Una disyuntiva diabólica

Nueve meses y cuatro días después de la primera y fallida imputación de la infanta Cristina, el juez José Castro ha decidio la mañana de este martes imputar por segunda vez a la hija del rey, aunque ahora por delitos más graves: contra la Hacienda Pública y/o por blanqueo de capitales, según han informado las fuentes consultadas por infoLibre. Según fuentes conocedoras del caso, con mayores posibilidades de que la Audiencia de Palma revalide su decisión y en un plazo no superior a dos meses tumbe los recursos planteados.

El juez Castro se enfrentaba a una disyuntiva diabólica en un caso cuya dimensión jurídica aparece ya sepultada por el peso institucional de sus protagonistas. Si la imputaba, los letrados de la infanta, los de su marido, los de la Abogacía del Estado y, tal vez aunque no está claro, la propia Fiscalía pintarán de nuevo una enconada batalla legal, política y mediática con la Casa Real al fondo para impedir que Cristina de Borbón se someta a interrogatorio. Y si la exoneraba, bien porque al final le hayan convencido los argumentos de Hacienda o bien porque, aun con sus sospechas intactas, no encuentre cómo cimentar con indicios una imputación, difícilmente Castro podría convencer de que actuó sin presiones a quienes lo perciben como un David enfrentado al Goliat de la Corona y lo que representa.

Tras la brecha abierta con la Fiscalía, que no observa indicios de delito en la actuación de la hija del rey y con las altas instancias embarcadas desde primavera en la operación 'salvar a la infanta Cristina', Castro ha dirigido sus pesquisas de los últimos meses hacia un solo objetivo: averiguar si Cristina de Borbón participó o colaboró por acción u omisión en los manejos que, gracias primero al dinero público captado por la supuesta ONG Instituto Nóos y luego al obtenido mediante contratos privados, dispararon el patrimonio de la sociedad que comparte al 50% con su marido, Aizoon SL, e hicieron caer drásticamente sus impuestos.

¿Ajena a las actividades de Aizoon? 

La tesis de la Agencia Tributaria, secundada por el fiscal Pedro Horrach, estriba en que Aizoon era solo una pantalla utilizada exclusivamente por Iñaki Urdangarin, que es a quien, por tanto, hay que endosar los delitos fiscales atribuidos en 2007 y 2008. La tesis de la acusación popular que ejerce la asociación Manos Limpias señala, por el contrario, que Aizoon funcionó como sociedad y que, en consecuencia, sus dos copropietarios incurrieron en responsabilidad al hurtar impuestos al fisco.

Todo indica que el juez suscribe esa segunda línea argumental. Y que no cree verosímil ni posible que Cristina de Borbón permaneciera durante años ajena a las actividades de su marido ni a las de la sociedad Aizoon, a cuyas cuentas anuales daba su aprobación como titular del 50% de los títulos. En el polo opuesto, Anticorrupción defiende que nada, salvo conjeturas o rumores no contrastados, avala la participación de Cristina de Borbón en ningún delito: ni tráfico de influencias –descartado por la Audiencia de Palma en mayo– ni en el presunto fraude a Hacienda imputado a su marido ni en el blanqueo de fondos de origen ilícito. Horrach entiende que el hecho de que la hija del rey usara dinero de Aizoon para gastos personales o de la familia –por ejemplo, la decoración del palacete de Pedralbes– carece de relevancia penal. Y que imputarla entrañaría un ejercicio de discriminación.

Pero el gran problema reside justamente en lo contrario. En que la formidable movilización de las altas instancias a favor de la infanta, con la Casa Real a la cabeza, ha terminado por instalar en la opinión pública una convicción difícilmente refutable con argumentos jurídicos: la de que a la hija del rey, ciudadana de a pie efectos legales, le asiste un poderosísimo blindaje a prueba de autos judiciales. La discriminación, y esa es la idea que recorre España de manera transversal y casi sin distinción de clase o ideología, se hará efectiva si la infanta no baja en calidad de imputada la ya conocida como rampa de la vergüenza de los juzgados de Palma.

Cuando el fiscal Horrach se adelantó en noviembre a los acontecimientos enviando al juez un escrito donde ya se oponía a que la infanta sea imputada de nuevo, una fuente del caso hizo la siguiente reflexión: “Si se trata de modificar la figura del imputado, que se haga, pero lo que no se puede hacer es modificarla en beneficio de la infanta”. En el polo opuesto, el círculo cercano a Horrach repite que se opondría a una imputación “sin indicios” fuese quien fuese el afectado. Y que, aunque la infanta no sea imputada, se le exigirá que devuelva la mitad del dinero que Aizoon SL gastó indebidamente, una cifra que según las primeras estimaciones de la Fiscalía podría rozar el medio millón de euros.

Un "martirio" para la Corona 

Sabedora de que le perjudica el fuego amigo de espontáneos como el jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, quien el sábado instó por segunda vez al juez a cerrar el sumario y poner así fin el “martirio” que una instrucción de “tres años largos” implica para la Corona, la Fiscalía dio con el escrito de noviembre un paso inédito: rebajar la importancia que para los manejos de la trama Nóos tuvo la actuación de Ana Tejeiro, la mujer del antiguo socio de Urdangarin, Diego Torres. Pero Ana Tejeiro permanece imputada desde que la investigación se hizo pública, hace más de dos años. ¿Persigue Horrach disipar los nubarrones del agravio comparativo? El fiscal no lo ha dicho, pero todos los observadores del caso coinciden en su respuesta: que por supuesto que sí, que ese es su objetivo central al subrayar que “doña Cristina de Borbón y doña Ana María Tejeiro no participaban en la toma de decisiones estratégicas ni en la elaboración de proyectos, ni en su presentación y venta a potenciales clientes, ni tampoco en la determinación de los importes a facturar o de la identidad de quién facturaba y qué en cada momento”.

Con o sin cambio de rumbo, para Diego Torres, y así lo hace patente su abogado, Manuel González Peeters, en cada escrito que remite al juez, la imputación de Ana Tejeiro constituye la prueba máxima de la existencia de un doble rasero. Pero hay aquí un problema: el sumario está cuajado de datos que indican una participación activa y sostenida de Tejeiro en el entramado Nóos. En cambio, los datos que constatan cómo la infanta hacía gestiones a favor de los negocios de su marido aparecen desperdigados como huellas sugerentes pero aún hoy inconexos.

Que, por ejemplo, la infanta asistiera en 1990 a la boda de José María Treviño, el empresario que 18 años después permitió supuestamente a Urdangarin utilizar su cuenta suiza para el cobro de 250.000 euros pagados por la empresa de aguas Agval, o que visitara a la familia real jordana en vísperas de que la misma Agval encargase a Urdangarin tender puentes para un faraónico trasvase de aguas entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, todo eso contribuye a abonar sospechas. O que, en enero de 2007, cuando supuestamente ya había cortado amarras con Instituto Nóos, presidiera un acto –llamado Un mundo mejor para Joana– pagado a la pretendida ONG por Telefónica. O que, también ese año, transmitiese a su marido un mensaje de su padre relativo a un hipotético patrocinador de un fallido evento náutico en cuyo montaje se había involucrado la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (DCIS), la última ONG de la serie y justamente la utilizada para sacar de España medio millón de euros.

Todo lo anterior plantea una pregunta: ¿es posible que Urdangarin campase a sus anchas desde que en el otoño de 2003 reactivó el Instituto Nóos sin que su esposa o la propia Casa Real se interrogasen sobre el verdadero carácter de aquella ONG? ¿Es posible que ocurriera de ese modo pese a que el secretario de las dos infantas, Carlos García Revenga, ocupaba un asiento en la junta directiva del Instituto y el asesor legal de los duques de Palma, Miguel Tejeiro, otro?

Pero, y salvo que Torres guarde en su mano bazas definitivas todavía inéditas, ni las coincidentes apariciones de la infanta en actos profesionales de su marido ni las preguntas sobre las verdaderas órdenes dictadas a Urdangarin por la Casa Real –el asesor legal externo del monarca, el conde de Fontao, ofreció una explicación confusa que la Fiscalía ha terminado dando por buena– aportan elementos concluyentes. ¿Pero es necesario que haya elementos concluyentes de culpa no para sentar a alguien en el banquillo de los acusados sino para decretar su imputación o basta la sospecha? Exactamente esa es la cuestión central que toca dirimir a Castro.

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Un juez que no se siente presionado

Quienes le conocen sostienen dos cosas: la primera, que ya hace días que cerró su posición y redactó el grueso del auto, que se presume largo y documentado; la segunda, que Castro no se siente preso de nadie. Es decir, ni de la opinión pública ni de quienes, como el jefe de la Casa Real, hablan públicamente de “martirio” a la Corona, lamentan que el caso lleve “tres años largos” abiertos –en realidad, no fue hasta noviembre de 2011 cuando se supo que Urdangarin y Torres habían trasvasado a sus cuentas seis millones públicos captados por Instituto Nóos– y le exigen celeridad para cerrar el sumario.

¿Se siente presionado Castro por la nueva entrada en escena del portavoz de la Corona? Su círculo sostiene que en absoluto. ¿Puede la irrupción de espontáneos derivar en un efecto bumerán que disipe cualquier resquicio de duda en el juez y le convenza de que debe imputar a la infanta? Nadie lo sabe, aunque tanto en el entorno del fiscal Horrach como en distintos bufetes que representan a imputados de menor relevancia domina una convicción: que, como ocurrió en abril, Castro aún cree que finiquitar la instrucción sin interrogar a Cristina de Borbón equivaldría a un “cierre en falso”. Y que ese cierre iría “en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”. La respuesta, no obstante, llegará el martes.