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Funcionarios denuncian que Castilla y León privatiza los trámites de la Dependencia

  • La plataforma Viernes Negro de Burgos ha denunciado este jueves que la tramitación de los servicios de Dependencia está externalizada desde hace varios años
  • Según ellos, el contrato con la empresa FUCODA supone un coste extra para la administración porque las mismas funciones podrían ser desempeñadas por empleados públicos
  • Los empleados públicos piden que el dinero extra que se utiliza para contratar a la empresa privada se destine a incrementar las ayudas
  • Los funcionarios también denuncian la falta de transparencia de la administración, a la que tachan de ser "absolutamente opaca"

Publicada el 10/10/2013 a las 17:44 Actualizada el 10/10/2013 a las 20:57
Un manifestante agita sobres en protesta por los recortes en Dependencia

Un manifestante agita sobres en protesta por los recortes en Dependencia el pasado verano.

La plataforma Viernes Negro de Burgos, que agrupa a empleados públicos de la Junta de Castilla y León, ha denunciado este jueves que la tramitación de los servicios de Dependencia está externalizada desde hace varios años, lo que según ellos supone un coste extra para la Administración que podría evitarse si estas funciones fueran cubiertas por funcionarios.

Según aseguran en su denuncia, la Junta tiene un acuerdo desde hace aproximadamente tres años con la empresa FUCODA, cuyos empleados –que actualmente ascienden a seis, pero que antes de julio llegaron a ser ocho, según los datos que aporta el colectivo– se ocupan de "funciones de tramitación de expedientes de Dependencia". Viernes Negro, además, señala que la Administración no facilita ninguna información del contrato con la compañía. "Cuando la Junta habla de transparencia y al Sr. Herrera se le llena la boca con el Anteproyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, ¿a qué se refiere?", se pregunta el colectivo en su escrito.

La Junta, "absolutamente opaca"

Además de todo esto, el grupo denuncia que la administración comenzó a "censurar estas informaciones desde el momento en que este colectivo empezó a denunciar la invasión de empresas privadas en las dependencias de la Junta de Castilla y León". Viernes Negro se queja, asimismo, de "la falta de información y respuesta a las preguntas planteadas por los empleados públicos"; en este sentido, Miguel Álvarez, empleado público de la Junta y miembro de Viernes Negro, denuncia que, a pesar de sus peticiones, la administración ha sido "absolutamente opaca".

Álvarez afirma que las compañías privadas están "usurpando las funciones" de los empleados públicos. "Están vaciando la administración de competencias para dárselas a empresas privadas", asegura el funcionario, que además se queja de que, mientras se externaliza la gestión de estos servicios, "unos empleados públicos están probablemente ociosos" porque no tienen trabajo que hacer. "¿Cómo es posible que [...] se sigan renovando contratos de servicios públicos con empresas externas habiendo empleados públicos que los han desempeñado siempre a la perfección y con total garantía de independencia y objetividad?", cuestiona el colectivo en su documento.

Viernes Negro pide a la administración que responda a sus cuestiones

La empresa FUCODA se define en su propia página web como una compañía "comprometida con la inclusión laboral de las personas con discapacidad como instrumento básico para la plena integración social". A este respecto, Viernes Negro se pregunta si los trabajadores que ha contratado la Junta con esta compañía "tienen alguna minusvalía", y "por qué renuncia esta Consejería a las bolsas de empleo de contratación de administrativos y técnicos creadas a través de pruebas selectivas, en las que hay numerosos castellanos y leoneses con diferentes grados de minusvalía".

"Con los presupuestos para dependencia en franca disminución, ¿nadie de la consejería de Familia se ha parado a pensar que se tienen que optimizar los recursos de la propia administración? ¿Quién es el responsable de la aprobación de este contrato a FUCODA? ¿Por qué se hace un gasto innecesario contratando a personas de una empresa externa, teniendo a empleados públicos que pueden realizar esas funciones sin ningún incremento del coste? ¿Por qué ese ahorro en el presupuesto no se destina a incrementar las ayudas a la dependencia, en lugar de que se lucren los directivos de una empresa privada?" preguntan los miembros del colectivo, que solicitan a la Junta que "dé trámite al presente escrito y se realicen las actuaciones pertinentes al objeto de aclarar todo lo relatado".
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