El TSJ valenciano no ve indicios de delito contra Camps y Barberá y devuelve el ‘caso Nóos’ a Palma

El Tribunal Superior de Valencia acaba de rechazar investigar el caso Urdangarin al no apreciar indicios de delito contra el expresidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El despliegue argumental en favor de Camps y de Barberá llega a tal punto que el tribunal califica de "decisión política" la de adjudicar a dedo a Instituto Nóos convenios por 3,5 millones de euros. 

Si se eligió al yerno del rey, razona el tribunal, fue porque sus "relaciones y repercusión social", así como su vinculación al mundo del deporte le presentaban como  "especialmente indicado" para desarrollar las cumbres turístico-deportivas de tres días cada una y pagadas a razón de 1,04 millones cada una de ellas. Eso fueron en resumen las Valencia Summit y el fallido proyecto de Juegos Europeos. El tribunal ni siquiera analiza el asunto de los desorbitados costes pagados con dinero público.

El rechazo entraña dos consecuencias de calado. La primera reside en que Barberá se mantiene incólume mientras que Camps se libra de la justicia por segunda vez tras su absolución en el caso de los trajes, vinculado al sumario Gürtel. Pero, en contrapartida, será el juez José Castro quien continúe con la instrucción, lo que significa una pésima noticia para Urdangarin y para su esposa, cuyas operaciones económicas aún indaga el magistrado.

Aunque el auto deja abierta la puerta teórica de una nueva remisión de la causa si se concretaran nuevos indicios contra Camps y/o Barberá, lo cierto es que esa hipótesis se perfila inverosímil, y en ello coinciden quienes conocen el caso. 

Para librar al expresidente de la Generalitat, señalado por testigos e imputados como el autor intelectual de la idea de adjudicar convenios a dedo a Iñaki Urdangarin, el TSJCV despliega una argumentación en la que, en la práctica, justifica los pasos dados por la Generalitat.

En un momento de la resolución, los magistrados del TSJCV llegan a manejar el siguiente razonamiento: “Sin perjuicio de lo que resultara finalmente, si se eligió precisamente al señor Urdangarin, fue por sus relaciones y repercusión social y vinculación con el mundo del deporte, lo que le hacía, al menos aparentemente, como especialmente indicado para el desarrollo de esa tarea”. El auto convierte el dedazo de Camps en “una decisión política más” que luego siguió “su curso administrativocorrespondiente”. 

Es más, en beneficio del expresident, el auto mantiene que la idea de otorgar los Juegos Europeos a Instituto Nóos “puede que naciera del señor Camps”.  “Pero -y aquí viene el mazazo a los antiguos subordinados de Camps- en su desarrollo posterior participan una serie de autoridades y funcionarios, partiendo del propio vicepresidente, [Víctor] Campos, que interviene en las negociaciones previas, y firma el convenio junto al señor [Esteban] González Pons, conseller de Relaciones Institucionales, que participa en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana”.

Ese convenio, que garantizaba seis millones a la pretendida ONG de Urdangarin, se firmó en la víspera de la Nochebuena de 2005. Y, desde luego, los dos subordinados de Camps contra lo que dirige el dardo el TSJ valenciano coincidieron en que la autoría intelectual corresponde al expresident. En su declaración ante el juez en calidad de testigo, Víctor Campos declaró sin dudas que el motor de aquel convenio fue Francisco Camps. También Pons señaló al expresidente y admitió sin ambages que la Generalitat benefició a Urdangarin porque era miembro de la Familia Real.

El tribunal minimiza la celebración del encuentro en Zarzuela y califica de “difusos” los indicios que señalan en la dirección de que, celebrado en 2004, ese fue el momento fundacional de los convenios que reportaron a Iñaki Urdangarin y Diego Torres 3,5 millones de euros del erario valenciano. 

Los razonamientos esenciales del auto favorecen a Camps y Barberá. Pero, también, benefician a Iñaki Urdangarin, cuya defensa siempre ha sostenido, como la de Diego Torres, que nada ilegal hubo en los convenios. No obstante, fuentes del caso consideran que los indicios contra Urdangarin poseen tal envergadura que solo un terremoto podría librarle del banquillo. 

A día de hoy, la duda estriba en saber si la negativa del TSJCV a imputar a Camps y/o Barberá y la automática confirmación de José Castro como juez instructor llevará a este a acelerar sus decisiones sobre la infanta Cristina o si, por el contrario, analizará con calma los futuros pasos a dar, ya sin la presión de una eventual pérdida de competencia. Como adelantó el viernes infoLibre, el juez recibió la semana pasada un informe policial que confirma cómo la empresa Aizoon, cuya propiedad se reparten al 50% Urdangarin y Cristina de Borbón, pagó tres eventos familiares: la comunión de los dos hijos mayores de la pareja, el nacimiento de la benjamina y la fiesta del 40 cumpleaños del duque de Palma.

Aizoon también pagó a la infanta entre 2006 y 2010 cantidades periódicas e idénticas a las que percibía su marido. Al menos en 2007 y en 2009, esos pagos se correspondían con el alquiler a Aizoon del palacete de Pedralbes. Es decir, los propietarios físicos del inmueble lo alquilaron a la empresa de la que son igualmente propietarios.

En las últimas semanas, los análisis y pronósticos formulados por fuentes del caso coincidían en el enorme dilema abierto por la decisión del juez Castro de enviar a Valencia lo que se llama una exposición razonada -una solicitud de investigación que afecta a aforados ante un tribunal superior o el Supremo- tras hallar indicios contra Camps y Barberá.

Todas las partes consultadas -entre las que no figuran las defensas de Urdangarin y Torres- coincidían en subrayar que si el TSJCV asumía el caso al completo, el gran beneficiado sería el yerno del rey pero a costa de mantener a los pies del banquillo a Francisco Camps y/o a Rita Barberá, quienes por su condición de diputados gozan de aforamiento ante el alto tribunal valenciano.

El juez del ‘caso Nóos’ cita a declarar como testigos a Camps y Barberá el próximo día 16

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El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, apoyó la exposición razonada del juez pero introdujo una matización de relieve: pidió que el TSJCV asumiera el conjunto de la investigación y no solo una parte. Lo hizo bajo el argumento de que, dividirla, podría conducir a la paradoja de que los mismos hechos fueran objeto de condena en un juicio y motivo de absolución o archivo en otro. 

Algunas fuentes conocedoras del sumario consideran que la inquietud generada por un eventual traspaso de la instrucción al TSJCV se habría evitado si el juez Castro hubiera pospuesto hasta el final de las investigaciones el envío de su escrito sobre Camps y Barberá.

El entorno del magistrado sostiene que haber actuado así habría dado peligrosas bazas al expresident balear Jaume Matas, imputado por indicios muy parecidos a los que el juez Castro detectó contra Camps aunque más contundentes y abundantes. Matas lleva más de un año quejándose de que recibe un trato distinto al de su antiguo homólogo valenciano, Francisco Camps.