El Gobierno advierte al PP de que el texto de la reforma local no admitirá “cambios radicales”

El Congreso de los Diputados ha ampliado por segunda vez consecutiva la presentación del plazo de enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, un texto que no convence del todo ni a los alcaldes del PP. Fuentes conocedoras de estas negociaciones han advertido a los regidores conservadores de que no esperen grandes cambios al texto. Hacienda no quiere abrir un nuevo frente con las comunidades en materia competencial. Los partidos tienen ahora hasta el 8 de octubre para poder seguir sumando enmiendas al texto que salió del Consejo de Ministros a finales del mes de julio.

Según las mismas fuentes, una vez solucionado en gran parte el tema de las competencias impropias, es decir aquellas que durante años llevan prestando los ayuntamientos y que corresponden a las comunidades, no hay más margen para incluir algunas de las reivindicaciones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en la que el PP tiene la mayoría. Se trata, por ejemplo, de los servicios locales, de los consultorios médicos y de los centros escolares.

La plasmación de la reforma local en un proyecto de ley ha sido uno más de los quebraderos de cabeza del Ministerio de Hacienda. Desde el comienzo de las negociaciones el poder local, en gran parte en manos del PP, el partido de Gobierno, no ha visto con buenos ojos un texto en el que se consideraban los ayuntamientos se consideran los grandes perjudicados en beneficio de las comunidades autónomas.

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No pasa por alto que tanto PSOE como IU se levantaron de la mesa de negociación de la FEMP el pasado julio después de que la mayoría del PP en la Federación lograra vetar su propuesta de la celebración de una asamblea de alcaldes que se pronunciasen sobre el texto del Gobierno. Mientras, el PP intentaba defender un texto que no acaba de gustarle poniendo el énfasis en los logros: la eliminación del coste estándar, la solución de la cuestión de las competencias impropias y el hecho de que los ayuntamientos pequeños que no cumplan con los objetivos de déficit no puedan ser intervenidos.

Desde la FEMP interpretan la intención del Gobierno de no tocar el proyecto "en lo sustancial" como un intento de no abrir nuevos frentes con las comunidades autónomas. El déficit a la carta, la pendiente financiación autonómica, la reforma de las administraciones públicas y el reparto del Estado para las comunidades en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año ha incrementado el enfado de gran parte de los barones del PP con Hacienda. De hecho, varios alcaldes consultados por infoLibre al respecto consideran que si la ley no es lo suficientemente ambiciosa no lo es precisamente por la presión de las comunidades autónomas.

Esta advertencia, no obstante, no evitará que el poder municipal del PP siga haciendo campaña hasta el 8 de octubre, cuando se acaba el plazo de enmiendas, para hacerse escuchar por los diferentes grupos parlamentarios.