Ley del Aborto

Portugal asume que miles de españolas se lanzarán al aborto clandestino

Concentración en Madrid, este viernes, contra la ley del aborto.

"Antes, las portuguesas que tenían 500 euros iban a España a abortar, y las que no podían lo hacían clandestinamente en Portugal". Es la realidad que cuenta Miguel Oliveira da Silva, ginecólogo y presidente del Consejo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida (CNECV) luso, que asegura que, con las restricciones que impondrá la nueva Ley del Aborto que ha aprobado recientemente el Consejo de Ministros, es "perfectamente" posible que sean las españolas las que vayan a interrumpir su embarazo al país vecino.

Hasta el año 2007, cuando se aprobó en referéndum la reforma de la legislación sobre el aborto que lo convertía en un derecho hasta la décima semana de gestación, en Portugal tan solo estaba despenalizada la interrupción del embarazo en cuatro supuestos: peligro para la vida de la mujer, riesgo grave y duradero para su salud física o psíquica, malformación fetal o violación. Esta situación provocaba que las portuguesas que podían permitírselo –según publicó la revista Interviú, unas 6.000 en 2006– abortasen en España, mientras que muchas otras –la gran mayoría– lo hiciesen en su país al margen de la ley, en unas condiciones médicas y de salubridad muy precarias.

Sobre el papel, la legislación portuguesa previa a 2007 era similar a la española de 1985, pero en la práctica se aplicaba de forma tan estricta –el Colegio Portugués de Médicos publicó incluso un informe afirmando que alegar causas psicológicas para abortar era una excusa y que este supuesto sólo era justificable en caso de enfermedad mental grave– que abortar legalmente en Portugal era una tarea complicada, y hacerlo contra la ley estaba penado con hasta tres años de prisión. 

"Será inevitable lanzar a las mujeres al aborto clandestino"

La nueva norma promovida en España por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, camina en la misma dirección, ya que dificulta el acceso a la interrupción del embarazo al despenalizar el aborto en tan solo dos supuestos: violación o riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, dificultándose además el procedimiento para acceder a este último. "El gran peligro de esta reforma es que será inevitable lanzar a las mujeres al aborto clandestino", alerta Oliveira da Silva, que asegura que "cuando una mujer quiere abortar, lo hará, y si el aborto no es legal será clandestino".

En este sentido, el galeno también hace hincapié en la "carga psicológica" que supone para la mujer embarazada abortar ilegalmente y ser "criminalizada", y señala que el único aspecto que le parece positivo de la reforma de Gallardón es precisamente que la mujer no podrá ser castigada penalmente por interrumpir su embarazo, aunque lo haga fuera de la ley.

Oliveira da Silva es menos condescendiente con otro de los aspectos más controvertidos de la nueva ley: la eliminación del supuesto de malformación fetal, una supresión que tacha de "barbaridad". El presidente del CNECV asegura que evaluar caso por caso las consecuencias psicológicas que puede suponer para la mujer el alumbramiento de un niño con malformaciones –el único método que contempla la norma aprobada por el Consejo de Ministros para interrumpir el embarazo por este motivo– es un procedimiento "muy subjetivo", y señala que las consecuencias para la madre psicológicas para la madre son difíciles de predecir.

La reforma de Gallardón abre "perspectivas de negocio" en Portugal

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Por ello, preguntado por si la aprobación de la nueva ley puede provocar que se invierta la tendencia y sean las mujeres españolas las que vayan a interrumpir su embarazo a Portugal, el ginecólogo asegura que es una posibilidad "perfectamente" factible. La misma opinión expresaba el pasado día 22 el diario portugués Correio da Manhã, que aseguraba que "las limitaciones del aborto en España abren perspectivas de negocio" en este sector en el país vecino.

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, matiza esta idea: si bien está de acuerdo en que la norma que impulsa Gallardón puede provocar que las mujeres que dispongan de medios aborten en el extranjero, señala que hay otros países europeos con leyes menos restrictivas que la portuguesa –que sólo permite el aborto a petición de la mujer hasta la décima semana de gestación– y, por tanto, más proclives a ser el destino elegido por las embarazadas que decidan abortar.

En un comunicado hecho público el pasado día 26, ACAI citaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para afirmar que “el aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna", así como que "casi todas las muertes por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley". "Cada año, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro“, cifraba la asociación.

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