Caso Nóos

Anticorrupción pide que Camps y Barberá declaren como testigos en el ‘caso Urdangarin’

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, conversa con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante el debate de política general en Les Corts Valencianes.

La Fiscalía Anticorrupción ha cumplido el plan adelantado el pasado 25 de septiembre por infoLibre y acaba de pedir que el expresidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos del PP, declaren como testigos en el caso Nóos.

Fuentes jurídicas han confirmado que la solicitud de la Fiscalía, a la que más que probablemente accederá el juez José Castro, también afecta al exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps.

La decisión del ministerio público de interrogar a Camps y Barberá como testigos –y, por tanto, obligados a decir la verdad– es consecuencia directa de la negativa del Tribunal Superior de Valencia de investigarnegativa del Tribunal Superior de Valencia de investigara ambos como presuntos copartícipes de los delitos atribuidos a Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres en lo referido a la adjudicación a dedo de convenios públicos en Valencia por 3,5 millones de euros. Diversos testigos e imputados han señalado a Camps como el verdadero artífice de los convenios con Instituto Nóos, la pretendida ONG de Urdangarin, para que organizase las cumbres turístico-deportivas Valencia Summit durante tres años. Según Diego Torres, cuya declaración no ha sido formalmente desmentida por nadie, el primero de esos convenios se firmó después de que él mismo y Urdangarin se reuniesen con Camps y Barberá en el palacio de la Zarzuela.

Anticorrupción planea que Camps y Barberá declaren como testigos en el ‘caso Urdangarin’

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La negativa del Tribunal Superior valenciano a investigar el caso Urdangarin bajo el argumento de que no había indicios de delito contra Camps y Barberá ha tenido así consecuencias inmediatas. Según el tribunal, había signos evidentes de delito pero no cabía atribuir su comisión ni a la alcaldesa ni al expresident, sino a los antiguos subordinados de este último y actuales imputados. Porque si aquellos convenios, "cuyo valor real y utilidad es profundamente discutible" -admitía el auto- se llevaron a término con expedientes "que sencillamente se elaboraron con el fin de vestir a posteriori el expediente", alguien tuvo que hacerlo.

El TSJCV basaba la exculpación de Camps y Barberá en que nada indicaba que protagonizaran algún comportamiento delictivo “de forma personal, directa y voluntaria”. Desde comienzos de 2012, ni el fiscal Pedro Horrach ni el juez José Castro habían accedido a tomar declaración testifical a Camps y Barberá precisamente porque ya atisbaban indicios de delito en su actuación y todo lo que dijeran como testigos podía, por tanto, incriminarlos.

Los razonamientos del auto favorecían a Camps y Barberá. Pero, también, beneficiaban al propio Urdangarin, cuya defensa siempre ha sostenido, como la de Diego Torres, que nada ilegal hubo en los convenios. No obstante, fuentes del caso consideran que los indicios contra el marido de la infanta Cristina son de tal calado que solo un terremoto podría librarle del banquillo. Célebre en la época de su anterior presidente por cerrar en falso el caso de los trajes contra Camps, del que finalmente salió absuelto en un juicio con jurado, el tribunal valenciano da con este texto bazas a quienes -como Urdangarin y Torres- arguyen que nada ilegal hubo en los convenios ni en el sistema de elegido para su otorgamiento.

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