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Caso de los ERE

Anticorrupción pide una fianza de 8 millones para el exdirector general de IDEA

  • La jueza Mercedes Alaya ha imputado al exdirector general de IDEA, Jacinto Cañete, tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos
  • Cañete se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya

Infolibre
Publicada el 17/12/2013 a las 13:13 Actualizada el 17/12/2013 a las 13:33
Mercedes Alaya, jueza instructora del caso ERE.

Mercedes Alaya, jueza instructora del caso ERE.

EUROPA PRESS
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una fianza de responsabilidad civil de ocho millones de euros para el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, según han informado abogados presentes en la comparecencia y ha recogido Europa Press.

Cañete se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, que le ha imputado tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos, han indicado las mismas fuentes consultadas.

De este modo, el imputado se ha limitado a ratificar tanto lo que dijo en la comisión de investigación sobre los ERE creada en 2012 en el Parlamento andaluz como un escrito presentado por su abogado, Juan Carlos Alférez, en el que defiende que la Cámara de Cuentas de Andalucía "bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales del programa presupuestario 31.L, es decir, conceder ayudas en Empleo, transferir fondos a IDEA y encargar a ésta la materialización de los pagos".

Asimismo, asegura que "es cierto" que la Intervención General de la Junta, "en un doble lenguaje, emitía informes especiales denunciando la inadecuación" del uso de las transferencias de financiación, "pero en la rendición de la cuenta general las bendecía, probablemente, porque sería conocedora de que su queja no era más que retórica habida cuenta de la existencia de la habilitación legal".

"Sin tacha de ilegalidad" de la cámara de cuentas

"La Cámara de Cuentas con plena conciencia y conocimiento del sistema informaba sobre el programa 31.L al Parlamento sin tacha de ilegalidad", señala.

Una vez concluida la comparecencia, el Ministerio Público ha pedido para el imputado una fianza civil de ocho millones de euros, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce el sindicato Manos Limpias.

El segundo en comparecer ante la magistrada es el exsecretario general técnico de Empleo e Innovación Juan Francisco Sánchez García.


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