Sindicatos

UGT de Andalucía denuncia el borrado de 1.756 archivos desde un ordenador interno

Infolibre

La dirección de UGT en Andalucía denunciará ante el juzgado la destrucción de 1.756 archivos informáticos en un "borrado interno" dentro del sindicato entre los meses de enero y junio de 2013, según anunció este martes el secretario de Organización de UGT-A, Manuel Ferrer, en su primera comparecencia pública tras asumir la coordinación del sindicato después de la dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general.

Ferrer asimismo aseguró que el resto de los miembros de la Ejecutiva descarta dimitir "en bloque" antes del Comité Regional previsto para el 9 de enero, toda vez que consideró que "sería una gran irresponsabilidad dejar un vacío sin gestionar el sindicato durante casi cinco semanas". Agregó que las federaciones regionales y las uniones provinciales les pidieron que no dimitieran antes del 9 de enero.

Ferrer, quien agregó que además se han copiado desde otro ordenador interno del sindicato otros 22.400 archivos, indicó que los 1.756 archivos se han destruido "escalonadamente" con el programa Cleaner C, de forma que "no podemos saber qué documentos se han borrado", desde un ordenador interno del sindicato, que ya está localizado, perteneciente al departamento de administración, aunque por el momento no ha acudido al juzgado "pues ya tenemos la certeza, pero hasta que no tengamos las pruebas de quien ha sido no denunciaremos", algo que "lo haremos en breve tiempo".

Ha indicado que se abrieron tres expedientes "y dos de ellos se resolvieron por falta de pruebas con una amonestación, pues las claves no pueden ser dadas a otro trabajador, al ser claves personales".

"En ese momento habrá denuncia externa, ante el juez, e interna en el seno del sindicato", aseveró Ferrer, quien indica que los archivos borrados "ahora están reescritos con la letra Z y no deja huella de la operación; creo que es el mismo programa de los discos duros del PP".

Ferrer reconoció que esa destrucción de archivos y su efecto de "dificultar" en la investigación interna "pueda ser entendido en el exterior como una excusa, pero es la realidad", aunque indicó que "lo que se encuentre y esté mal, se hará público y se devolverá y si no son solo errores puntuales sino algo más, lo diremos".

En rueda de prensa, el portavoz sindical precisó que la dimisión de Francisco Fernández Sevilla el pasado viernes "fue una opción personal, un ejercicio de responsabilidad con la organización para que ésta estuviera libre para hacer los cambios que tuviera que hacer y clarificar las cosas que tuviera que clarificar", una decisión con la que "la Comisión Ejecutiva en pleno estuvo en desacuerdo y lo ve un error, pero fue una decisión personal suya".

Asimismo, defendió la postura "correcta" de UGT a nivel nacional, que "debe velar por aquellos organismos territoriales, se debe mantener la unidad política", tras lo que deja claro que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, "ha actuado conforme a su cargo", y aseguró que "las organizaciones territoriales tienen autonomía financiera".

Ferrer, que rechazó que Méndez tenga que dimitir aunque no ve mal que acudiera al Parlamento andaluz "y dé allí sus argumentos", aseguró que "ni Cándido Méndez, ni Francisco Fernández Sevilla ni Manuel Pastrana conocían que había irregularidades, no sabían nada, ni tenían responsabilidad, pues no gestionaban el área económica".

Ayudas nulas

Por su parte, el funcionario instructor del procedimiento de oficio abierto por la Junta de Andalucía para revisar las subvenciones concedidas a UGT-A concluyó la nulidad de dos ayudas concedidas al sindicato por valor de 1,8 millones de euros. Las ayudas estaban vinculadas a programas de información y asesoramiento sobre la actividad sindical y la negociación colectiva.

Así lo anunció el portavoz de Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y recogida por Europa Press, en la que detalló que el instructor argumenta la nulidad de estas ayudas "en que se ha pedido documentación justificativa y no se ha entregado por parte de la central sindical".

A partir de las conclusiones iniciales del instructor, el Gabinete Jurídico debe elaborar un nuevo informe, que será remitido a UGT-A para que formule alegaciones y con posterioridad al Consejo Consultivo, donde se valore si existen o no elementos para acometer "alguna acción más" además de la vía administrativa "que sigue su curso", explicó Vázquez.

Más sobre este tema
stats