Los críticos del PP acusan a Fabra de “hacer el juego” a la oposición

El episodio de la petición de indulto al exalcalde de Torrevieja (Alicante) Pedro Hernández Mateo (PP), respaldada por el 85% de los diputados conservadores de Les Corts, sumó este miércoles un nuevo capítulo. Mientras el president Alberto Fabra abría la posibilidad de sancionar a los firmantes de esta iniciativa que fue impulsada por el diputado Andrés Ballester, algunos de los firmantes consultados por infoLibre coincidían en señalar que no tienen miedo a las posibles multas y que, con su actitud de "magnificar" este gesto, lo único que consigue Fabra es "hacer el juego a la oposición" en lugar de continuar con su acción de Gobierno.

No es un secreto que el presidente de la Comunitat Valenciana vive sus horas más bajas. Las encuestas internas que maneja la dirección nacional del PP dan por perdido el Gobierno autonómico y no hay semana que alguna de sus decisiones no provoque roces internos en la formación que lidera. A ello, hay que sumar un grupo parlamentario claramente fraccionado y con un total de ocho imputados, un hecho que tira por tierra su promesa de tolerancia cero frente a la corrupción.

La polémica desatada después de que 45 de los 54 diputados del PP en la cámara autonómica firmaran la semana pasada a favor del indulto a este regidor condenado a tres años de cárcel por un delito de prevaricación ha vuelto a poner en el punto de mira a Alberto Fabra, el hombre que heredó la Generalitat de manos de Francisco Camps. Dos son las lecturas que, en clave interna, hacen los conservadores de este episodio. Los más próximos a Fabra ven tras las firmas una maniobra para retar al president y dejar en evidencia su escasa capacidad de control del Grupo Parlamentario Popular, un territorio en el que los fieles al expresident, los campistas, siguen conservando cuotas de poder.

Por su parte, los más críticos con la gestión de Fabra, muchos de ellos firmantes de la petición de indulto, discrepan de la línea oficial y coinciden en que el apoyo a Hernández Mateo parte de la iniciativa personal de cada uno y no de una maniobra organizada para debilitar a su jefe de filas.

En este sentido, recuerdan que Ballester, el diputado que puso en conocimiento de sus compañeros en Les Corts la existencia de la campaña de recogida de firmas para reclamar el indulto al exregidor, no se escondió a la hora de presentarles la iniciativa. "Si se trataba de erosionar a Fabra lo habríamos hecho de tapadillo. O más fácil: si quisiéramos exhibir la debilidad del presidente de la Generalitat tenemos otras herramientas como romper la disciplina de voto o ausentarnos de las votaciones, cosas que nunca hemos hecho", reflexiona un dirigente autonómico. La misma fuente destaca que lo que queda claro tras esta nueva crisis interna es que más de 40 diputados –los que firmaron a favor del indulto– de un total de 54 es "una inmensa mayoría".

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En este contexto, los más críticos con la gestión del heredero del legado de Francisco Camps consideran que Fabra, en su empeño de no dar por zanjada una iniciativa que califican de "personal" da alas a la oposición para convertir la recolección de firmas en un acto de apoyo a la corrupción. Por ello, instan a Fabra a dar por zanjada esta crisis.

El propio Fabra, preguntado por la posibilidad de emprender sanciones, recalcó que la decisión la tiene que tomar la dirección del grupo, pero que lo que "debe quedar claro es que el comportamiento del grupo parlamentario es muy contundente". "No podemos hacer cuestiones como la de solicitar el indulto desde el partido o el grupo". En su equipo destacan que lo que realmente ha molestado al presidente autonómico es que los diputados firmaran a favor del indulto en Les Corts.

Al tiempo que Fabra hacía estas declaraciones, la alcaldesa de Valencia salió en su defensa y pidió un cierre de filas: "El único mensaje que tengo que mandar es el de la unidad, porque es muy importante". Además, Rita Barberá se desmarcó del grupo de firmantes. Esto la une al propio Fabra, a los tres diputados que forman parte del Gobierno y al portavoz Jorge Bellver.