Hacienda ataca al Banco de España por el hundimiento del Banco de Valencia

"No entendemos de dónde se obtiene el exceso de [provisiones] genéricas de 308,54 millones de euros con el que se minora el ajuste a realizar". Así se expresan dos funcionarios de la Intervención General del Estado (IGAE), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, sobre las cuentas de 2009 del Banco de Valencia, en un informe que está incluido en el sumario sobre el Banco de Valencia que investiga en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz.

De esta forma, la entidad valenciana pudo presentar en 2010 a sus accionistas unas cuentas de 2009 saneadas, cuando realmente estaba en números rojos. "Los inspectores del Banco de España deberán de explicar cómo o de dónde se obtiene ese fondo de cobertura [de 308,54 millones] con el que ajustan las pérdidas no contabilizadas", especifican los funcionarios de Hacienda.

El presupuesto oficial del Banco de Valencia, a 31 de diciembre de 2009, indicaba que los fondos propios de la entidad eran de 1.240 millones de euros, y el beneficio de 132 millones. Pero el trabajo realizado por el departamento dependiente del Ministerio de Hacienda a apunta que las cuentas del Banco de Valencia deberían haber presentado unas pérdidas de 86,23 millones.

"Mucho más desfavorable"

Este cambio hubiera implicado la modificación de los ratios de morosidad y solvencia, que mostrarían una situación "mucho más desfavorable". "Consideramos que no reflejarían la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Banco de Valencia al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en su patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual", continúa el informe, al que ha tenido acceso infoLibre.

"El importe total de la cobertura genérica es de 192,4 millones y, en consecuencia, no se entiende cómo su exceso puede ser una cantidad superior", destacan los funcionarios de Hacienda, que llegan a reiterar sus dudas acerca del trabajo de los inspectores del Banco de España.

Además, la IGAE pone de manifiesto que en una inspección del Banco de España del 18 de enero de 2010 detecta que la gestión del riesgo en el seno de la entidad financiera valenciana presenta numerosas deficiencias. Pues concedían créditos sin la existencia de garantías y sin acreditación de la capacidad de pago: "A pesar de ello, el perfil de riesgo supervisor se califica como medio-alto, un nivel inferior al del informe anterior". 

No hay constancia por escrito

Pero el documento de la IGAE resalta, además, que no hay conclusiones por escrito de las inspecciones realizadas por el Banco de España entre el 13 de marzo de 2009 y finales de julio de 2011. "No tenemos constancia de que haya habido ningún escrito de observaciones o requerimientos dirigidos por el Banco de España a la entidad. Sí hubo, de acuerdo con la información proporcionada en el informe", cuatro reuniones en mayo, octubre y noviembre de 2010, y en marzo de 2011, "donde se les trasladó la existencia de un déficit de fondos de 417 millones".

Pero la Intervención va incluso un poco más allá en sus críticas al regulador, considerando "sorprendente" que tras iniciar el "seguimiento continuado" del Banco de Valencia y de su matriz, Bancaja, cuya fecha exacta no conocemos, se interrumpan las comunicaciones de observaciones, recomendaciones o requerimientos por escrito a la entidad".

Y por eso señalan a los inspectores del organismo regulador: "Consideramos que sería conveniente que tanto los inspectores del Banco de España como los responsables y el auditor de la entidad expliquen las circunstancias en las que se propusieron y se conocieron los resultados de las visitas de la inspección realizadas". También quieren conocer la "actitud" mantenida por el Banco de ValenciaBanco de Valencia: "Si se reunieron, quiénes, qué se informó, cuáles eran los ajustes no aceptados, si se llegó a algún acuerdo, etc...".

Problemas no mencionados

Pero ahí no se acaban los reproches de la Intervención General del Estado al Banco de España, que en 2009 tenía como gobernador a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, nombrado por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En relación con las conclusiones del Banco de España tras inspeccionar nuevamente en julio de 2011 las cuentas del Banco de Valencia, la IGAE destaca que los ajustes indicados como necesarios en ese trabajo no habían sido mencionados en inspecciones anteriores: "Suponemos que están relacionados, como más adelante se indica, con las numerosas deficiencias y errores que presentaban los informáticos que servían de base para el análisis de la inversión crediticia".

Esta es la justificación por la que la IGAE cree que "sería conveniente" que los inspectores del Banco de España aclaren también aspectos de las bases de datos, reclasificaciones y ajustes. "Si esos problemas existían con anterioridad, si se analizaron y cuantificaron en las inspecciones referidas a 31 de diciembre de 2009 y 2010, en las que no se mencionaron, y en qué ha consistido exactamente la incorporación de datos realizada por la entidad y si ello afecta al análisis del deterioro".

Críticas por Bankia

Este informe no supone la primera crítica del departamento del Ministerio de Hacienda al trabajo de supervisión desplegado por el Banco de España. En el caso Bankia, la Intervención del Estado criticó al organismo regulador por no haber impuesto ninguna sanción a los dirigentes de la entidad financiera. Además, acusó a Miguel Ángel Fernández Ordóñez de considerar que la única solución a todos los problemas de las cajas pasaba por la integración en Bankia.

Este documento de la IGAE se ha incorporado a la causa principal sobre el Banco de Valencia, que el juez Santiago Pedraz asumió en junio de 2012 a partir de una querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), presentada por el abogado Diego Muñoz-Cobo.

Nueve querellas

Además de los integrantes del consejo de administración, Pedraz también ha imputado diferentes delitos a las sociedades Deloitte, Bancaja, el operador de banca-seguros vinculado al grupo, Bancaja Hábitat, Bancaja Participaciones, Valenciana de Inversiones Inmobiliarias, Libertas 7, Macomar Inver, Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social, Grupo Bancaja Centro de Estudios, Gesvalmina y Minaval.

Además, el magistrado ha admitido a trámite nueve querellas sobre la concesión de créditos irregulares, entre los que se encuentran los que habría recibido el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.