Urdangarin consultó la compra del palacete con un funcionario de Hacienda asesor del rey

Iñaki Urdangarin ordenó en junio de 2004 enviar por mail a un funcionario de Hacienda, Federico Rubio Carvajal, las distintas opciones de financiación del palacete de Pedralbes que cuatro meses más tarde adquirió junto con su esposa por 5,8 millones. Ese funcionario, que en 2003 se había integrado en el Cuerpo Superior de Gestión de Catastral, es el mismo que en 1993 se encargó de cumplimentar la declaración de IRPF del rey. 

Ayer, lunes, infoLibre contactó con Rubio Carvajal, ahora destinado en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, y le formuló dos preguntas: qué respuesta dio al mail de Urdangarin y si fue el hecho de que ya hubiese trabajado para el rey lo que indujo a su yerno a consultarle. "No tengo nada que decir", contestó Rubio.

El viernes, infoLibre ya había formulado preguntas muy similares a la Casa Real a través de sus portavoces oficiales: ¿acudió Urdangarin a Federico Rubio Carvajal en calidad de asesor privado por consejo de la Casa Real pese a tratarse de un funcionario con plaza en un ministerio que en algún momento podía acometer una inspección tributaria sobre su persona, la de su esposa, sus empresas o sus organizaciones sin ánimo de lucro? Esa fue la primera cuestión planteada. Y la segunda, esta: ¿continúa el funcionario Federico Rubio Carvajal realizando tareas de asesoramiento tributario para su majestad? A última hora de la tarde, un portavoz de la Corona declinó ofrecer una respuesta. "Desde la Casa del Rey no tenemos nada que decir sobre temas fiscales particulares", fue su mensaje.

Según publicó El Mundo el pasado 7 de abril, fue en 1993 cuando se liquidó la herencia suiza del rey, aunque la Zarzuela fecha en 1995 el cierre de las cuentas helvéticas del conde de Barcelona. De acuerdo con la referida información, la Casa Real encomendó a Federico Rubio Carvajal en 1993, como ya había hecho el año anterior, gestionar la declaración de la renta del jefe del Estado. En la tarea también participaron el padre del funcionario, José Rubio González de Canales, que había sido asesor del conde de Barcelona, y  Manuel Prado y Colón de Carvajal.

La "donación" que era un préstamo y los "números" de Fainé

Lo que Urdangarin ordenó a su contable, Marco Tejeiro, fue enviar el proyecto económico-financiero para la compra del palacete de Pedralbes a la dirección electrónica de Federico Rubio, cuyo dominio indica que en esas fechas se dedicaba a la gestión tributaria (tributos.minhac.es). Las instrucciones cursadas por Urdangarin a su contable el 15 de junio de 2004 fueron escuetas: "Marco, mira de enviarle estos datos a este señor. Rubio Carvajal, Federico". A continuación, el yerno del rey escribió la dirección electrónica.

Como documento adjunto, el mail muestra lo siguiente: "DatosSAR2.xls", una hoja de cálculo similar a otras relacionadas con el mismo propósito -estudiar cómo podían comprar por seis millones la casa de Pedralbes- y que quedaron archivadas como "numerosQuim.xls" y "numerosfaine.xls". Esa última tabla lleva el nombre de Isidro Fainé, presidente de La Caixa y a quien en un correo electrónico muy posterior, de 2007, Urdangarin definió como un "segundo padre".

La compra del palacete, escriturada por 5,8 millones el 15 de octubre de 2004, fue posible gracias a una hipoteca de cinco millones articulada como póliza de crédito que La Caixa concedió a la pareja con cuatro años de carencia en lo relativo a los intereses. Entre 2006 y 2007, el matrimonio devolvió a La Caixa 455.000 euros. Pero los pagos no se hicieron de manera alícuota: Urdangarin aportó de sus ingresos el 75% de esa cantidad y Cristina de Borbón puso el 25% restante.

Las hojas de cálculo cuyo envío a Federico Rubio ordenó Urdangarin reflejan de modo unánime la cifra de 1.202.024 euros junto a la leyenda "donación". Se trata del dinero que el rey hizo llegar a la infanta para ayudarle a adquirir el 50% de la casa. Según la Zarzuela, se trataba de "un préstamo" a interés cero, con tres años de carencia, y a devolver en 23 años mediante cuotas anuales de 50.000 euros. El préstamo aparece datado el 23 de diciembre de 2004. El dinero había llegado a la cuenta de la infanta mediante dos transferencias urgentes fechadas el 30 de julio y el 29 de septiembre de ese año. Al tratarse de un préstamo, la infanta se ahorró los 400.000 euros que habría tenido que pagar al fisco si el dinero se correspondiese con una donacón.

En 2012, y así consta en su declaración de Hacienda, la infanta solo había minorado el crédito en 150.000 euros y no en los 250.000 que se corresponden con cinco cuotas, pero la Casa Real ha declinado explicar si eso significa que solo comenzó a devolver el dinero a partir de 2010, el año en que el juez José Castro comenzó a investigar en secreto los manejos de Instituto Nóos, la ONG presidida por Iñaki Urdangarin.

A la junta directiva de esta pretendida asociación sin ánimo de lucro que se embolsó y trasvasó a las cuentas de Urdangarin y su entonces socio, Diego Torres, seis millones públicos de Valencia y Baleares pertenecían otras tres personas: Cristina de Borbón; el secretario de las infantas y asesor de la Casa del Rey, Carlos García Revenga; y el asesor legal de los duques, Miguel Tejeiro, que a su vez es cuñado de Diego Torres. El notario que otorgó la escritura de Pedralbes, Carlos Masiá, definió el pasado sábado a Miguel Tejeiro como "abogado integral" de la pareja.

Fue Masiá quien ese día y durante su declaración como testigo reiteró ante el juez del caso, José Castro, que Miguel Tejeiro le pidió que la infanta figurase como socia de la empresa que comparte con su marido, Aizoon SL, para que su nombre operase como "escudo" frente a hipotéticas investigaciones tributarias y quien añadió algo más: que Cristina de Borbón tenía dudas sobre la compra del palacete dado su elevado precio.

Desde que el caso Nóos estalló en noviembre de 2011, cuando el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach lanzaron una batería de registros policiales, las investigaciones de Hacienda han sido esenciales para cercar judicialmente a Urdangarin y Torres. La Agencia Tributaria considera a la infanta por completo ajena a los delitos fiscales atribuidos a su marido.

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El fiscal Pedro Horrach, que hace dos semanas se opuso por anticipado una segunda e hipotética imputación de la infanta, sustenta su posición en la doctrina sentada por Hacienda. En cambio, el juez José Castro, que en 2012 rechazó imputar a la hija del rey, no tiene claro aún el asunto y se encuentra a la espera de que Hacienda le envíe los últimos informes de todos los requeridos.

Por el momento, la Agencia Tributaria ha remitido al juez su análisis sobre los impuestos que Aizoon habría tenido que pagar entre 2007 y 2010. Y la conclusión es desoladora: la empresa de los duques de Palma defraudó durante ese periodo el 71% del impuesto de sociedades, aunque la elusión tributaria no superó en ningún ejercicio el umbral de los 120.000 euros, cifra a partir de la cual hay delito fiscal.

Aunque el fiscal Horrach considera que ningún dato sugiere que la infanta participase en los delitos, sí la tiene por beneficiaria directa de esos mismos delitos. Esa es la razón clave por la que le exigirá que devuelva la mitad del dinero que Aizoon empleó indebidamente en gastos no empresariales. A falta del cómputo definitivo, las fuentes de la investigación consultadas pronostican que la infanta puede verse obligada a devolver medio millón de euros.