Urdangarin intenta un pacto de última hora con el fiscal para reducir su condena

Cercado por un alud de datos incriminatorios en el caso Nóos ycon la infanta en el ojo del huracán de una posible segunda imputación, Iñaki Urdangarin ha iniciado un acercamiento a la Fiscalía en busca de un pacto de última hora.

Ayer, y al tiempo que el juez José Castro decretaba el embargo de los bienes de Urdangarin –incluida la mitad del palacete de Pedralbes- y citaba como testigos al expresidente valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa Rita Barberá, fuentes de la investigación confirmaron a infoLibre que el yerno del rey ha enviado ya un mensaje a Anticorrupción. Es un prestigioso abogado ajeno a su equipo de defensa quien ha emprendido las maniobras de tanteo. Este diario omite su nombre dado que anoche no pudo recabar su versión de los hechos.

En teoría, el pacto con la Fiscalía siempre es posible hasta un minuto antes de que comience el juicio. Pero, en la práctica, y así lo subrayan las fuentes consultadas, que Anticorrupción accediese a un acuerdo de rebaja de penas, “que en ningún caso le salvaría del ingreso en prisión”, obligaría a Urdangarin a dar dos pasos de máxima envergadura: devolver ya el dinero público que Instituto Nóos captó básicamente de los Gobiernos balear y valenciano –seis millones de euros- y hacer un reconocimiento expreso de culpa y arrepentimiento por el daño que su pretendida ONG Instituto Nóos infligió al erario público y al concepto mismo de legalidad.

En principio, y con la duda de si el delito de blanqueo de capitales se incorporará finalmente a la nómina de delitos, Urdangarin se arriesga a una condena de cárcel por malversación, fraude a la administración, delito fiscal, tráfico de influencias y prevaricación. Cuántos años pedirá la Fiscalía constituye una incógnita, dado que la suma de penas asignadas por el Código Penal a cada delito no dejaría de ser una quimera. Pero quienes siguen el caso, creen difícil una petición de pena inferior a seis años.

En mayo de 2012 ya hubo un intento fallido de pacto. Fue entonces cuando arreció la versión según la cual Diego Torres chantajeaba a Urdangarin: silencio a cambio de dinero y trabajo. Los allegados al exsocio del duque sostienen lo contrario: que fueron personas alineadas con Urdangarin quienes efectuaron un acercamiento para que el antiguo profesor de ESADE guardase silencio y asumiera toda la culpa a cambio de garantizarle un futuro sólido a su familia y a él mismo. Qué ocurrriá con Diego Torres si Urdangarin alcanza un acuerdo por separado es otro de los interrogantes.

Tras un año de silencio acompañado por la entrega al juez de varios paquetes de correos electrónicos comprometedores penalmente para Urdangarin pero que también plantean la pregunta de qué sabían la infanta y el propio rey, Torres declaró finalmente en febrero. Y desveló, por ejemplo, que fue en una reunión en Zarzuela donde Urdangarin y él mismo fraguaron con Francisco Camps y Rita Barberá la idea de encomendar a Instituto Nóos la organización de las cumbres turístico-deportivas bautizadas como Valencia Summit. 

¿Se replantea Urdangarin ahora la opción del pacto porque se siente acorralado por una instrucción cuajada de datos incriminatorios o para alejar del foco a Cristina de Borbón y conjurar el peligro de que el juez la impute de nuevo?

La pregunta carece aún de respuesta, aunque en los últimos meses todos los esfuerzos de la Casa Real y su entorno han ido dirigidos a proteger a la infanta. No cabe descartar, sin embargo, que en la fase previa a la apertura de juicio se produzcan nuevos movimientos destinados a presentar a Urdangarin, otra vez, como una víctima inocente de su antiguo socio, Diego Torres.

Mientras que el fiscal del caso, Pedro Horrach, ha sostenido hasta la fecha que ningún indicio apunta a la participación de la infanta en los manejos de su marido, el juez José Castro sopesa ahora los nuevos informes policiales y de Hacienda antes de pronunciarse por segunda vez, que es lo que la Audiencia de Palma le ordenó tras levantarle la imputación a la hija del rey con un auto donde unas páginas contradecían a las anteriores. La Audiencia descartó que la duquesa de Palma hubiera podido incurrir en tráfico de influencias pero, paradójicamente, ordenó al magistrado averiguar si pudo cometer delito fiscal o de blanqueo de capitales.

Los informes remitidos por la Policía confirman que Cristina de Borbón pagó gastos personales con dinero de Aizoon SL, la empresa cuya titularidad comparte con Urdangarin y que recibió 1,5 millones de Instituto Nóos y de otras empresas del entramado gracias al sistemático cruce de facturas falsas emitidas por servicios inexistentes.

El mecanismo urdido para que las sociedades de Urdangarin y Torres computasen más gastos de los reales y pagasen, por tanto, menos impuestos al Estado llegó a su cénit con el alquiler del palacete de Pedralbes. Urdangarin y Borbón, copropietarios de la mansión ahora embargada –puede venderse pero solo si el comprador acepta asumir esa carga- se la alquilaron en 2005 a Aizoon SL mediante un contrato firmado por los dos miembros de la pareja. En otras palabras, se arrendaron a sí mismos el domicilio familiar, empezaron pagándose a sí mismos 500 euros cada uno al mes en 2006 por ese concepto y terminaron en 2010 subiéndose el alquiler a 654 euros.

¿Implica lo anterior que la infanta tenía plena conciencia del papel real jugado por Aizoon SL y la ilegalidad de los fondos obtenidos por la sociedad? ¿Contribuyó a que la empresa defraudara al fisco más allá de los 120.000 euros que marcan el límite anual a partir del cual hay delito?

El juez, de momento, se reserva su decisión, aunque fuentes del caso dan por hecho que Castro no decidirá sobre la premisa de si hay “pruebas concluyentes” –imprescindibles para el juicio- sino sobre si es o no conveniente que la infanta se explique –asistida de abogado- delante del juez, o sea, imputada.

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A falta de que Hacienda y la Policía entreguen sus últimos informes, lo que se prevé puede ocurrir en una o dos semanas, la Fiscalía permanece en su tesis inicial: que la hija del rey dedicase dinero de Aizoon a gastos personales o que firmase el contrato de alquiler del palacete ningún elemento aporta para concluir que incurrió en delito fiscal -que requiere un fraude anual superior a 120.000 euros- ni que conocía el presunto carácter delictivo de las actividades con que la empresa nutría sus arcas. Y que ese conocimiento previo constituye requisito imprescindible para cometer el delito de blanqueo.

Una vez tenga en sus manos los informes pendientes de la Policía y Hacienda, el juez pedirá a la Fiscalía y a todas las partes personadas en la causa que se pronuncien sobre la relevancia o irrelevancia penal de todos aquellos datos relativos a la infanta. Solo cuando haya recibido esas alegaciones dictará su segundo auto sobre Cristina de Borbón. Si se inclina por no imputarla, el capítulo quedará definitivamente cerrado y la investigación, por cuyo futuro muy pocos apostaban cuando en noviembre de 2011 trascendió que afectaba de lleno al yerno del rey, se verá a un paso de su final.

Si, por el contrario, el juez observa indicios de delito en la actuación de la infanta y la imputa por segunda vez, la Fiscalía recurrirá de nuevo ante la Audiencia de Palma. Teniendo en cuenta los plazos procesales, la respuesta del juez sobre la infanta podría llegar a final de mes salvo que Hacienda retrase la entrega de sus informes, ambos relativos a los tributos correspondientes a Aizoon SL.