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Desahucios

Rajoy frena en el Constitucional la ley de la izquierda navarra que paraliza los desahucios

  • El TC suspende de forma cautelar la norma tras el recurso del Ejecutivo central
  • En el parlamento foral el texto salió adelante con los votos de toda la oposición de izquierdas y con el no de UPN, que gobierna en minoría, y PP
  • La izquierda navarra denuncia presiones de la banca y una invasión de competencias

Publicada el 12/11/2013 a las 20:36 Actualizada el 12/11/2013 a las 22:37
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Una mujer sostiene una pancarta durante la concentración convocada por la PAH frente al Congreso.

Una mujer sostiene una pancarta durante una concentración convocada por la PAH.

EFE/Juan Carlos Hidalgo
El Gobierno central ha conseguido, este martes, frenar en los tribunales la ley navarra contra los desahucios. El pleno del Tribunal Constitucional la ha suspendido de forma cautelar tras admitir a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo central en octubre. El texto, que queda en situación de pausa indefinida, permite expropiar a bancos el derecho de uso de viviendas inmersas en procesos de desahucio para ponerlas a disposición de familias en situación de especial necesidad.

El Gobierno PP, partido que se opuso a la norma desde su origen, se apunta así un tanto a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. La suspensión cautelar decretada no implica que finalmente vaya a producirse un fallo en una u otra dirección. En el recurso ante el TC se argumenta que la ley invade competencias del Estado y que discrimina "arbitrariamente" a las personas jurídicas.

El Constitucional ha trasladado ahora la demanda al Congreso, el Senado, el Gobierno y el Parlamento de Navarra, que dispondrán de quince días para personarse en la causa y formular alegaciones. Además, en un plazo máximo de cinco meses, el TC deberá decidir si ratifica o levanta la suspención cautelar, con independencia de que para entonces haya determinado el fallo sobre el fondo de la cuestión o no.

Expropiación y fomento del alquiler

La ley navarra contra los desahucios fue aprobada a instancias de la oposición y con los votos de los grupos de izquierda el pasado 27 de junio. El rechazo de UPN, que gobierna en minoría, y el PP, no bastó para hacer frente a los votos a favor de PSN-PSOE, Bildu-Nafarroa, Aralar-Nafarroa Bai, Izquierda-Ezkerra y los parlamentarios de Geroa Bai. Por 27 votos a 23, el texto, inspirado en el decreto andaluz de función social de la vivienda, quedó aprobado.

La norma planteaba actuaciones en varios frentes. En primer lugar, detallaba el procedimiento para declarar una vivienda "desocupada" y establecía la puesta en marcha de un censo de inmuebles vacíos. En segundo lugar, fomentaba el alquiler social, con medidas dirigidas a particulares y personas jurídicas, y la creación de un parque público compuesto por pisos facilitados por particulares, cedidos por la Administración y obtenidos mediante procesos expropiatorios.

Precisamente en el terreno de las expropiaciones, se planteaban dos supuestos. El primero, la expropiación forzosa de las viviendas protegidas que el beneficiario no utilizase como domicilio habitual. El segundo, a aplicar sólo a entidades financieras, la expropiación del derecho de uso, durante un máximo de cinco años, de las viviendas de familias especialmente necesitadas que fueran a ser desahuciadas.

En la práctica, esta última medida significa que las familias permanecen en su vivienda, aunque pierden la titularidad de la propiedad. A cambio, deben abonar hasta un 25% de sus ingresos mensuales. Los beneficiarios debían acreditar el empeoramiento de su situación económica, el cumplimiento de requisitos adicionales y no podían superar los 1.597 euros de renta mensual en el caso de núcleos de dos miembros o los 1.863 para una familia con dos hijos.

La oposición denuncia además que el Gobierno pretende invadir competencias forales con su recurso. "Esta es una cuestión que se deice aquí. Es una falta de respeto al régimen foral", ha afirmado Lizarbe. "Tenemos la impresión de que el autogobierno de Navarra es mentira: cuando se toca a la banca, no hay autogobierno", sentencia Rubio.

Presiones de la banca

"UPN y PP han preferido ponerse del lado de los bancos", ha señalado Victor Rubio, parlamentario de BIldu, tras conocer la decisión del TC. Según Rubio, se trataba de una "ley de emergencia" para dar nua "prórroga de cinco años" a las familias para mejorar su situación económica. "Toda la oposición de izquierdas está haciendo leyes para proteger a las familias más humildes en Navarra, y el Gobierno central recurre constantemente al Constitucional para desactivarlas", ha añadido.

"La actitud del Gobierno del PP es de claro desprecio, es una oportunidad perdida para aliviar dramas personales y familiares", ha dicho por su parte Juan José Lizarbe, portavoz adjunto del PSN-PSOE. "En una situación excepcional, se requerían propuestas excepcionales", ha lamentado. Lizarbe también ha acusado a PP y UPN de actuar con cobardía: "No se atreven a decirles a los bancos que en una situación coomo esta todos tenemos que hacer esfuerzos".

Finalmente, Patxi Leuza, de parlamentario no adscrito de Geroa Bai, ha calificado de "escandalosos" los desahucios "desde un punto de vista humano y social". "La banca ha presionado para que la ley no tuviera ningún recorrido", denuncia, al timepo que recuerda otro punto importante de la ley: la de forzar a la Administración a colocar en régimen de alquiler sus viviendas vacías. Leuza habla de 150 sólo en Pamplona. En toda la Comunidad, apuntan otras fuentes, podrían ser hasta 35.000 entre pisos de particulares, bancos e instituciones públicas.

El precedente andaluz

No es la primera ocasión en la que el Gobierno central frena normas autonómicas que buscan parar los desahucios. En Andalucía, un decreto con medidas muy similares a las planteadas por Navarra fue también desactivado con un recurso ante el TC, que decretó su suspensión cautelar. Sin embargo, la Junta de Andalucía retomó la iniciativa poco después y aprobó una ley prácticamente idéntica, lo que provocó que el recurso del Ejecutivo cayera en saco roto. Hasta ahora no hay un nuevo recurso contra la ley andaluza, que sigue vigente.
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