El juez impone a la familia Carceller una fianza civil de 764 millones de euros

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado una fianza civil a la familia Carceller, los propietarios del Grupo Damm, de 764 millones de euros, según un auto del 31 de octubre en el que el juez dicta la apertura de juicio oral. En el juicio Demetrio Carceller Coll, principal accionista del grupo alimentario, y su hijo Demetrio Carceller Arce, tendrán que hacer frente a la investigación de la Fiscalía, que solicitaba el ingreso en prisión durante 48 y 14 años, respectivamente.

En concreto, Ruz considera que Demetrio Carceller Coll, hijo de un ministro de la dictadura de Franco, es autor de 13 delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales, por lo que tendrá que consignar una fianza de 511 millones de euros. Su hijo, Demetrio Carceller Arce, que es el actual gestor de la empresa familiar, es acusado de cuatro delitos contra la Hacienda Pública y un quinto de blanqueo de capitales en calidad de cooperador necesario. En el caso de Carceller Arce la fianza civil se eleva gasta los 253 millones de euros. En total 764 millones de euros.

Asimismo, el juez mantiene el bloqueo de las acciones vinculadas a Demetrio Carceller Coll de las que es titular la empresa Seegrund BV en el Grupo Damm, que tienen un valor de 208,5 millones de euros.

Además de la familia Carceller, el juez de la Audiencia Nacional ha impuesto 269,5 millones de euros a José Luis Serrano Flórez y 402,8 millones a Gabriel Pretus Labayen como cooperadores necesarios. En total, las fianzas en relación con este caso se elevan hasta los 1.437 millones de euros, más de 200 millones superior a las fianzas del caso Pecanova, también dictadas por el juez Pablo Ruz.

La Fiscalía Anticorrupción señalaba en su escrito que Carceller Coll se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda "cuando menos, desde el año 1990", simulando residir en Portugal y Reino Unido "con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España", informa Europa Press.

Así, el expresidente de la cervecera habría ocultado, según Anticorrupción, ser el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades radicadas y cuyo núcleo principal de actividad se desarrolla en España para lo cual contó con la participación del resto de acusados.

Añadía Anticorrupción que, con este fin, utilizó "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo trust radicadas en paraísos fiscales como Panamá, Luxemburgo, Antillas holandesas y Madeira. Dicho entramado fue creado con el asesoramiento del despacho de Gabriel Ignacio Petrus, que llamaba a su cliente con el apodo "Jardines".

Según el Ministerio Público, tanto Carceller Coll como su mujer, María del Carmen Arce, han residido en España tanto en la capital como en Galapagar (Madrid), si bien para ocultarlo adoptaban numerosas medidas de precaución "tales como evitar frecuentar restaurantes o sitos de ocio; realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo", Carceller Arce, la firma de cualquier negocio u operación económica.

Todos los hechos atribuidos por Anticorrupción al empresario cervecero son constitutivos de trece delitos contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales de los que Carceller Coll debe responder como autor mientras que su "mano derecha", su hijo y su asesor deberán hacerlo como cooperadores necesarios.

Responsabilidad del actual presidente

Por su parte, al actual presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, concretamente, se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por el fraude sobre Impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Se le piden por ello 14 años de cárcel y multas millonarias.

A su padre, Anticorrupción le pide tres años y medio de prisión por cada uno de los delitos de fraude y tres años por el de blanqueo. Para José Luis Serrano Florez 19 años de cárcel y para el asesor Ignacio Gabriel Petrus 41 años.

El escrito detalla las complicadas estructuras fiduciarias creadas y utilizadas para ocultar todos los intereses económicos de Carceller padre así como para revertir las cantidades defraudadas e incrementar así su patrimonio y rentas.

Se hizo a través de sociedades como Atlántica Petrogás S.A. (antigua Naviera Petrogás S.A.). De esta sociedad el empresario ostentaba un paquete a través de Aboukier Maritime S.A, participada a su vez por la sociedad de Madeira Roquesta Constultadoria E Servicios LDA. Entre ellas se adquirían participaciones que pasaban a formar parte de otras sociedades como la lusemburguessa List S.A o la alemana Bankhaus Hermann Lampen KG en lo que el fiscal denomina Operación Nelson.

El escrito de Anticorrupcion detalla operaciones similares para la ocultación de activos en otras sociedades como la Piolin (para ocultar paquetes accionariales en Inmuebles del Archipiélago S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); la "operación Halfrond" (para ocultar inversión en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o la denominada "operación de sociedades agrarias" (inversiones en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque y FM).

Anticorrupción contabiliza hasta seis de estas operaciones e incluye también en su escrito que Carceller Coll fue titular de diversas cuentas bancarias abiertas en JP Morgan y Citigroup; así como de sociedades instrumentales que a su vez figuraban como titulares de cuentas abiertas en estas entidades financieras.

Dichas cuentas bancarias, si bien operaban materialmente desde España, según Anticorrupción, estaban abiertas formalmente en oficinas bancarias del exterior, en concreto Citigroup Private Bank en Londres y JP Morgan en Bruselas, lo que contribuyó a conseguir la finalidad defraudadora perseguida por el expresidente de la cervecera.

También se le atribuye a Carceller Coll un ocultamiento de fondos a la hora de declarar los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana Josefina Carceller en lo que Anticorrupción denomina Operación Tia Tula 2.

En este caso, heredó un total de 9.072.981,54 euros y únicamente declaró 6.736.887,64. Sólo en esta operación defraudó al fisco 1,2 millones de euros. Hasta julio de 2013, según Anticorrupción, los intereses de demora devengados por dicha cuota ascendía a 486.418,56 euros.