El Gobierno no obstaculizará la investigación de la justicia argentina sobre la dictadura

El Gobierno asegura que "no está obstaculizando" la investigación judicial abierta en Argentina por los crímenes de la dictadura franquista y hasta el momento ha "dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio judicial internacional se han recibido" sobre este particular. Además garantiza que "prestará toda la colaboración" que "prevea y permita" la legislación española.

Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta que ha remitido al portavoz de Justicia de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien se interesó por la actuación del Gobierno ante la causa abierta en Argentina. Precisamente este miércoles, la jueza argentina María Servini que investiga los crímenes de la dictadura ha solicitado la extradición de cuatro ex altos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas.

En concreto plantea una orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias 'Billy El Niño'.

En la respuesta remitida a Llamazares, el Ejecutivo subraya que es "absolutamente respetuoso con la actuación de la justicia, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional". En este contexto, subraya que "prestará toda la colaboración que nuestra legislación prevea y permita".

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También señala que el Ministerio de Justicia, "en su calidad de autoridad central", debe "garantizar que los Convenios Internacionales sobre auxilio judicial internacional existentes se apliquen correctamente" así como que "la práctica de diligencias judiciales en España se realice bajo la cobertura jurídica de dichos Convenios".

En este contexto, recuerda que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitió una Nota Verbal a la Embajada de Argentina, el 8 de mayo de 2013, "recordando la existencia de un acuerdo bilateral con Argentina en materia de asistencia judicial penal y las exigencias que regulan el procedimiento para la realización de este tipo de diligencias jurisdiccionales".

Eso sí, apunta que, dada la "absoluta independencia del Poder Judicial", no corresponde al Ejecutivo "colaborar con la justicia argentina en el marco de una investigación judicial" sino, que en su caso, y "previa remisión de la oportuna comisión rogatoria", es a las autoridades judiciales a las que corresponde prestar dicha colaboración.