Fabra rechaza negociar con los trabajadores y Les Corts sentencian hoy a Canal Nou

El Generalitat Valenciana ha despachado la propuesta de negociación de los trabajadores de Canal Nou a pocas horas de que se vote en Les Corts la propuesta de ley del PP que abre la puesta al cese inminente de las emisiones. El argumento es, nuevamente, el empleado en las últimas semanas por los conservadores para justificar el cierre del ente: el coste es inasumible y negociar ahora es inviable, porque supondría dar continuidad al dispendio.

Así, este miércoles a partir de las diez y media de la mañana, la mayoría absoluta del PP dará luz verde en el parlamento regional a la iniciativa para suprimir la actividad en la radiotelevisión pública valenciana. El texto legal recuerda la reciente sentencia de nulidad del ERE de más de un millar de trabajadores. Consecuencia directa de esa decisión judicial es, sostiene el texto, la necesidad del cierre.

A partir de la aprobación de la propuesta del PP, se abré un periodo de incertidumbre en el que Canal Nou podrá irse a negro en cualquier momento: bien inmediatamente después de la aprobación de la norma, bien tras la reunión el Gobierno de Fabra el próximo viernes. También cabe la posibilidad de que el Ejecutivo regional opte por mantener en activo la cadena mientras negocia la extinción de todos los contratos. Sea como sea, Canal Nou quedará sentenciada.

Un plan frustrado

Como última vía para salvar Canal Nou y hacer viable la empresa, los trabajadores habían pactado en las últimas fechas un plan que remitieron a la Generalitat y que presentaron al vicepresidente autonómico, José Císcar. Entre otras medidas, ha indicado a infoLibre el vicepresidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud, ese paquete de medidas incluía en una primera fase bajas y reducciones de jornada voluntarias y prejubilaciones.

En esta línea, ha detallado que la propuesta buscaba "que no permanezca en Canal Nou quien no quiera y que no regrese quien no quiera volver". Los cálculos de fuentes sindicales apuntan a que 300 personas no regresarían a su puesto de trabajo. Posteriormente, ha detallado Mifsud, se planeaba la posibilidad de prejubilar a los hasta 155 trabajadores que tienen más de 55 años.

De forma adicional, el plan del Comité de Empresa incluía reducciones voluntarias de la jornada laboral y la amortización de 32 puestos por prejubilaciones parciales y contratos de relevistas que concluían en 2014. Por último, se contemplaba la congelación del salario y de todos los complementos.

Los costes laborales resultantes de la propuesta, ha señalado Mifsud, eran los equivalentes a 919 trabajadores a tiempo completo. O lo que es lo mismo, un ahorro de hasta 28 millones de euros sobre los niveles actuales. Los empleados del ente presentaron además un compromiso adicional: si el presupuesto previsto por la Generalitat para 2014 no era capaz de cubrir los costes tras aplicar el primer paquete de medidas, toda la plantilla se sometería a un ERE temporal de 45 días anuales de suspensión de empleo y sueldo en 2014 y 2015.

Costes inasumibles

En respuesta a la propuesta de los trabajadores, el vicepresidente del Consell, el Gobierno regional valenciano, José Císcar, ha respondido por escrito al Comité de Empresa que "no hay tiempo material de renegociar un nuevo modelo organizativo" en Canal Nou. "Una renegociación significaría –ha añadido– continuar manteniendo, hasta nadie sabe cuándo, el escenario insostenible de una plantilla de casi 1.700 trabajadores, de acuerdo con la sentencia de nulidad del TSJCV".

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Císcar añade que "aprecia la predisposición a rebajar los sueldos de la plantilla", pero echa en cara al Comité de Empresa no haber aceptado esa rebaja en agosto de 2012, "cuando había un ERE en periodo legal de negociación, y la dirección de RTVV propuso a la plantilla un sacrificio salarial de entre el 7% y el 15% para salvar 200 puestos de trabajo adicionales".

Respecto a las propuestas concretas realizadas por el comité, cuyo "esfuerzo" destaca, indica que su oferta "no responde a un modelo organizativo sobre el que se pueda trabajar" o "realizar estimaciones razonables" y que, además, "resulta indefinida e indeterminada en muchos aspectos", tales como que "no contiene una cuantificación exacta del número de trabajadores que no se reincorporarían, tan sólo trabaja con hipótesis 'de unas 300 personas'".

Tras la negativa de la Generalitat a negociar, el Comité de Empresa ha reiterado su "total oposición" al cierre y ha responsabilizado a Alberto Fabra y al PP valenciano. De igual forma, ha advertido de que los trabajadores "continuarán trabajando por mantener el servicio" y ha insistido en que su intención ha sido siempre "negociar sobre el futuro de la empresa". "Han sido la Generalitat Valenciana y la Dirección General de la empresa los que no han tenido la voluntad de encontrar una solución viable", ha zanjado.