Corrupción
El Gobierno está dispuesto a sacar adelante su plan anticorrupción en solitario
El pasado febrero, el presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas contra la corrupción. Lo hizo en el marco del debate sobre el estado de la nación. Hace dos meses, el informe que contenía esas medidas pasó el visto bueno del Consejo de Ministros a fin de ser trasladadas al resto de grupos parlamentarios. Ahora, el Ejecutivo está dispuesto a llevar a cabo la iniciativa en solitario después de que este jueves los grupos del PSOE y UPyD en el Congreso se desmarcaran de la reunión convocada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para entregarles documentación esta materia.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la intención del Ejecutivo es lograr el mayor consenso con el resto de partidos tanto ahora como, si no es posible, en la futura tramitación de este paquete de 40 medidas que supondrá modificar casi una veintena de leyes. No obstante, dejó claro que si no lo logran, lo apoyarán en solitario. "El Gobierno tiene un mandato en las Cortes", avisó.
"Tenemos muy elaborados los anteproyectos. Hemos querido que los grupos hagan sus aportaciones [...] Espero que a lo largo de este proceso podamos ir sumando apoyos del resto de grupos parlamentarios", sostuvo la mano derecha de Mariano Rajoy en el Gobierno.
"Asunto de Estado"
Fuentes del Gobierno y del PP coinciden en señalar que el de la corrupción es un "asunto de Estado", un tema que afecta a todos los partidos por igual. En este sentido, recalcan que "desde el minuto cero" su intención fue la de atraer, al menos, al PSOE a esta iniciativa legislativa. No obstante, no pasa por alto que el anuncio de este paquete de medidas anticorrupción por parte del Ejecutivo llegó en un momento en el que el caso Bárcenas estaba en plena ebullición. De hecho, se planteó como una vacuna contra escándalos de este tipo.
En el Grupo Parlamentario Socialista mantienen que, hasta este jueves, cuando José Luis Ayllón les convocó a la reunión, el PP no les había convocado a ninguna reunión específica al respecto. Sí había habido contactos, mantienen desde el Gobierno, con PNV, CiU y UPyD. La foto final sin el PSOE dejaría esta iniciativa muy deslucida.
Tres bloques
El informe que presentó hace casi ya dos meses la vicepresidenta del Gobierno comprende tres bloques: control de la actividad económica de los partidos, regulación del ejercicio de cargo público de la Administración General del Estado y respuesta penal contra la corrupción.
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En el primero de estos bloques, se establece la regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos. Es decir, los tesoreros. No pasa inadvertido que la propuesta viene de un Gobierno que pertenece a un partido cuyo tesorero está en la cárcel después de que se destapara que atesora una fortuna en Suiza. Y que éste ha puesto en tela de juicio los cobros de los dirigentes del partido y la legalidad de las cuentas de la formación de los últimos años.
En el segundo de los bloques, el de la regulación de cargo público de la Administración General del Estado, entre otras medidas, se apuesta por la "fiscalización del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado".
Respecto a la "respuesta penal contra la corrupción", el Gobierno propone un nuevo régimen de sanción penal para los partidos políticos. "Se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos", reza el texto que pasó por el Consejo de Ministros.
