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UPyD lleva a la Fiscalía el supuesto cobro por parte de Madrid de 4.000 expedientes “ficticios” de dependientes

  • La Comunidad califica la denuncia de “insidiosa, incorrecta e inexacta” y señala que "jamás se ha quedado con un solo euro" de los dependientes de la región
  • El texto aportado al Ministerio Público detalla que este departamento mejoró su valoración en un solo día sin que conste ninguna valoración al respecto y que tampoco informó a los beneficiarios

Publicada el 11/12/2013 a las 18:35 Actualizada el 11/12/2013 a las 19:32
El diputado de UPyD en la Asamblea de Madrid Alberto Reyero presentó este martes en la Fiscalía de esta comunidad un escrito en el que denuncia que la Consejería de Asuntos Sociales madrileña podría haber cobrado por la valoración de 4.000 expedientes “ficticios” de personas en situación de dependencia. Así, el texto aportado al Ministerio Público detalla que este departamento mejoró la valoración de esos dependientes en un solo día, el el 20 de enero de 2011, la misma jornada en la que aparecieron los expedientes resueltos en la aplicación informática "Sistema de Información de Dependencia de Madrid" (Sidema).

Sin embargo, UPyD denuncia que en ellos no aparece la puntuación de ninguna valoración realizada, ni prestación asociada, del mismo modo que tampoco les fue notificada la supuesta revisión por agravamiento a los destinatarios. "Se trataría, por tanto, de 4.000 expedientes ficticios que, sin suponerle un coste a la Administración de la Comunidad de Madrid (al no corresponderse con prestaciones efectivamente reconocidas y sastisfechas), figuran enviadas al Imserso, a los efectos de recepción de la compensación de la Administración del Estado", argumenta el diputado Reyero en la denuncia. 

La consejería, sin embargo, se ha apresurado a desmentir de forma tajante la información a través de un comunicado. Ha calificado la denuncia de “insidiosa, incorrecta e inexacta” y ha señalado que "jamás se ha quedado con un solo euro" de los dependientes de la región. En este sentido, argumenta que los expedientes fueron enviados al Imserso en enero de 2011 y se corresponden con personas que fueron ya valoradas y eran beneficiarias de un servicio público (residencia, centro de día o teleasistencia), previo a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.

Estos servicios –explican desde Asuntos Sociales– estaban previamente financiados por la Comunidad de Madrid. "Por lo tanto, al comunicar al Imserso, como era preceptivo, la situación de estas personas, este organismo procedió al pago de 60 euros mensuales para la ayuda al coste de los servicios que se venían realizando desde antes de 2011", señala el comunicado.

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