Caso Nóos

El exvicepresidente valenciano acusa a sus subordinados de los manejos con Urdangarin

El juez Castro toma declaración a Gerardo Camps.

Gerardo Camps, vicepresidente de la Generalitat de Valencia en la última legislatura de Francisco Camps y conseller de Economía cuando Iñaki Urdangarin logró en 2004 el primero de los convenios que reportaron a su Instituto Nóos 3,5 millones del erario valenciano, siguió este viernes una larga tradición no escrita: endosó a cuatro antiguos altos cargos que entonces eran sus subordinados la culpa de las ilegalidades que hubieran podido cometerse. Los dejó, y en eso coinciden todas las fuentes consultadas, a los pies de los caballos. O, mejor dicho, a los pies del juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.

La declaración de Gerardo Camps precedió ayer la comparecencia de dos testigos de relevancia que comparecen hoy: la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, una de cuyas fundaciones municipales cofinanció los convenios de Urdangarin, y el notario Carlos Masiá, que dio fe de varias escrituras del entramado Nóos y sus miembros. Entre ellas, se cuenta la relativa a la compra del palacete de Pedralbes adquirido en 2004 por Urdangarin y su esposa, Cristina de Borbón.

En principio, y salvo giro radical, no se espera que el testimonio de Masiá resulte lesivo para la infanta, cuya exculpación defendió el fiscal Horrach el jueves, en una maniobra que deja al juez maniatado hasta que reciba los informes pendientes de Hacienda y se los traslade a todos los personados en la causa como paso previo a la decisión más esperada del caso: la de si imputa por segunda vez o desiste de ello a la hija de rey, contra la que el fiscal no ve indicios de delito pero a la que sí considera beneficiaria de los atribuidos a su marido. Como publicó ayer infoLibre, esa es la clave por la que la Fiscalía obligará a Cristina de Borbón a devolver una cantidad que puede rondar el medio millón de euros, aunque el monto final no se ha cuantificado aún.

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"Es ilegal cambiar la fecha de un informe"

Gerardo Camps, que declaró como testigo y cuya imputación habría implicado dejar el sumario en manos del Tribunal Supremo dada su condición de diputado al Congreso, llegó a decir que, claro que es ilegal elaborar un informe y falsificar su fecha para  vestir el santo. Si él -afirmó con aplomo- hubiera tenido la más mínima idea de la existencia de irregularidades, habría tomado cartas en el asunto. Así lo aseguran fuentes conocedoras del interrogatorio practicado en Valencia por el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.

Las fuentes consultadas confesaron su extrañeza por la actitud de los abogados defensores de los cuatro subordinados señalados por Gerardo Camps, todos ellos imputados: Luis Lobón, en 2004 número dos de la Conselleria de Economía; José Manuel Aguilar, director de la empresa pública Cacsa -la firmante del convenio- hasta 2005; su sucesor en ese cargo, Jorge Vela; y la en aquel momento directora de gestión de Cacsa, Elisa Maldonado, firmante del informe favorable a Nóos cuya fecha se atrasó un año -a 2004- para dar apariencia de legalidad. O vestir el santo, como ella misma reconoció ante el juez y el fiscal.

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