Iglesia católica

La Iglesia católica se salva de los recortes mientras se aparca su autofinanciación

Rouco Varela y Renzo Fratini inauguraron la asamblea de los obispos, este lunes, en Madrid.

La autofinanciación de la Iglesia católica –a la que se aludía en los acuerdos entre el Gobierno de Suárez y la Santa Sede en 1979– sigue siendo una quimera. El próximo año, el Estado abonará 159,6 millones de euros a la jerarquía en 2014 como anticipo del IRPF, aunque la cantidad total que recibirá por esta asignación se complementará con la liquidación de lo recaudado el año anterior. El adelanto es la misma cantidad que en 2012 y 2013 a pesar de que los ingresos previstos por impuestos sobre la renta y cotizaciones sociales caen un 0,7%, según las previsiones del Ejecutivo. 

Este dinero es el que se utiliza para pagar a la Conferencia Episcopal y los salarios del clero. No obstante, el monto total que recibirá el próximo año por esta asignación se complementa con la liquidación de lo recaudado el año anterior. En 2013 el total ascendió a 247 millones, 1,2 menos que en 2012 como consecuencia del descenso del número de personas que marcaron esa casilla. Esta cantidad sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%.

Además, según se detalla en el proyecto de ley de Presupuestos, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias entregará 309.500 euros a la Conferencia Episcopal para atender el culto en las cárceles. Y Cáritas recibirá 27.200 euros para programas con sentenciados sin penas privativas de libertad. Asimismo, el Ministerio de Educación y Cultura ayudará a la restauración de catedrales con 1,9 millones de euros y de arquitectura religiosa con otros 1,3 millones de euros.

Sectores laicistas llevan décadas denunciando estos privilegios. De hecho, señalan que estas asignaciones reflejadas en las cuentas del Estado, no son el único dinero público que recibe la Iglesia católica. Europa Laica calcula que en 2013 el Estado entregará a los obispos 11.337 millones de euros incluyendo lo que dejará de ingresar por exenciones fiscales como el impago del IBI u otros impuestos municipales o las transferencias a la educación y la sanidad concertadas. Esto hace que cada habitante, sea o no creyente, pague de forma indirecta, una media de 260 euros para sostener a esta institución, siempre según datos de este colectivo.

Un sistema asentado 

"No resulta compatible con la laicidad el estatus económico del que goza la Iglesia católica, pues ha venido recibiendo del presupuesto público generosas concesiones económicas a través del IRPF", señala a infoLibre el historiador Ángel Luis López Villaverde, que en su libro El poder de la iglesia en la España contemporánea (Catarata), analiza el papel de las instituciones religiosas en una sociedad laica y la pugna entre los dirigentes eclesiásticos y civiles a lo largo de la historia.

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López Villaverde recuerda que en el acuerdo del 3 de enero de 1979 sobre asuntos económicos se establecía un nuevo sistema de colaboración financiera, con una duración indeterminada, hasta que la Iglesia consiguiera su autofinanciación. "No se basaba en la dotación eclesiástica, como antaño, sino en la asignación de un porcentaje del rendimiento de la declaración de la renta que los contribuyentes destinaran a su sostenimiento", señala. Sin embargo, esa pretendida autofinanciación no se vislumbra a corto plazo a pesar de que sólo un tercio de los contribuyentes anotan la casilla para el sostenimiento de la Iglesia católica. "Han pasado 34 años y la Iglesia católica no ha cumplido su compromiso, por lo tanto el Estado está obligado a revisar o a no cumplir este Acuerdo", señalan desde Europa Laica.

En 1987 el Gobierno de Felipe González fijó la asignación en el 0,5329%. El de José Luis Rodríguez Zapatero la amplió en 2006 al 0,7% a cambio de que la Iglesia pagara el IVA. No obstante, continúan otras exenciones –IBI, impuestos de sucesión, donaciones o transmisiones patrimoniales–, que no son exclusivas de la Iglesia católica. Se extienden, por la ley de incentivos fiscales al mecenazgo de 2002 a las fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG, federaciones y asociaciones sin fines lucrativos. 

Aunque otras confesiones religiosas minoritarias disfrutan también exenciones fiscales, los acuerdos con judíos, musulmanes y protestantes no incluyen concesiones económicas. Frente a ese "blindaje financiero" de la Iglesia católica española, López Villaverde propone otros modelos. Entre ellos, el de la laica República francesa, que no financia a ninguna confesión o el de la laica Monarquía belga, que financia, en función de sus fieles, a todas. 

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