LA PORTADA DE MAÑANA
Ver
Especulación en el infierno: los intermediarios inflan los precios en medio del caos y la muerte de Gaza

Caso Bárcenas

Dos juezas adoptan decisiones opuestas sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

Dirigentes del PP critican el “show lamentable” del juicio impulsado por Cospedal

Dos juzgados de Madrid han tomado decisiones opuestas sobre los mismos hechos: la destrucción de pruebas por parte del PP en el caso Bárcenas. Mientras la titular del Juzgado de Instrucción número 32, Esperanza Collazos, ha archivado este miércoles la investigación sin llevar a cabo ninguna diligencia, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 49, Josefa Bustos Manjón, firmó el 25 de octubre un auto conocido este jueves en el que asegura que los hechos mencionados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

De esta forma, la querella presentada por la asociación Observatori DESC contra Estrella Domínguez, la secretaria del extesorero del PP Luis Bárcenas, por la destrucción de sus agendas; y contra el ex jefe de seguridad del partido en la sede nacional del partido, Antonio de la Fuente, por la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad y de los libros de entradas y salidas, se mantiene viva. Todo lo contrario que la investigación que se inició a raíz de la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de dejar en manos de un juzgado ordinario la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. 

Los altos tribunales europeos también suspenden en paridad

Los altos tribunales europeos también suspenden en paridad

La jueza Bustos Manjón, que investiga la querella por encubrimiento, ha solicitado a su colega que le remita una certificación acreditativa de los hechos investigados, incluyendo los nombres de las personas que intervienen en los mismos. Fuentes de la acusación sostienen que la querella en el Juzgado 49 se presentó días antes de que la jueza del 32 iniciase su investigación.

La magistrada del Juzgado número 32, tras aceptar la competencia de la investigación, asegura en un auto que no hay indicios de que el PP haya podido cometer un delito de daños informáticos, al considerar que los ordenadores eran del PP "como titular del inmueble de la calle Génova" y no de Bárcenas. Tampoco ve un posible encubrimiento en el borrado de los discos duros, alegando que todavía no se ha demostrado en la causa principal que se haya producido un delito. Expertos juristas consultados por infoLibre coinciden en señalar que, desde 1995, la jurisprudencia "separa el encubrimiento del delito madre. Un ejemplo: una persona puede cometer un homicidio y otra ocultar el cadáver; quizá el primer delito no se pueda demostrar, pero el segundo sí".

Collazos toma esta decisión, que de hecho evita que el PP se convierta en el primer partido político imputado, el mismo día en el que se conoció la decisión de la Fiscalía de Madrid, que iba en el mismo sentido. Un sentido diametralmente contrario al del instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que en un auto decidió enviar a los juzgados de Madrid el caso al detectar la posible existencia de dos delitos en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. En concreto, uno de los ordenadores fue formateado seis días después de que el extesorero del PP ingresara en prisión.

Más sobre este tema
stats