Pesadilla en Catar: nueve españoles denuncian ser víctimas de tráfico de trabajadores

La situación de "grave explotación" denunciada por Amnistía Internacional que sufren muchos inmigrantes en Catar también afecta a trabajadores españoles. Así al menos lo han denunciado nueve operarios valencianos, que han presentado una demanda ante Inspección de Trabajo ya que aseguran haber sido estafados mientras trabajaron en la construcción de la sede de la televisión Al Yazira en el país y reclaman el pago de una suma total que asciende a más de 35.000 euros en concepto de sueldos no cobrados.

Según su denuncia, los trabajadores fueron contactados en España por Pedro García, un vecino de la localidad de Torrella que, según afirma José Molina (uno de los denunciantes), aseguró ser poseedor del 25% de las acciones de la compañía Valor Decor –su tarjeta, anexa a la demanda, lo identifica como "technical manager" de la empresa, en la que García asegura que ya no trabaja–. Esta compañía tiene su sede en Catar y su accionista mayoritario es un empresario del país, Khalifa Al-Hilal.

Según la demanda presentada, García ofreció a Molina la posibilidad de ir a trabajar junto a varios trabajadores más durante un mes en la colocación de mármol para la nueva sede de Al Yazira en Catar con un salario de 100 euros diarios y el alojamiento, el viaje y la comida a cargo de la empresa. Sin embargo, los denunciantes aseguran en su demanda que viajaron a Catar tan sólo con un trato verbal con la empresa, ya que esta alegó que era "urgente iniciar los trabajos, por lo que no podían firmar el contrato de trabajo previo a la partida".

Los billetes de avión, según figura en la documentación que adjuntan a la denuncia, fueron remitidos a los trabajadores por García, el cual, aseguran, les prometió que los contratos se firmarían una vez los trabajadores se encontrasen en el país. Así, los nueve denunciantes fueron trasladándose a Catar durante el mes de abril de este año. Molina cuenta que creyó sus palabras porque se trataba de "un vecino" con el cual que vivía prácticamente puerta con puerta.

García asegura que los trabajadores no querían contrato

Y aquí empezaron los problemas para los trabajadores, según su propia versión. Una vez en Catar y habiéndo iniciado los trabajos en la sede de Al Yazira, aseguran que la empresa se negó a facilitarles la firma de los contratos, llegando incluso a amenazarles con denunciarles a las autoridades. García, sin embargo, cuenta una historia radicalmente diferente: si bien reconoce que los denunciantes comenzaron a trabajar en Catar sin contrato y con visado de turista –para cumplir con la ley, los trabajadores extranjeros deben tener en Catar un sponsor, de cuyo permiso dependen para cambiar de trabajo e incluso para abandonar el país–, asegura que nunca pidieron un acuerdo por escrito ya que "algunos de ellos estaban cobrando ayudas de desempleo" en España, algo incompatible con tener un contrato de trabajo.

Los trabajadores también aseguran que la empresa les debe cantidades que varían entre los 1.000 y los 6.800 euros por los salarios que no se les han abonado, un dinero que, según Molina, tienen pocas esperanzas de recuperar. En este sentido, el operario asegura que García les prometió que, si Al-Hilal no les pagaba, lo haría la propia Al Yazira, algo que finalmente no sucedió. García, sin embargo, se defiende: afirma que los trabajadores "conocían" su situación en Catar –lleva dos años en el país y según él, Al-Hilal le adeuda 15.000 euros– cuando decidieron aceptar la oferta de empleo y que, de existir un estafador, éste es el empresario catarí, al ser él quien debería haber hecho frente a los pagos.

En este sentido, García tacha de "falsa" otra de las acusaciones de los operarios, que aseguran que la empresa les pidió el pasaporte para renovar su visado y no se lo devolvió hasta el mismo día en que tomaron el avión de vuelta, si bien sí confirma –dice haberlo sufrido también en sus propias carnes– que en algunos casos las jornadas laborales superaban las 12 horas diarias, un abuso que Molina también denuncia.

Por todo esto, los trabajadores consideran que la empresa ha incurrido en un delito de "tráfico ilegal de trabajadores", por lo que, además, de la demanda ante Inspección de Trabajo, han enviado sendas cartas relatando su situación a la Embajada de Catar en España y a Al Yazira, ninguna de las cuales ha recibido respuesta. García, por su parte, rechaza todas las acusaciones y ha asegurado a infoLibre que presentará una demanda por injurias y calumnias contra los trabajadores.

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Este caso es tan sólo un ejemplo de la situación que atraviesan miles de trabajadores inmigrantes en Catar y que denunció la ONG Amnistía Internacional en su informe "El lado oscuro de la migración: el foco sobre el sector de la construcción de Qatar de cara a la Copa Mundial". Según la organización, las obras que se están llevando a cabo para construir las instalaciones en las que se disputará el Mundial de fútbol en el año 2022 están siendo realizadas por trabajadores extranjeros que sufren "serios abusos laborales" y que, en los casos más graves, son obligados incluso a realizar "trabajos forzosos".

En el documento, Amnistía asegura haber sido testigo de varias prácticas abusivas por parte de las compañías para con sus trabajadores: desde el retraso o el impago de los sueldos hasta la retención de sus pasaportes –que entregan a la compañía que les contrata para que realice los trámites con las autoridades cataríes– para impedirles salir del país. Además, la ONG denuncia la existencia de unas condiciones de trabajo y alojamiento paupérrimas, por las que algunos empleados son obligados a trabajar "durante un excesivo número de horas y sin las protecciones adecuadas sobre salud y riesgos en los lugares de trabajo" e incluso, en algunos casos, viven sin acceso a electricidad ni agua corriente.

Según la organización, alrededor de medio millón de personas son empleadas por empresas del sector de la construcción en Catar, algunas de las cuales son subcontratas de grandes multinacionales como Qatar Petroleum, Hyundai Engineering & Construction o la española OHL Construction, una división del grupo dirigdo por Juan Miguel Villar Mir. En este sentido, Amnistía asegura haberse puesto en contacto "con varias grandes empresas para exponer los casos que había documentado. Muchas expresaron una honda preocupación por los resultados de la investigación de Amnistía Internacional y algunas afirmaron que habían llevado a cabo investigaciones. Una de ellas, la empresa española OHL Construction and Contract, manifestó que, como resultado, había mejorado su régimen de inspección".