Los responsables políticos de Ràdio i Televisió de Mallorca pagarán parte de la deuda

Un juzgado de Palma ha condenado este miércoles a diez ex responsables políticos de Radio Televisió de Mallorca (RTVM) a afrontar con su patrimonio al 5% de la deuda del ente una vez se resuelva el concurso de acreedores. En la práctica, esto significa que, si tras finalizar el concurso la empresa sigue en números rojos, los miembros del consejo de administración deberán hacer frente a una parte del déficit resultante. 

El juez argumenta su decisión basándose en que los administradores solicitaron demasiado tarde el concurso. Según la sentencia, no cumplieron con la obligación de acogerse a esa medida en el plazo que marca la ley, ya que, aunque conocieron en agosto de 2011 el mal estado de las cuentas de la cadena, no fue hasta enero del año siguiente cuando los responsables de la empresa iniciario los trámites del concurso, aunque la ley establece un retraso máximo de dos meses.

En el fallo, el magistrado Víctor Fernández recuerda que cualquier persona que ocupa el cargo de administrador de una sociedad "asume las obligaciones propias que incumben a dicho cargo", algo que según su resolución no hicieron la exsecretaria técnica de Urbanismo y Territorio Catalina Terrasa; el exdirector general de RTVM José Manuel Carrillo; el exdirector insular de Hacienda Rafael Pons; el de Residuos, Antoni Serra; la exsecretaria técnica de Cooperación Local Joaquina Ibáñez; el exsecretario técnico de Presidencia Miquel Barceló; la exdirectora insular de Presidencia Neus Salas; los exrepresentantes del PSIB Francesc Ramis y Lluís Socías, y del PSM Andreu Caballero.

La condena, conocida este miércoles y contra la que cabe recurso de apelación, también les impone la pena de inhabilitación para administrar bienes ajenos o para representar a cualquier persona por un plazo de dos años. El fallo está en sintonía con la petición de la Fiscalía y del administrador concursal de la empresa, y asegura que los consejeros "eran conscientes de la imposibilidad del pago a los acreedores", pese a lo que optaron por liquidar el ente y no por convocar el pertinente concurso de acreedores.

Deuda inasumible

De acuerdo con la resolución judicial, el 19 de abril de 2011 se dejó de pagar la primera factura, y en el mes de octubre surgió la imposibilidad de hacer frente a los pagos del alquiler de una nave. Ese mismo mes, RTVM fue condenada al pago de más de siete millones de euros por la compra de una finca en la que se iba a construir la nueva sede de la cadena, un terreno que nunca llevó a emplearse. A finales de 2011, el ente acumulaba facturas impagadas por importe de 1,3 millones de euros.

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Esa situación de "impago generalizado" y el retraso "prolongado en el tiempo" para hacer frente a las cantidades pendientes es, afirma el juez, el elemento determinante para establecer que lo pertienente era acogerse al concurso de acreedores, y no optar por la vía de la disolución societaria.

RTVM inició sus emisiones en el año 2005 y se fue a negro el 9 de diciembre de 2011, tras la decisión del Consell de Mallorca, gobernado por María Salom, del PP, partido que disfrutaba de mayoría absoluta. El organismo justificó el cierre como parte de una política de austeridad y "responsabilidad". Según el Consell, mantener la cadena suponía un desembolso anual del 10 millones de euros.

Por su parte, los trabajadores y sindicatos solicitaron la suspensión del cierre. Llevar a negro la cadena supuso el despido de 117 trabajadores, afectados por un ERE. Las protestas por esta operación contaron con el apoyo de políticos tanto del PSIB como de PSM-IV-ExM y EU.