Una sentencia del TC que reaviva las críticas al Concordato

La decisión unánime del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la exención del IBI a la Iglesia ha reavivado las críticas sobre el Concordato firmado con el Vaticano en 1979. Dirigentes del PSOE e IU han señalado la necesidad de revisar los acuerdos Iglesia-Estado.

El TC ha declarado inconstitucional la ley navarra que obliga a las confesiones religiosas a pagar la contribución urbana por todos sus edificios, excepto los reservados al culto. Tras aceptar a trámite el recurso interpuesto por el Ejecutivo contra un artículo de la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra, el TC ha anulado la norma.

La sentencia considera que la ley navarra vulnera la competencia exclusiva del Estado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales, y específicamente el derecho a la libertad religiosa. Sin embargo, los pilares fundamentales que sustentan la decisión del TC son los acuerdos establecidos entre el Estado y el Vaticano en 1979 –acuerdo sobre Asuntos Económicos de conformidad con lo establecido con el artículo 16 de la Constitución– y en 1992 con organizaciones evangélicas, israelitas e islámicas. El TC estima que estos convenios eximen del pago del Impuestos de Bienes Inmubles (IBI) no sólo a los inmuebles destinados al culto, sino también a los destinados a actividades sin ánimo de lucro y carácter benéfico.

"Esta sentencia –ha señalado Rámon Jáuregui en declaraciones a infoLibre–  es una razón más para que adaptemos nuestro tratado internacional con el Vaticano a un régimen más razonable. El pago del IBI no debería estar sometido a ningún tratado internacional". El exministro de Presidencia ha precisado que "la ley actual exime del pago de este impuesto a muchas asociaciones. Nuestro criterio como PSOE es que los centros de culto estén exentos, pero sólo estos. No los parking de las catedrales". A su vez ha señalado que "las exenciones fiscales deben ser revisadas a la luz de una sociedad que muestra signos de secularización; además de tratar igual a todas las iglesias, no sólo a la católica".

"Nos sentimos perseguidos. El Gobierno del PP se interpone al autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra", ha expresado Roberto Jiménez, secretario general del PSN-PSOE. La normativa navarra fue aprobada el 28 de febrero tras la propuesta del PSOE de Navarra e Izquierda Ezkerra. UPN, que sustenta el gobierno navarro, y el PP se mostraron contrarios a la iniciativa. "Doce de las leyes que hemos llevado a cabo han sido recurridas por el Gobierno de Rajoy, durante el mandato de Zapatero sólo se recurrieron tres y con Aznar cinco. Esto muestra la persecución que estamos sufriendo por parte del Ejecutivo", ha denunciado Jiménez. 

El secretario general del PSN-PSOE también ha declarado que "esta sentencia es una evidencia más de que el concordato está obsoleto. Hay que superarlo; el culto es una cuestión privada, no se puede imponer al conjunto de los ciudadanos". Por su parte, José Miguel Nuín, coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, ha señalado que "el camino para acabar con los privilegios fiscales de la Iglesia, como es no pagar el IBI, pasa por la derogación del concordato".

A esta petición se ha sumado Gáspar Llamazares, parlamentario de IU. "La decisión del TC demuestra que hay que modificar los tratados con la Iglesia. La sentencia no hace referencia a la cuestión de fondo, sino simplemente a la cuestión de forma", ha declarado a infoLibre.

Llamazares también ha recalcado "el perfil conservador del Tribunal Constitucional que cierra filas en torno de la Iglesia católica". Poner fin a los privilegios de la Iglesia "pasa por modificar un convenio firmado por dos Estados. Por lo que modificarlo está en manos del Gobierno. Lo estuvo en manos del PSOE, que rechazó siempre las propuestas para cambiarlo, y ahora lo está en manos del PP", ha explicado. 

Desde la organización Alternativa Laica han señalado que la decisión del Constitucional "es un motivo más para ahondar de manera urgente en los privilegios de la Iglesia. Mientras los ciudadanos pagamos nuestros impuestos, el IBI incluido, la Iglesia no paga por sus palacios, casas o actividades mercantiles, es incomprensible". 

Ante la decisión del TC sobre la ley navarra, la plataforma Europa Laica ha señalado que "no hay que alertarse. La sentencia no significa que la Iglesia no tenga que pagar el IBI, simplemente no apoya el planteamiento de la Comunidad Foral respecto a este impuesto". Desde la misma organización han destacado que la solución pasa por "derogar el concordato, o al menos la parte del mismo que exime a las confesiones religiosas a pagar el impuesto de Bienes Imuebles".

La Iglesia, satisfecha

La Iglesia, por su parte, puntualiza que la sentencia del TC sobre el IBI "no establece ningún privilegio". El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha valorado como "una muy buena noticia" el fallo del Tribunal Constitucional. 

En declaraciones a Europa Press, Giménez Barriocanal ha explicado que la Iglesia, al ver el contenido de esta ley foral instó al Gobierno a interponer un recurso de inconstitucionalidad, dado que la Iglesia como tal no podía hacerlo, porque "lo que se estaba poniendo en tela de juicio eran los acuerdos que había firmado el Gobierno de la nación con las confesiones religiosas".

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La ley navarra, según ha apuntado Barriocanal, reducía las exenciones de la Iglesia "de una manera claramente discriminatoria", de forma que, por ejemplo, un comedor parroquial para personas sin hogar instalado en dependencias parroquiales tendría que pagar el IBI.

"La Iglesia veía que esa ley foral, no solo disminuía el régimen fiscal, sino que afectaba a la naturaleza de los acuerdos Iglesia-Estado, no solo al tratado internacional de la Iglesia sino a los acuerdos de colaboración suscritos con otras confesiones religiosas. En esa línea se instó al Gobierno para que presentara un recurso de inconstitucionalidad", ha precisado.

Con esta sentencia, según ha comentado, lo que hace el TC es "dar seguridad jurídica a los tratados internacionales" y permite conocer "las reglas del juego" dejando claro que "los tratados internacionales y los acuerdos están por encima de la legislación particular de la Hacienda Foral".