 2 de febrero, justo después de la publicación por parte de El País de los denominados papeles de Bárcenas, el presidente del Gobierno convocó al Comité Ejecutivo Nacional del PP en la sede nacional del partido. En este foro lanzó la promesa de hacer públicas no sólo sus declaraciones de renta y patrimonio, sino también las del resto de la cúpula del partido. Una semana después, sus datos fueron colgados en la página web de la Presidencia del Gobierno. Pero el resto de la documentación, la relativa a la cúpula del PP, sigue siendo un misterio.

Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que varios dirigentes conservadores han sido preguntados sobre el momento en el que estos datos verán la luz. La respuesta siempre ha sido la misma: cuando lo pacten con el PSOE.

El Partido Popular vincula esta promesa al hecho de acordar con los socialistas un formulario para volcar los datos de las declaraciones de bienes y patrimonio de sus dirigentes y que después sirva también para extenderlo a Congreso y Senado. En el PSOE confiaba en poder pactar este documento en la fase previa a las negociaciones de esta ley.

Ahora, la promesa queda todavía más en el aire tras el rechazo de los socialistas a votar a favor del texto de la ley. Y máxime cuando el PP no está por la labor de hacer públicos los datos hasta acordar el ya famoso formulario.

Agendas, libros de visita y discos duros destruidos

Esta misma semana, las secretarias de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta aseguraron ante el juez Pablo Ruz que habían destruido las agendas de sus antiguos jefes al considerar que una vez que habían dejado el cargo carecían de interés.

Igualmente, el partido no ha podido entregar en los juzgados el libro de visitas de la sede nacional reclamado por el instructor del caso con el argumento de que los destruyen en cumplimiento de la ley de protección de datos. Es el mismo argumento del que tiraron cuando se les preguntó por qué los ordenadores que Luis Bárcenas empleó en la sede del PP, y que fueron reclamados por Ruz, llegaron a dependencias judiciales en un estado difícil de explicar si se tiene en cuenta que era el material de trabajo de una persona investigada por la Justicia.

Uno de los equipos, el más moderno, llegó con el disco duro cambiado. El otro, directamente sin disco duro, según reconocieron fuentes jurídicas.

A estos temas en concreto se refirió en el pleno de este jueves el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán. A su juicio, la ley de Transparencia “no servirá para luchar contra la corrupción” porque el Gobierno se escudará en la Ley de Protección de Datos para permitir la opacidad. A juicio del partido que lidera Rosa Díez, la norma ya ha nacido “incumpliendo su espíritu”: “Basta con ver las cosas que han pasado las últimas semanas”, añadió en referencia a la “destrucción de los ordenadores de Bárcenas” por parte del PP.

Reuniones secretas

En los últimos meses han saltado a la luz reuniones que, en principio, se mantuvieron secretas entre el presidente del Gobierno y representantes de otros partidos políticos o gobiernos regionales. La última entre Rajoy y Mas, que según avanzó el diario Ara tuvo lugar el pasado 29 de agosto, se conoció el pasado fin de semana.

Siempre que es preguntado por estas cuestiones, el Gobierno insiste en que no ve contradicción entre hacer públicos estos encuentros y el hecho de que vaya a poner en práctica la ley de transparencia.

Las novedades sobre el 'caso Bárcenas', sin aclarar

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció a petición propia en el Senado para rendir cuentas sobre el caso Bárcenas. Esto ocurrió el pasado 1 de agosto, con el miedo a tener que enfrentarse a una moción de censura con la que amenazaron los socialistas.

En esta comparecencia, el presidente del Gobierno mantuvo que cuando él llegó a Moncloa, en diciembre de 2011, el extesorero no tenía ningún tipo de vinculación con el partido. Después, la publicación de una nómina de Bárcenas fechada en mayo de 2012 y la declaración de Cospedal ante el juez Ruz el pasado 14 de agosto, en la que atribuyó a Rajoy y Javier Arenas la negociación del finiquito de Bárcenas, pusieron en evidencia algunas de sus afirmaciones. Pese a ello, el líder del Ejecutivo considera que no tiene que dar ninguna explicación adicional porque ya lo aclaró todo el 1 de agosto.

Esta negativa ha venido precedida en las últimas semanas por el bloqueo en la Mesa del Congreso y en la Junta de Portavoces a la posibilidad de interpelar al Gobierno sobre la financiación del PP. Incluso se vetó que el pleno de la Cámara debatiera sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación de las cuentas del PP.

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Ayer, justo después de la aprobación de la ley, se produjo una novedad al respecto. Según informó Europa Press, el PSOE podrá interpelar el próximo miércoles al Gobierno sobre el caso Bárcenas.

Para evitar un nuevo veto en la Mesa del Congreso, esta vez los socialistas han optado por no aludir expresamente a las finanzas del PP y plantean el debate para que el Gobierno informe de su política "en materia de rendición de cuentas al parlamento".

La misma táctica había utilizado horas antes el grupo parlamentario de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que en su caso presentó una interpelación para hablar, teóricamente, de las medidas de regeneración democrática que piensa adoptar el Ejecutivo.