Reforma local

La oposición ve en la reforma local una herramienta más para la privatización de servicios

La oposición ve en la reforma local una herramienta más para la privatización de servicios

En el año y medio que lleva trabajando sobre la reforma local, el Gobierno y el PP han definido al Ejecutivo de Rajoy como el "más municipalista" de la democracia. Este jueves, los grupos de la oposición han intentado destruir este mantra coincidiendo en que el texto, del que se debatían las enmiendas a la totalidad, es un ataque directo a los ayuntamientos y abre la puerta a la prestación de servicios al sector privado. Sólo el PNV retiró su enmienda en el último minuto.UPN tampoco apoyó las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, la Izquierda Plural, UPyD, CiU y el PSOE.Recurso ante el Constitucionalel PNV retiró su enmienda

En su intervención, el diputado del PSOE Gaspar Zarrías instó al Gobierno a retirar la reforma al considerarla "inconstitucional, tremendamente torpe y en muchos casos inaplicable". "Es un ataque demoledor y destructivo de la institución local", consideró.

Durante su uso de la palabra, el socialista fue muy crítico con el texto del Gobierno y con el titular de Hacienda: "No se si pasará a la historia. Por ganar un Goya le aseguro que no, pero si esta ley se aprueba lo hará por haber sido el ministro que destruyó el mundo local y con él buena parte de la cohesión territorial que hemos conseguido entre todos", mantuvo.

A juicio de Zarrías, la reforma que seguirá ya su trámite parlamentario "abre de par en par las puertas al sector privado". Y, además, "va a dibujar un mapa local que va a variar en función de la comunidad autónoma" de la que se trate.

Por su parte, el alcalde de Roses (Girona), Carles Páramo (CiU) definió de "traición a los municipios", "nueva traición a Cataluña" y "cortina de humo y engaño" el texto del Gobierno. Tras días de intensas negociaciones, el Grupo Parlamentario Popular no logró que los nacionalistas catalanes retiraran su enmienda a la totalidad.

"Este proyecto no sirve ni se puede aplicar. Ni sirve para racionalizar ni garantiza la sostenibilidad del mundo local. Lo van a pagar los ciudadanos y entre estos, las clases más desfavorecidas", señaló el regidor catalán.

Desde el PNV, que finalmente sí acordó con el PP la retirada de la enmienda a la totalidad, su portavoz, Pedro Azpiazu, exigió que el texto definitivo de la ley tenga en cuenta al régimen foral. "Pedimos la incorporación de disposiciones adicionales", recordó.

Ascensión de las Heras, en representación de la Izquierda Plural lamentó que con el texto del Gobierno en la mano, "se eliminen las competencias de los entes locales y se pasen a los entes provinciales". Estos últimos, dijo, "pondrán en venta los servicios prestados por los ayuntamientos".

La diputada de IU auguró que la reforma de Montoro supondrá la pérdida de miles de empleos públicos y también la pérdida de derechos por parte de la ciudadanía. "Peligra el Estado de bienestar", sentenció.

Desde Compromís, Joan Baldoví, alertó de que con esta reforma "se privatizarán los servicios sociales y otros servicios públicos". "Entregarán a dinosaurios anacrónicos, las diputaciones, los ayuntamientos".

PP y PSOE exhiben su poder municipal

Horas antes de que comenzara el debate, PP y PSOE exhibieron su poder municipal. Los primeros, para defender una reforma con la que no todos sus regidores comulgan. Y los segundos, para sellar su compromiso de que cuando lleguen al Gobierno darán marcha atrás y eliminarán esta ley.

Trámite parlamentario

A partir de ahora, continuará el trámite parlamentario de la reforma de la administración local con el debate de las enmiendas parciales. 

La ley, que ha sido trabajada conjuntamente desde el Ministerio de Hacienda, la vicesecretaría de Política Autonómica y Local del PP –en manos de Javier Arenas– y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no contempla la financiación local.

Según confirmó Cristóbal Montoro el pasado lunes en la sede del PP en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del partido, este asunto se abordará e mediados del año 2014 de forma paralela a la reforma de la financiación autonómica.

Declaración pública de alcaldes del PP

El PP, el partido que sustenta al Gobierno tiene en sus manos más de 3.000 consistorios de los poco más de 8.000 existentes en España. Una treintena de ellos estuvieron este jueves en el Congreso para apoyar este proyecto de ley. 

El Gobierno se resigna a pactar la reforma local sólo con alcaldes del PP

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Antes de que comenzara el pleno, los regidores, entre los que se encontraban las alcaldesas de Madrid, Ana Botella, o Valencia, Rita Barberá, mantuvieron una breve reunión con dirigentes del PP y miembros del Gobierno. La cita estuvo presidida por Montoro y por Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y presidente de la Federación de Municipios y Provincias.

Consciente de que la oposición, casi en pleno, se había conjurado para trasladar la idea de que esta ley supone la consolidación de la prestación de los servicios públicos por parte la empresas privadas, De la Serna mantuvo que, a su juicio, "no hay nada en el texto de la ley" que permita llegar a esa conclusión.

"Todos pedimos [desde la FEMP] que se hiciera justicia con los servicios sociales, que son el punto más importante de las competencias impropias [...] Si no son asumidas en un año por las comunidades, el Estado pagará esos servicios detrayendo a las comunidades ese dinero para que los municipios presten esos servicios", señaló el alcalde de Santander.

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